19 de Octubre de 2017

[DEL IMPRESO] A la espera de los planes fiscales de cinco entidades públicas

Por el 20 de abril de 2017

Casi dos meses han transcurrido desde que el gobierno de Puerto Rico entregó a la junta de control fiscal los planes de cinco entidades públicas, pero la criatura del Congreso aún no actúa al respecto.

“Hasta cierto punto nos limita”, indicó a CB en Español el gobernador Ricardo Rosselló, quien aseguró que ya inició acciones para ejecutar los planes que su administración trazó para estas entidades. Añadió que parte “de la premisa que los planes son correctos”.

Tal sería el caso del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), donde continúa la venta de propiedades, mientras que ya inició lo que el mandatario llamó “renuncias incentivadas” dentro de la plantilla de la institución bancaria.

El gobernador Ricardo Rosselló aseguró que ya inició acciones para ejecutar los planes que su administración trazó para estas entidades. (Juan J. Rodríguez/CB)

El gobernador Ricardo Rosselló aseguró que ya inició acciones para ejecutar los planes que su administración trazó para estas entidades. (Juan J. Rodríguez/CB)

“No podemos seguir esperando. Si no se nos acaba el tiempo y no vamos a poder ejecutar”, manifestó sobre los planes que presentó a la junta el 21 de febrero para el BGF, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Carreteras y la Corporación para el Seguro y Supervisión de las Cooperativas (Cossec).

Aunque ya están en marcha algunas de las acciones contempladas bajo estos planes, aún se desconocen los detalles de estos. La administración Rosselló indicó a CB en Español que no divulgará información al respecto hasta que la junta certifique los documentos.

Mientras, a solo días para que culmine la suspensión de demandas o “stay” bajo la ley federal Promesa, el gobierno y acreedores de estas entidades –con excepción de la AEE– no podrán sentarse en la mesa de negociación hasta que la junta certifique estos planes.

“Al igual que ocurría con el plan fiscal (del gobierno central) –que no podíamos sentarnos con los acreedores sin un plan fiscal certificado– lo mismo pasa hasta cierto punto con (estas entidades)”, admitió el gobernador.

El 13 de marzo, el banquero y miembro del ente rector, Carlos García, explicó que “el foco de la junta ha estado en el plan fiscal del gobierno central” y que apenas comenzaba la evaluación de los documentos sometidos para las cinco entidades públicas.

Mientras, grupos de acreedores del BGF y Carreteras ya demandaron al gobierno de Puerto Rico en el tribunal federal. Estas acciones legales reanudarán una vez termine la vigencia del “stay” de Promesa el próximo 1 de mayo, lo cual pondría en riesgo las operaciones de ambas entidades.

Un misterio el contenido de los planes

A preguntas de CB en Español sobre el tema, Rosselló se limitó a decir que las circunstancias que rodean a cada una de las entidades “son diferentes”, sin entrar en mayores detalles sobre el panorama que enfrentan a corto plazo.

Distinguió el caso de la AEE, la cual cambiará su plan fiscal a tono con el nuevo acuerdo en apoyo de reestructuración, o “RSA” en inglés, una vez este se materialice. A pesar de que la junta aún no certifica un plan para la corporación, la AEE lleva más de dos años en la mesa de negociación con sus acreedores y el ente rector requirió cambios al RSA que se firmó a principios de año pasado.

El hermetismo sobre el contenido de los planes individuales ha permeado desde la entrega de lo que la administración llamó en aquel entonces “borradores”. Según fuentes cercanas a los trabajos que se realizan en estas entidades, los retos que enfrentan son diversos, aunque guardan en común la implementación de medidas que políticamente no serían atractivas.

Por ejemplo, se discute una posible alza en la factura de la AAA. Mientras, Carreteras busca allegar recursos para cubrir sus gastos operacionales, lo cual incluiría la concesión de autopistas y aumentos en los peajes.

El reto es aún mayor a partir del 1 de mayo, cuando la corporación pública deje de recibir fondos que retiene el gobierno desde el 2015 bajo órdenes de moratoria y que Carreteras utilizó para satisfacer sus necesidades operacionales.

También se desconoce qué hará el gobierno con la deuda que mantiene con el BGF, la cual supera los $5,000 millones, al igual que con los depósitos de agencias y municipios que se mantienen congelados en el banco. En el caso de Cossec, fuentes indican que su plan incluiría la consolidación de varias cooperativas que enfrentan problemas financieros.

Por su parte, la Universidad de Puerto Rico deberá entregar en o antes del 30 de abril su plan fiscal. Este deberá incluir los pasos que tomará para realizar ajustes de hasta $450 millones anuales en su presupuesto, según requiere el plan fiscal que certificó la junta para el gobierno central y cuyo bosquejo se publicó oficialmente esta semana.

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