24 de Julio de 2017

Amnistía Internacional denuncia enmiendas al Código Penal de Puerto Rico

Por el 16 de mayoo de 2017

El movimiento Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR) denunció las enmiendas al Código Penal de la isla durante la exposición de su nueva campaña global en solidaridad con los defensores de los derechos humanos en un encuentro realizado hoy en la Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan.

Horas antes de que la Cámara de Representantes evaluara el Proyecto de la Cámara 743 con las revisiones del Senado -que incluye enmiendas al Código Penal para criminalizar ciertos tipos de expresiones de protesta pacífica- AIPR presentó la campaña “Valiente”, que reconoce la labor de los defensores de los derechos humanos y repudia los gobiernos del mundo que coartan la libertad de expresión y los derechos constitucionales.

En un nuevo documento, “Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza: La reducción del espacio para la sociedad civil”, AIPR recopiló data de docenas de países para ilustrar la represión social y gubernamental en contra de los opositores de sus respectivos gobiernos.

“Estamos en un momento crítico porque los derechos humanos de todo el mundo están bajo presión”, dijo Ruben Kondrup, coordinador de activismo de AIPR.

Kondrup, un dinamarqués, enfatizó que aunque hay ciertos países con un historial represivo hacia la libertad de expresión, esto es “un fenómeno en aumento” que se extiende a países occidentales, incluyendo Puerto Rico, y afirmó que las enmiendas al Código Penal son “bastante preocupantes”.

Por su parte, la licenciada Mariana Nogales, integrante del Comité de Acción Legal (CAL), acusó a la administración del gobernador Ricardo Rosselló de menoscabar el derecho de manifestación pública y llevar a cabo una agenda administrativa para “atacar y acosar a defensores y defensoras a fin de deslegitimarlos, a ellos y sus causas, de disuadir, limitar e incluso impedir su trabajo de derechos humanos”.

Específicamente, Nogales repudió el P. de la C. 743, el cual, entre otras cosas, busca catalogar como delito menos grave el interrumpir labores en una institución educativa usando capucha, interrumpir una reunión pública, colocar carteles disidentes o pintar sobre propiedades públicas o privadas sin autorización, obstruir actividades turísticas, entre otros.

Entretanto, Liza Gallardo Marín, directora ejecutiva de AIPR, tildó la pieza legislativa como “una ley retrógrada” y le hizo un llamado al gobernador a no firmarla tras ser aprobada hoy en la Casa de Leyes.

“Campaña de desprestigio” contra estudiantes

Mientras, el activista y presidente de la Junta Directiva de AIPR, el licenciado Osvaldo Burgos afirmó que si el Ejecutivo aprueba las enmiendas incluidas en el proyecto, se hará un llamado a los tribunales de la isla, “que tienen el deber de defender nuestra Constitución”, ya que “la Legislatura solo quiere defender los intereses de los poderosos”, tales como los bonistas y acreedores.

Sin embargo, el licenciado advirtió que los activistas no deben “recostarse” bajo el argumento que la aplicación de esta y otras legislaciones es “inconstitucional”, porque el proceso de demostrar la inocencia de un manifestante arrestado mientras ejercía su derecho podría extenuar tanto sus recursos como el de su abogado mientras permanece encarcelado.

Burgos recalcó que aunque se demuestre la inocencia de un manifestante, ya su imagen e información personal habrían sido difundidas en los medios, en lo que catalogó como una “campaña de desprestigio”, particularmente hacia los estudiantes, quienes lideran las diversas protestas contra la administración actual.

Según el presidente de la Junta Directiva de AIPR, ese supuesto intento de desprestigiar a los estudiantes de la UPR se manifiesta también entre las masas con epítetos comúnmente usados hacia estos, tales como “pelús”, “vagos”, “títeres”, entre otros.

En esa línea, Burgos buscó combatir el estereotipo de la imagen del manifestante y recalcó que hay una “amplia gama” de defensores, utilizando a modo de ejemplo maestras que se oponen al cierre de escuelas y “mamás luchando por el derecho sus hijos del programa de educación especial”, entre otros.

“Estamos hablando de personas que están en el plano individual defendiendo derechos muy particulares, derechos locales y comunitarios, hasta personas que hacen trabajo nacional o trabajo en defensa de grupos particulares de derechos humanos, o trabajo a nivel internacional”, dijo el licenciado.

Alegan Seguridad Pública trae “entes represores”

El informe de AIPR también explicó el uso indebido del sistema de justicia, en el cual recaen cargos infundados, detención arbitraria, leyes excesivas implementadas bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional y combatir el terrorismo, proliferación de nuevas leyes represivas y legislaciones anti-protesta.

CB en Español les preguntó a los panelistas si la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la designación de Héctor Pesquera como el secretario de esa nueva agencia – anunciada dos días antes del Paro Nacional el pasado 1 de mayo- representa un uso indebido del sistema de justicia.

Burgos alegó que “[la creación del DSP] es un mecanismo para evadir el cumplimiento de la reforma de la Policía”, porque un agente del nuevo departamento podría evitar ser acusado de incumplir con órdenes de algún tribunal bajo el argumento de que no labora bajo la Policía, por lo que no sería “parte de los demandados” en casos de abuso policiaco.

El licenciado además enfatizó que Pesquera trae consigo una “trayectoria de violaciones de derechos civiles” mientras fungió como superintendente de la Policía del 2012 al 2013.

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Aseguró que este “andamiaje” traerá “entes represores” porque el DSP recopila los negociados de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses, Emergencias Médicas, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Investigaciones Especiales (NIE) y los Sistemas de Emergencia 9-1-1, de modo que estos recursos se pudieran emplear para silenciar a los manifestantes. Por ejemplo, dijo Burgos, el Cuerpo de Bomberos podría ser invocado en alguna protesta para desplegar mangueras de agua contra los manifestantes, si el departamento considera que estos atentan contra la seguridad nacional.

Ante estas “amenazas” a la libertad de expresión, Gallardo Marín justificó la desobediencia civil y afirmó que visualiza a Puerto Rico “como un país que se empieza a levantar y a decir ‘basta ya’, lleno de personas valientes que van a luchar y van a salir a las calles”.

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