28 de Junio de 2017

Camino a Fortaleza las enmiendas al plebiscito

Por el 18 de abril de 2017

Luego de cerca de tres horas de debate, la Cámara de Representantes aprobó en una votación partidista el Proyecto del Senado 427 que enmienda la Ley de Descolonización Inmediata de Puerto Rico e incluye una tercera opción —el “estatus territorial actual”— en el plebiscito de estatus del 11 de junio.

La medida pasa ahora ante la consideración del gobernador Ricardo Rosselló luego de que se aprobara sin enmiendas. El primer ejecutivo y la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) apuestan a que estos cambios sean aceptados por el Departamento de Justicia (DJ) de Estados Unidos para así tener la primera consulta de estatus con respaldo federal.

“El pueblo de Puerto Rico se juega su futuro cada día que pasa sin resolver el estatus colonial”, declaró el representante del PNP, José Aponte, quien presentó el proyecto, que fue aprobado ayer por el Senado.

Aunque rechazaron la carta del DJ federal en la que se incluyen una serie de señalamientos al plebiscito, los representantes del PNP insistieron en la necesidad de que se ate al gobierno federal con la consulta aceptando sus recomendaciones. Por esto, también quitaron las referencias a la ciudadanía estadounidense del plebiscito, aunque insisten en que la estadidad es la única fórmula que la garantiza de forma permanente y no estatutaria, como ocurre con el Estado Libre Asociado (ELA).

Junte soberanista continuará aún con enmiendas a consulta de estatus

Para el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, es “inconcebible” que se incluya un estatus territorial en la consulta. El legislador también lanzó críticas contra una enmienda del proyecto que pide que no se aplique el cuarto párrafo del artículo 10.009 de la Ley Electoral ni el artículo 10.010 en su totalidad.

Estos artículos establecen que deberá realizarse un recuento de todas las papeletas de un colegio de votación si la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) “no pudiera corregir los errores encontrados en un acta o si hubiere una discrepancia entre la cantidad de votantes y las papeletas escrutadas”.

“Es un escándalo que se haya incluido esta enmienda en el proyecto… Que se prohíba por ley que no se abran los maletines, que no se recuente. Es alarmante”, dijo Márquez.

Por su parte, el representante José “Conny” Varela, del Partido Popular Democrático (PPD), criticó el proyecto por “gastar no menos de $8 a $10 millones en esta consulta cuando no hay dinero para pagar los servicios en el Centro Médico, no hay dinero para las pensiones”. La Asamblea Legislativa aprobó el desembolso de $5.3 millones para este proceso.

Varela indicó que presentó el Proyecto de la Cámara 936 para derogar la Ley 7 de 2017 para que no se celebre la consulta.

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