17 de Diciembre de 2017

Gobierno no ha logrado comunicación con 18 alcaldes

Por el 23 de Septiembre de 2017

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se reunió hoy con 47 alcaldes y representantes de otros cuatro pueblos para discutir preliminarmente los daños provocados por el paso del huracán María el pasado miércoles, que mantiene al país a oscuras y casi incomunicado por los daños en la infraestructura eléctrica y en las torres de telecomunicaciones.

En el encuentro, les explicaron los procesos para solicitar ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), asunto que se discutirá a profundidad en una segunda reunión mañana, domingo, a las 11:00 de la mañana en el Centro de Convenciones, en Miramar.

El gobernador Ricardo Rosselló (al centro) dijo que el Centro de Convenciones, en Miramar, servirá como centro de comunicaciones para que los alcaldes reporten sus daños y hagan sus peticiones. El domingo tendrán una reunión con FEMA para recibir orientación sobre las reclamaciones de daños municipales e individuales. (Juan J. Rodríguez/CB)

Unos 27 municipios se ausentaron de la reunión y el primer ejecutivo justificó la ausencia por la obstrucción de carreteras por derrumbes y árboles caídos y por la falta de comunicación con algunos alcaldes. Al momento, todavía no se tiene una cifra específica de daños, pero el gobernador dijo que podría ser incluso peor que los que provocó el huracán Georges en 1998, estimados en sobre $8,000 millones.

Específicamente, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, detalló en una segunda rueda de prensa que el Gobierno no ha tenido comunicación con 18 municipios: Aguadilla, Aibonito, Hormigueros, Isabela, Jayuya, Lajas, Luquillo, Mayagüez, Peñuelas, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande, San Germán, San Lorenzo, Trujillo Alto, Vieques, Villalba y Yauco.

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A la reunión también se ausentaron los alcaldes de San Juan, Adjuntas, Cabo Rojo, Corozal, Culebra, Las Marías, Maricao, Santa Isabel y Utuado, aunque sí se ha logrado comunicación con estos municipios.

El mandatario dijo que discutió con los alcaldes la posibilidad de desarrollar un mapa de las vías accesibles en la isla, asunto que aún no está claro por la falta de comunicación. Indicó que la presencia de alcaldes de áreas lejanas ayudará con el mapa, pues informarán qué carreteras tomaron para llegar al Centro de Convenciones, en Miramar, el centro de mando del Gobierno durante la emergencia del huracán María.

La comunicación con los alcaldes ausentes será prioridad para el Gobierno, que ahora dedicará esfuerzos a llegar a esa veintena de municipios para recibir una notificación de daños.

Se indicó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) proveerá 250 teléfonos satelitales para que los municipios logren comunicación con las agencias estatales y federales para atender situaciones de emergencia. Los aparatos llegarían en los próximos dos a tres días.

También habilitarán 12 armerías de la Guardia Nacional alrededor de la isla para que sirvan de “centro de distribución” para los municipios recibir los suministros que requieran.

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Quien viole toque de queda será arrestado

Por los problemas con las vías de rodaje, el primer mandatario reiteró la importancia de que la ciudadanía cumpla con la orden ejecutiva de toque de queda y permanezca en sus hogares entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana hasta que culmine la emergencia del huracán.

Quienes incumplan la orden, “van a ser arrestados. No hay una buena razón para estar afuera [durante las horas del toque de queda] a menos que sea una emergencia”, insistió Rosselló Nevares en una rueda de prensa. Se exponen a seis meses de cárcel y se discutió con los tribunales para que agilicen el trámite de estos arrestos.

Para reforzar la seguridad, el gobernador determinó autorizar unos “agentes de paz” o “peace officers”, para lo cual se habilitarán funcionarios estatales y federales para apoyar con arrestos a quienes violenten el toque de queda.

Estuvieron presentes en la rueda de prensa del gobernador la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, la comisionada residente Jenniffer González y los presidentes legislativos.

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