26 de Abril de 2017

Bonistas de Cofina retan legalidad constitucional de emisiones a GOs

Por el 20 de marzo de 2017

La Coalición de Bonistas Cofina ha presentado una moción en el caso Lex Claims LLC et al. v. García Padilla en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que sostiene que los bonos de obligaciones generales (GOs, por sus siglas en inglés) emitidos después del 2011 son ilegales debido a que en ese año, el gobierno llegó a su límite de deuda constitucional.

El alegato es el más reciente en la demanda de Lex Claims, en la que los tenedores de bonos GOs intentan invalidar la estructura de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), argumentando que tienen prioridad en los pagos de la deuda.

Además de solicitarle a la Corte Suprema de Puerto Rico que provea una validación completa de Cofina, la Coalición de Bonistas indicó que tiene la intención de demostrar que el caso de GOs es fundamentalmente defectuoso y que hay “cuestiones jurídicas fatales” que impiden que los demandantes de Lex incoen pleitos. “Esto incluye mostrar que su deuda puede ser completamente nula y fue emitida inconstitucionalmente en violación del límite de deuda de la Constitución de Puerto Rico”, dijo el grupo en un comunicado.

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“Vamos a demostrar que la Constitución de Puerto Rico le otorga a Cofina sus derechos de propiedad, los cuales deben ser respetados ante los retos sin fundamento de un grupo litigioso de acreedores sin garantías y sin derechos de propiedad”, dijeron los bonistas de Cofina.

Desde su creación por medio de legislación bipartita en 2006, la propiedad de Cofina se ha mantenido separada de los “recursos disponibles” del Estado Libre Asociado (ELA) —el flujo de ingresos que se utiliza para pagar los gastos generales del gobierno y los bonos GO de los demandantes.

Los bonistas de Cofina también dijeron que los bonos del Grupo Ad Hoc pueden ser completamente nulos y fueron emitidos inconstitucionalmente en violación del límite de deuda establecida por la Constitución de Puerto Rico.

“También afirmamos que las demandas de muchos de los demandantes deben ser desestimadas inmediatamente porque sus bonos GO de 2014 fueron emitidos por encima del límite de deuda de la Constitución de Puerto Rico y por lo tanto no son válidos ni tienen derecho a la prioridad constitucional. Bajo la Constitución de Puerto Rico, el gobierno solo puede otorgar plena fe y crédito a los bonos emitidos de conformidad con el límite constitucional de la deuda. Ese límite fue claramente alcanzado en 2011, lo que significa que los bonos emitidos a partir de entonces y que pretenden ser respaldados por la fe y el crédito son nulos y efectivamente carecen de valor”, dijeron los bonistas de Cofina.

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Aunque la Coalición de Bonistas Cofina aseguró que por mucho tiempo ha sido partidario de respetar la suspensión de Promesa en los litigios e intentar trabajar en acuerdos consensuales, el gobierno de Puerto Rico aún no los ha involucrado en “ninguna discusión importante”.

“Pero en la semana desde que el plan fiscal fue aprobado, en una movida muy sorprendente en contra de los mejores intereses de los bonistas locales, el gobierno parece haberse alineado con el grupo de acreedores más contencioso y agresivo, Lex Claimants, cuya deuda podría ni siquiera ser válida. Este es el mismo grupo de acreedores que actualmente está lanzando anuncios de ataque contra Cofina cada semana en Puerto Rico, tal como lo hicieron en Washington, DC cuando difamaron a miembros del Congreso en sus distritos cuando ellos apoyaron a Promesa”, escribió el grupo Cofina.

“Nuestro grupo ha estado dispuesto a ayudar al gobierno en su crisis de liquidez y se ha ofrecido a entrar en negociaciones importantes tan temprano como febrero de 2016, lo que le fue reiterado al gobernador [Ricardo] Rosselló varias veces, incluso en la única reunión oficial celebrada con los acreedores sénior de Cofina el 18 de enero de 2017 en una reunión con AAFAF [la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico]. Como resultado, nos resulta curioso que los recién nombrados funcionarios de AAFAF hayan decidido iniciar negociaciones con este pequeño grupo de fondos de cobertura de Estados Unidos por encima de los ciudadanos de Puerto Rico, especialmente cuando los bonos Cofina están mayormente en manos locales a razón de 7 a 1 en comparación con los bonos GO”, acusó el grupo Cofina.

Esto ha colocado a la AAFAF en la “poco envidiable posición de poner al gobierno en una posición de no cumplir con la obligación legal del Departamento de Justicia de Puerto Rico de siempre defender” la constitucionalidad de los estatutos de Puerto Rico y las obligaciones contractuales de Cofina, el Banco de Gubernamental de Fomento (BGF) y la AAFAF de “defender la constitucionalidad y la legalidad de cada emisión de Cofina”, dijo el grupo.

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