19 de Noviembre de 2017

Caribbean Business se expresa en contra de la “Ley de Transparencia”

Por el 24 de Junio de 2016

El presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asspro) y el Editor Ejecutivo de Caribbean Business rechazaron tajantemente cualquier intento de aprobación del proyecto de la Cámara 2944, denominado como Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación y a la Información Pública, expresando que, de ser avalado, representaría una seria amenaza al flujo de información a manos del Estado.

El directivo de la Asspro, Juan Hernández, reafirmó su postura en contra de la medida y estimó que “no es un proyecto de transparencia, es uno de control de acceso a la información”.

El editor ejecutivo de Caribbean Business catalogó la pieza legislativa como una que carpetea tanto al periodista como a sus fuentes de información. (iStock)

El editor ejecutivo de Caribbean Business catalogó la pieza legislativa como una que carpetea tanto al periodista como a sus fuentes de información. (iStock)

“Lejos de servir el propósito que anuncia, el proyecto lo que hace es establecer todo un sistema administrativo burocrático para que las personas puedan acceder a la información. Después de esperar un tiempo que solamente determina como prudente el solicitante, las personas pueden acudir directamente al tribunal para reclamar la entrega de cualquier información que estimen necesaria, pero bajo este proyecto de ley, se establece una junta administrativa que habrá entonces de mediar entre el ciudadano y a la agencia de gobierno a la que se le requiere esa información.  Esto es un procedimiento administrativo que en nada abona a hacer más expedito el proceso de acceso a la información”, puntualizó el presidente gremial.

Hernández planteó que los términos que impone la legislación son “irrazonables para cualquier ciudadano y mucho más para un periodista”.  Además, se expresó en contra de la posición que la Rama Legislativa y varios periodistas han asumido en los pasados días, en términos de comparar este proyecto con el “Freedom of Information Act” en Estados Unidos.

“Freedom of Information Act” es una legislación que es posible ser enmendada para hacerla más restrictiva y la experiencia histórica nos dice que eso es lo que ha ocurrido con las leyes de acceso en Estados Unidos.  En el caso de Puerto Rico, nuestro estado de derecho reconoce el acceso a la información como un derecho cónsono al derecho constitucional a la libertad de expresión. Ante esa garantía constitucional no hay ley que pueda comparársele”, enfatizó Hernández.

“Los legisladores que de alguna manera endosen una medida como esta están desconociendo el estado de derecho vigente que ofrece mayores garantías  a la ciudadanía que cualquier ley que pueda aprobarse”, concluyó el líder de la Asspro.

Por su parte, el Editor Ejecutivo de Caribbean Business, Philipe Schoene, también tuvo reparos con el lenguaje contenido en varias disposiciones del proyecto cameral, el cual catalogó como una pieza legislativa que carpetea tanto al periodista como a sus fuentes de información.

Sobre el artículo 11 que crearía un “Sistema Universal de Apertura y Codificación de Expedientes”, el editor del semanario señaló que esa disposición “carpetea a los oficiales públicos”.

“Esa ley no protege el fluyo de información, al contrario, lo criminaliza.  No puedo imaginar un flujo libre de información cuando hay fuentes siendo criminalizadas por ayudar a hacer pública la información que el gobierno pretende mantener en secreto”, expuso Schoene.

“La medida es un lobo vestido de oveja que pretende reglamentar el flujo de información que afectaría la libertad de prensa, en un momento tan crítico y crucial y en una coyuntura histórica que enfrenta esta isla”, expresó Schoene quien ya había consignado su opinión en su Editorial publicado el pasado mes de mayo.

“Este proyecto contiene unas disposiciones que harían daño al buen periodismo, en particular el artículo 9 que establece siete días laborables al gobierno para proveer o denegar solicitudes de información antes de ir a una junta administrativa”, añadió Schoene quien entiende que plantear o requerir que todo pedido sea colocado en un registro público entorpecería la labor periodística en la búsqueda de la verdad.

“Si el gobierno nos hubiese pedido a nosotros registrar públicamente lo que estábamos investigando cuando revelamos el aumento tarifario de la Autoridad de Energía Eléctrica, nunca hubiésemos averiguado la verdad sobre ese particular”, concluyó Schoene a manera de ejemplo sobre el efecto que tendría la aprobación de esta disposición.

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