17 de Agosto de 2017

Autoridad de Carreteras y Transportación será la próxima corporación en quiebra

Por el 17 de mayoo de 2017

El abogado de la junta de control fiscal, Martin Bienenstock, vaticinó hoy durante la primera vista argumentativa de la quiebra de Puerto Rico en el tribunal federal que próximamente se aprestan a radicar el Capítulo III para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) bajo la ley federal Promesa.

Durante toda la mañana, la jueza federal del distrito de Nueva York, Laura Taylor Swain, escuchó planteamientos procesales y administrativos del gobierno de Puerto Rico, de la junta de control fiscal, de bonistas de obligaciones generales (GOs), de acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), y varias aseguradoras, y fue en este proceso que Bienenstock adelantó que próximamente se radicará Capítulo III para la ACT.

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“Eso [Capítulo III para la ACT] estará ocurriendo próximamente. Creo que la ACT, siendo una entidad que ha estado sujeta a ‘clawback’, que se le han ido sacando unos fondos, tiene unos ‘issues’ legales que se tienen que atender así que esa fue la declaración del abogado. Actualmente, lo que se está haciendo es que se está negociando con los acreedores, se han intercambiado propuestas”, precisó por su parte Elías Sánchez, representante del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la junta de control fiscal, durante el receso para almuerzo de la vista que se lleva en la sala 3 del tribunal federal en Hato Rey.

Gerardo Portela, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para Puerto Rico (Aafaf) añadió por su parte que también podrían estar en el Capítulo III la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura (AFI) y el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Sánchez reiteró que los casos de Cofina y GOs se verán juntos y eso es una decisión que “es bien importante para nosotros”. (Limarys Suárez/CB)

Durante la mañana, los representantes legales de distintos acreedores de Cofina solicitaron a la jueza federal que su caso fuera separado del caso de los GOs contra el gobierno de Puerto Rico. Swain determinó que dejará ambos casos en el mismo sistema electrónico pero sus argumentos legales los discutirán en sus méritos de forma separada.

“Al momento, la jueza ha favorecido todo lo que ha presentado tanto la junta como el gobierno de Puerto Rico, rechazó la objeción de algunos de los acreedores de que se separaran los casos, también rechazó varias objeciones en cuanto a cómo se debe administrar el caso. Hay algunos acreedores que han comenzado a presentar algunos conflictos y leyes en cuanto a la operación de Cofina al día de hoy y todo eso son asuntos que van más a la materia legal sustantiva que hoy no es el día para eso. El día de hoy es procesal, sobre cómo se va a llevar el caso y no en materia de derecho”, detalló el representante legal del gobernador en la junta de control fiscal.

Sánchez reiteró que los casos de Cofina y GOs se verán juntos y eso es una decisión que “es bien importante para nosotros”.

“Es muy importante [que se vean juntos] porque realmente son casos que uno influye sobre el otro. La adjudicación del caso de Cofina tiene una inherencia directa sobre el gobierno de Puerto Rico y viceversa. No presenta mucha lógica llevar un caso separado cuando eso podría entrar en sentencias conflictivas. Representa un ahorro en términos de gasto y propicia una solución justa, rápida y económica”, declaró.

Al comienzo de la vista, Swain le dejó claro a todas las partes que “el fracaso no es opción”  y que las luces no pueden ser apagadas en referencia a uno de los servicios básicos de los ciudadanos.

El proceso va a traer dolor y va a decepcionar a muchos, porque Puerto Rico no tiene el dinero para cumplir con sus obligaciones”, expresó la jueza federal a cargo de presidir el caso de quiebra de la isla.
Sus expresiones, según Sánchez, responden a que optó por poner en contexto a todas las partes en el caso sobre lo que conllevará el pleito de quiebra de Puerto Rico.

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“Aquí van a venir una serie de acreedores que van a venir con unos derechos, con unos contratos del 1970, 1960 o de hace tres años y lo que la jueza está diciendo es ‘miren: hay cosas del pasado que no son perfectas y la realidad de hoy sí incide en el pasado’ y viveversa. Así que todo el mundo va a presentar sus derechos y tiene el derecho de hacerlo pero todo se tiene que ver en el contexto de lo que es este caso. Esto es un caso que tiene inherencia e influye en temas como la salud, la educación, como la seguridad de un pueblo. Ella dijo algo bien interesante y es que apagar las luces en Puerto Rico no es una opción así que el que quiera ver un planteamiento que, para satisfacer su acreencia hay que apagar las luces, eso no va suceder”, apuntó el representante del gobernador en la junta.

Sánchez detalló que el pago de la deuda del 1 de junio de $16 millones se va a efectuar, mientras el pago de $120 millones del 1 de julio no fue precisado si se realizará.

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