26 de Abril de 2017

Amplios poderes para la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal

Por el 11 de enero de 2017

De aprobársele una nueva ley orgánica, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) quedaría blindada con “todos los derechos y poderes que sean necesarios” para asegurar que las entidades del gobierno de Puerto Rico cumplan con la ley federal Promesa.

Según la legislación -proyecto del Senado 211 o de la Cámara 452- presentada esta semana por la administración de Ricardo Rosselló, la AAFAF será la encargada de “la colaboración, comunicación y cooperación” entre el gobierno insular y la junta de control fiscal, fiscalizando el cumplimiento con los planes fiscales y presupuestos certificados bajo Promesa. También sería la única entidad autorizada para negociar con todos los grupos de acreedores del gobierno.

En fin, la AAFAF podrá “realizar todos los actos o medidas necesarias o convenientes” para asegurar que todo ente del gobierno de Puerto Rico cumpla con cualquier plan que sea aprobado por la junta fiscal de Promesa.

Esto incluiría el que la autoridad actúe a nombre de cualquier entidad que —a discreción de la AAFAF— incumpla o esté camino a incumplir con la ley federal. También podrá eliminar reglamentos y órdenes administrativas, siempre y cuando el gobernador declare emergencia a tales efectos.

Junto al Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la AAFAF coordinará el manejo del flujo de efectivo en el gobierno. La autoridad también podrá en cualquier momento ordenar la apertura, cierre o consolidación de cuentas bancarias, facultad propia del secretario de Hacienda.

Desde la firma de la Ley de Moratoria el año pasado por el exgobernador Alejandro García Padilla, la corporación pública ejerce como asesor financiero y agente fiscal e informativo del gobierno de Puerto Rico. Dichas funciones habían sido desempeñadas por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) desde su creación en la década del 1940.

Amplios poderes

Todas las entidades del gobierno deberán informar trimestralmente sus recaudos y gastos a la AAFAF, y cómo estos cumplen con lo presupuestado.

De no poder explicar cualquier incongruencia en los números, la autoridad podrá imponer acciones correctivas a la entidad tales como prohibir contrataciones, reducir gastos “no destinados a deuda”, y realizar transacciones bancarias a su nombre para hacer pagos de deuda. La AAFAF también podrá nombrar síndicos para cualquier entidad.

Otros facultades incluirían realizar auditorías, requerir acceso a cuentas bancarias y recomendar la creación, eliminación, fusión de entidades gubernamentales, entre otros. También podrá establecer requisitos para la presentación de estados auditados y presupuestos anuales por parte de todas las entidades del gobierno.

Por otro lado, dentro de las leyes a las que AAFAF no estaría sujeta, llama la atención la Ley de Transición de Gobierno.

Presencia en entidades cubiertas por Promesa

El director ejecutivo, o su designado, pasará a ser miembro de la junta de cualquier ente gubernamental que actualmente esté cubierta por Promesa, según lo define la ley federal. El gobernador designó a Gerardo Portela a la dirección ejecutiva de la autoridad.

La junta de la AAFAF seguirá estando compuesta por un miembro -su director ejecutivo- a menos que el gobernador decida que debe incluir dos o cuatro miembros adicionales. El nombramiento del director por parte del gobernador no estaría sujeto al consentimiento de la Legislatura.

Por otro lado, el proyecto de ley reitera las protecciones, o inmunidad legal, otorgadas a los oficiales de la autoridad bajo la legislación de moratoria.

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