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Abogado cree que Besosa puede levantar la suspensión en dos de cuatro demandas

Por el 7 de octubre de 2016

El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Francisco Besosa, podría levantar la suspensión en dos de las cuatro demandas de los tenedores de bonos que, entre otras cosas, están impugnando la constitucionalidad de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, dijo el jueves el abogado John Mudd.

Durante una conferencia como parte de su serie Muddlaw, Mudd, quien es abogado de quiebras, dijo que los peticionarios en una demanda presentada por Brigade Leveraged Capital Structures y en otra presentada por los tenedores locales de bonos del Banco Gubernamental de Fomento bajo Dionisio Trigo, pueden ver levantada la suspensión en su demandas ya que han probado “causa” bajo la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa por sus siglas en inglés).

Se espera que Besosa decida este mes si a las demandas radicadas por U.S. Bank Trust, Brigade Leveraged Capital Structures Fund Ltd., National Public Finance Guarantee Corp. y el grupo de tenedores de bonos de Dionisio Trigo, que se consolidaron, debe concedérseles exención de la suspensión impuesta por Promesa, que expirará en seis meses.

National Public Finance Guarantee Corp., una empresa que asegura alrededor de $3,800 millones de la deuda de Puerto Rico, demandó al gobierno a principios de este año e intenta limitar la ley de moratoria de la deuda de la isla. National afirma que la ley viola la constitución de los Estados Unidos ya que toma la propiedad de la aseguradora sin una compensación justa.

Brigade y algunos afiliados que poseen deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) demandaron al banco para que deje de dirigir fondos a las agencias locales mientras el BGF reestructura su deuda. La firma posteriormente modificó la demanda, tratando de invalidar partes de la ley de moratoria de la deuda de la isla.

El grupo Dionisio Trigo de individuos y propietarios de negocios que poseen $100 millones en bonos del BGF y Puerto Rico Public Finance Corp. están retando la constitucionalidad de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, mientras que U.S. Bank Trust demandó a la Universidad de Puerto Rico para evitar que desvíe los fondos que recibe de la matrícula pagada por los estudiantes para otros usos en vez de pagar su deuda.

La sección 405 de Promesa ordena la suspensión automática de las demandas de responsabilidad pero le concede a las partes relevo de la suspensión y la posibilidad de revisar sus demandas “por causa justificada” o “para evitar daños irreparables”. “En Promesa, la suspensión es la excepción y no la regla”, dijo.

Mudd indicó que los peticionarios en la demanda de Brigade podrían ver sus demandas levantadas porque estaban en negociaciones con el gobierno para reestructurar la deuda cuando las conversaciones se detuvieron. Dijo que ya había un acuerdo para una reducción del 30% en la deuda. Los demandantes del grupo de Trigo, que están buscando un interdicto para detener la transferencia de fondos del BGF que podrían utilizarse para pagar su deuda, también demostraron causa. Durante el testimonio, ellos dijeron que temían que no quedara dinero alguno al momento en que pudieran radicar una demanda.

Mudd dijo que no vio a National ni a U.S. Bank Trust mostrar prueba de causa o evidencia de que sufrirían un daño irreparable.

En cuanto a si la Ley de Moratoria puede ser declarada inconstitucional, Mudd dijo que solo porque el gobierno cambió la prioridad de los pagos establecida por la Constitución no significa que no se le pagará a los acreedores. Sin embargo, reconoció que la ley podría ser inconstitucional por varias razones, entre ellas porque no cumple con las obligaciones contractuales.

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