22 de Septiembre de 2017

[ANÁLISIS] Alza en salario mínimo en Gobierno tendrá impacto de $10.9 millones

Por el 11 de Septiembre de 2017

El aumento en el salario mínimo a los empleados públicos que ganaban menos de $8.25 la hora implicará un costo de $10.9 millones anuales de acuerdo a un informe preparado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y provisto a CB en Español.

Según el documento, el ajuste salarial beneficiará a 6,459 empleados públicos de distintas agencias, principalmente del Departamento de Educación (DE), en la que 2,595 trabajadores cobraban menos de $8.25 la hora.

La información surge en momentos en que el Gobierno se dispone a enviar cartas de cesantías a 847 empleados públicos que supuestamente fueron nombrados de forma “ilegal”, lo que representaría casi $15 millones anuales en nómina. (iStock)

En la lista sigue el Departamento de Corrección y Rehabilitación con 923 empleados beneficiados; la Comisión Estatal de Elecciones, con 429; la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), con 427; y la Administración de Familias y Niños (Adfan), con 242.

Este alza es una promesa que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares realizó en su primer mensaje de Estado y Situación, en el que indicó que presentaría “acciones ejecutivas y legislativas para establecer la política pública de aumentar el salario mínimo, tanto en el sector público como en el privado”.

A esos efectos, el primer ejecutivo presentó la Orden Ejecutiva 2017-026 en marzo para aumentar el salario mínimo en el servicio público y en los contratos gubernamentales de construcción a partir del 1 de julio, de $7.25 la hora a $8.25.

Además, la orden establecía que todo contratista del Gobierno en la industria de la construcción tendrá que emitir una certificación para equiparar el salario mínimo de sus empleados al de los servidores públicos del Gobierno.

Para el sector privado, firmó la Orden Ejecutiva 2017-027, que crea un comité multisectorial para analizar cómo aumentar el salario mínimo escalonadamente. El comité emitirá un informe a esos efectos a mediados de noviembre.

La información surge en momentos en que el Gobierno se dispone a enviar cartas de cesantías a 847 empleados públicos que supuestamente fueron nombrados de forma “ilegal”, lo que representaría casi $15 millones anuales en nómina.

También se da mientras el tribunal federal atiende el recurso legal presentado por la junta de control fiscal para que se implemente una reducción en la jornada laboral de dos días al mes para 127,294 empleados públicos de la rama ejecutiva y corporaciones públicas ante la necesidad de reducir el costo de la nómina pública según ha consignado el presidente del ente rector, José Carrión.

Dicho recorte debía comenzar en septiembre hasta junio de 2018 o hasta lograr ahorros de $218 millones. El primer ejecutivo ha insistido que no implementará la reducción de jornada a menos que la junta no le pruebe que el Gobierno no tiene dinero para operar.

No hay que consultar a la junta

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, dijo a CB en Español que el alza en el salario mínimo en el sector público no tiene que consultarse con la junta, pues “es una medida gerencial”.

“Va a ir implementándose paulatinamente y de manera que primero vaya el Gobierno, como lo ha hecho con sus empleados de carrera, y así sucesivamente”, apuntó Villafañe.

Evaluar cómo llevarlo a $10 la hora y cómo implementar el alza en el sector privado está en manos de un comité multisectorial que también creó la OE 2017-026. Este comité debe emitir un informe sobre el particular en abril de 2018.

Recientemente, este medio reseñó que las empresas que ofrecen servicios de construcción al Gobierno no tenían claro cómo se iba a implantar el aumento, pero que al menos les habían concedido que cualquier cambio se haría para contratos prospectivos. Asimismo, admitieron que un aumento en el salario de los trabajadores no sería absorbido por la industria, sino que se incluiría como parte del costo de los contratos.

[ANÁLISIS] A paso lento el alza en el salario mínimo

Empleados por debajo del mínimo

Según informó a este medio el director de OGP, José Marrero Rosado, en marzo pasado el primer ajuste salarial se realizaría a los 1,526 empleados públicos que al momento ganaban por debajo del equivalente del salario mínimo federal de $7.25 la hora.

Marrero Rosado explicó entonces que fue durante la elaboración del plan fiscal que la OGP identifico unos “1,526 casos de empleados devengando salarios mensuales por debajo de $1,178, monto que equivale al ingreso mensual de un empleado gubernamental a tiempo completo [base de 37.5 horas semanales] laborando al salario mínimo federal actual [$7.25 por hora]”.

El secretario de la Gobernación confirmó que algunos de los empleados beneficiados con el alza estaban por debajo del salario mínimo federal, ya que se encontraban en “escalas salariales… En el gobierno central estaban por lo menos en salario mínimo”.

El senador Miguel Romero, quien fuera secretario del Trabajo durante la administración de Luis Fortuño (2009-12), explicó que este desfase podría deberse a que en el Gobierno puertorriqueño la semana laboral tiene 37 horas, y no 40.

“El Gobierno provee para tiempo compensatorio, pero el pago es de 37 horas, aunque en algunas semanas hayas trabajado 40. Eso ha provocado que el Gobierno y algunos municipios hayan tenido que revisar [los salarios] para asegurarse de que pagan el mínimo federal”, detalló Romero.

Según el exsecretario del Trabajo y abogado laboral Ruy Delgado, esta anomalía podría deberse a que no se hicieron los ajustes requeridos a los salarios que se contabilizan por quincena o por mes en la medida que fue aumentando el monto del salario mínimo federal.

El experto laboral destacó que si, en efecto, el Gobierno poseía empleados con un salario menor al mínimo federal, tendría que pagarles el diferencial de forma retroactiva, pues es una deuda que mantiene con ellos.

“No es ilegal. Es que pagaron por debajo de lo que tenían que pagar y deben ese dinero”, dijo el letrado.

Sobre el particular, Romero coincidió en que debería pagarse el diferencial, si existiera, asunto que ya ha ocurrido en el pasado en algunos municipios. Agregó que posiblemente el reclamo se limite a tres años previos al día en que se solicita el ajuste.

“No recuerdo instancias en el gobierno central, pero sí ha ocurrido con municipios donde se ha dado esa situación [de pagar menos del mínimo federal] y tiene que ver con la jornada de trabajo. Si esa semana trabajó 40 horas, aunque se lo pongas como tiempo compensatorio y se lo pagues a tiempo y medio, la realidad es que lo que se llevó, si es a base de la quincena, es menor. Hay una violación [a la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, en inglés)]”, afirmó.

Rosselló espera por certificaciones sobre alza en salario mínimo

El senador consideró que la OE 2017-026 iba dirigida precisamente a “corregir esa situación”.

De otro lado, Delgado indicó que los trabajadores podrían hacer el reclamo al respecto ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien lleva el proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico mediante el Título III de la ley Promesa. El problema es que hay probabilidades que se congele la reclamación, como ha ocurrido con el resto de los casos del Gobierno por el proceso de quiebra.

Aunque reconoció que es positivo para los trabajadores el alza salarial, Delgado consideró contradictorio que el Gobierno implemente una medida como esta si está en disputa un recorte en la jornada laboral.

“Con menos dinero en las arcas del Gobierno, tiene más sentido lo que pide la junta [reducir la jornada]… Me parece que son dos cosas distintas, pero están jugando a la misma vez”, apuntó.

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