19 de Octubre de 2017

“A destiempo” proyecto de Rivera Schatz para fiscalizar aseguradoras

Por el 7 de Febrero de 2017

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, opinó hoy que el proyecto del Senado que busca garantizar mayor protección a los pacientes de Puerto Rico está a destiempo debido a la realidad fiscal del gobierno a la incertidumbre sobre quién será su homólogo a nivel federal bajo la administración de Donald Trump.

No obstante, el funcionario aseguró que apoya totalmente el P. del S. 27 –radicado por el presidente Thomas Rivera Schatz– dirigido a enmendar la Ley Habilitadora del Procurador del Paciente y la Ley 5 de 2014.

(Juan J. Rodríguez/CB)

El secretario de Salud advirtió que las enmiendas propuestas tendrían un efecto nocivo para la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) ya que perdería el poder de fiscalización. (Juan J. Rodríguez/CB)

Rodríguez Mercado fue sumamente cándido durante su ponencia ante la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Ángel “Chayanne” Martínez Santiago, que realiza vistas públicas para analizar el proyecto que fiscalizaría más rigurosamente la industria de los planes médicos en Puerto Rico.

El secretario de Salud advirtió que las enmiendas propuestas tendrían un efecto nocivo para la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) ya que perdería el poder de fiscalización. Además, a su juicio, la medida impactaría negativamente la Administración de Seguros de Salud (ASES), al privar a este organismo de exigirles a las aseguradoras la implementación de procesos de revisión de utilización, poniendo en riesgo el acceso a fondos federales.

“El proyecto impediría a ASES pasar juicio sobre la necesidad médica, calidad del servicio, el lugar de los servicios o la duración de la estadía del paciente en el hospital. En fin, impediría que ASES fiscalice la forma en que se administran esos fondos”, indicó el funcionario durante su ponencia.

El secretario aseguró además que el impacto fiscal que tendría el prohibirle a ASES la implementación de procesos de revisión de utilización sería de entre unos $13 y $26 millones anuales, situación que, según explicó, sería devastadora para los pacientes del sistema de salud del gobierno, ya que agravaría considerablemente la situación precaria que enfrentaría ASES, que a su vez afectaría al erario.

Durante la ronda de preguntas, el senador Carlos Rodríguez Mateo cuestionó que a través de las ponencias de Salud y ASES solamente se hablara del aspecto económico de la medida.

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“Me llama mucho la atención que sea materia de preocupación que las aseguradora no puedan participar del plan de salud del gobierno. Este gobierno hizo un compromiso con asegurar salud de calidad a los más vulnerables. Me llama mucho la atención que se haya sopesado más la parte económica que las protecciones que debemos tener para los desventajados en materia de salud”, indicó durante su turno de preguntas.

Sin embargo, Rodríguez Mercado insistió en que la principal preocupación es con el cumplimiento de los parámetros federales para recibir los fondos federales que se utilizan en el plan de salud del gobierno. Según dijo, los fondos de la Reforma de Salud se extinguen rápidamente y advirtió que, de no esperar un par de meses antes de continuar con la legislación, los fondos de Obamacare –que se extinguirían en enero de 2018- podrían desaparecer mucho antes que lo estipulado.

“Si no lo hacemos de una manera ordenada y bien analizada, los fondos se van a acabar más rápido. Una crisis que podría empezar en enero de 2018, la podríamos adelantar si no aseguramos esos fondos federales. El proyecto es bien bonito, pero en la situación que ahora mismo estamos, donde hay una incertidumbre, nos parece que está a destiempo”, aseguró.

“Estos proyectos suenan bien, pero podríamos recibir un rechazo del gobierno federal en un momento que estamos negociando para que nos ayuden. En esa transición podría traernos un poco de problemas. Deberíamos ponerle una moratoria al proyecto hasta que sepamos cuál es el nuevo programa de salud federal. No quiero cerrar la puerta pero en estos momentos sería un poco peligroso no solo para el gobierno, sino para el paciente”, añadió.

Por su parte, la directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila Marrero, aunque no endosó el proyecto, reconoció que en esencia la medida persigue un fin legítimo pero concurrió con que tendría un efecto devastador para las finanzas del gobierno y pondría a ASES en una situación insostenible.

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“Nosotros cuando responsablemente evaluamos el proyecto en tan poco tiempo, tenemos que asumir posición de administrador, jamás permitiendo que se afecte el paciente… Cuando tomamos decisiones precipitadas, cuando no medimos el impacto, podríamos hasta en vez de abonar en algo efectivo, podría ser algo más difícil en cuanto a lograr eficiencia. Respetando la presencia de la Oficina del Procurador del Paciente, tuvimos que rechazar el proyecto”, indicó Ávila Marrero.

A los cuestionamientos de los senadores sobre el anuncio hecho por ASES en torno a la intención de extenderles contratos a las aseguradoras hasta el 2019, la directora ejecutiva aseguró que se trató de un “error de redacción” por parte de los medios.

“De lo que hablamos fue de las operaciones y trabajos que se realizan, de acuerdo al contrato vigente con las aseguradoras. Ahora hacemos un análisis de razonabilidad de primas y nosotros hacemos esa revisión y tuvimos enmiendas a corto plazo que sean de contención de costos, y si las aseguradoras acuerdan continuar negocios con estas nuevas regulaciones, pues podremos seguir”, explicó.

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