24 de Noviembre de 2017

Catalogan de suspicaz enmienda en ley que prohíbe depósito de cenizas

Por el 11 de Julio de 2017

A pesar de haberse convertido en la Ley 40 del 4 de julio de 2017, el otrora Proyecto del Senado 81 continúa generando debate entre los detractores del depósito de cenizas de carbón en el vertedero de Peñuelas Valley Landfill por parte de la compañía Applied Energy Systems (AES), al asegurar que la pieza, lejos de hacerle honor a su título de “prohibición”, fue negociada en La Fortaleza para su endoso con la firma del gobernador y en beneficio de esa empresa con base en Guayama.

Uno de los aspectos que más suspicacia provoca entre los críticos de la medida presentada por el senador Larry Seilhamer y que ahora es política pública de la administración de Ricardo Rosselló, es la enmienda realizada al Artículo 3, Inciso B, que originalmente prohibía completamente “cualquier tipo de uso de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón, incluyendo, pero sin estar limitado a su uso como material de relleno o material de construcción”.

La enmienda realizada al proyecto de ley hace la salvedad de que la prohibición no aplica a material de uso comercial beneficioso. (Archivo)

La entonces pieza legislativa fue enmendada para que leyera que “[…] esta prohibición no aplica al almacenamiento controlado en tanques de silos, para la manufactura de cemento, hormigón y/o concreto previo a su uso y cualquier otro uso comercial beneficioso, según establecido por las agencias reguladoras estatales y federales concernientes […]”.

Para el senador popular Cirilo Tirado, la enmienda de ese artículo genera más interrogantes que respuestas en cuanto a las verdaderas intenciones de la ley.

“Precisamente ahí es donde está la trampa de todo este proyecto. Esa enmienda es la que mata el proyecto, el uso beneficioso comercial es un término que ha estado acuñando la gente de AES para disfrazar el depósito de las cenizas en el vertedero”, aseguró el senador.

“El uso comercial beneficioso fue una enmienda negociada en Fortaleza a través de la cual el Senado se entregó a los intereses de AES y también el Senado eliminó la posibilidad de cancelar la compra de energía por quema de carbón, cuando eliminaron del proyecto del compañero Juan Dalmau -que yo suscribí- la posibilidad de no comprar más energía por quema de carbón a partir de 2027”, añadió en referencia al Proyecto del Senado 128, impulsado por el senador pipiolo para establecer política pública sobre la disposición de las cenizas de carbón.

Tirado dijo no estar conforme con la ley, pues podría abrir una puerta para especular sobre el agremax, material obtenido a través de la mezcla de cenizas y que representa el punto de discordia entre aquellos que aseguran es nocivo para la salud y aquellos que dicen que es totalmente seguro.

Gobernador firma ley para la disposición de cenizas de carbón

Asimismo, los señalamientos esbozados por el grupo de ciudadanos que se opone a la disposición de cenizas en el vertedero de Peñuelas continúan dirigidos a un posible conflicto de intereses entre un alto funcionario de la administración Rosselló Nevares, por su pasada relación con la compañía EC Waste, encargada del recibo y disposición de las cenizas de carbón. Ramón Rosario Cortés, ahora secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, tuvo vínculos con una de las compañías involucradas en el depósito de cenizas, a través de su labor como representante legal de la compañía EC Waste.

“AES compró al senador Carlos Rodríguez Mateo y al licenciado Ramón Rosario Cortés, [secretario] de Asuntos Públicos de La Fortaleza, que trabajaban para la compañía que maneja el vertedero antes de ser funcionarios del Gobierno y sabíamos de antemano que esas vistas públicas no iban a llegar a ningún lado y que ellos se iban a vender con la empresa porque todavía le quedan más de $4,000 millones de contratos en los 10 años que le faltan”, aseguró Jimmy Borrero, portavoz del campamento en contra de las cenizas de carbón, que desde la noche del lunes se encuentran apostados frente a las instalaciones de EC Waste en Peñuelas, donde han obstruido la entrada de camiones.

Borrero admitió que se le está restringiendo el acceso a todo camión que intente entrar al vertedero por temor a que este encubra algún cargamento de cenizas.

“Ellos [AES] están amenazando con que van a depositar cenizas aquí en el vertedero de Peñuelas, la Policía los va a escoltar y desde anoche estamos aquí porque no vamos a permitir que tiren cenizas en Peñuelas. Nosotros hoy le bloqueamos la entrada al vertedero y no permitimos que ningún camión entrara, no importa si era de cenizas o de desperdicios domésticos”, admitió el portavoz.

Satisfecho con los cambios

No obstante, el autor de la medida aseguró que está conforme con la enmienda realizada y aseguró que esta se legisló de manera responsable y velando por los mejores intereses de la población.

Seilhamer explicó que parte de la enmienda en el Artículo 3 de la ahora Ley 40, surge del informe sometido por la Comisión de Salud y Recursos Naturales del Senado y la otra parte de enmiendas realizadas en sala.

“Si había una prohibición de un uso como ese, absoluto, podría implicar un problema para la producción del cemento, que hace años que trae cenizas a Puerto Rico para el producto por parte de compañías como Cemex y Cemento San Juan. Eso tendría implicaciones serias y severas, que terminarían en los tribunales”, aseguró.

El senador se refería a que la enmienda está fundamentada en el acuerdo que la empresa AES realizó con el Gobierno durante las gestiones para establecer operaciones en Puerto Rico a mediados de la década de 1990. En ese momento, según indicó Seilhamer, se contemplaba la noción de uso comercial beneficioso de ese producto.

Incluso, indicó que en todo trámite hecho por la empresa ante la Junta de Calidad Ambiental (JCA), esta quedó exenta de los reglamentos de desperdicios sólidos, al indicar que sus derivados tendrían un uso comercial beneficioso. No obstante, se acordó en ese momento que cualquier sustancia producida por la planta que no tuviera uso comercial beneficioso sería sacada del mercado local.

“Eliminar en 2017 el uso comercial beneficioso, que está contemplado en el contrato de 1994 entre AES y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sería detrimental. En la Sección 6.6 te habla del uso comercial beneficioso. Eliminar esa proyección de negocio que hicieron podría permitir que ellos reclamen, a base de otro artículo, el 20, que se titula ‘Environmental Clause’, que dice que si le cambias la política pública de manera que atente contra los establecido en ese contrato, la compañía pudiera hacer una reclamación de esos costos. Eso implicaría que someterían una reclamación contra la AEE que conllevaría a un alza en el costo kilovatio por hora”, advirtió.

“El proyecto es más restringido con la enmienda en sala porque ese uso comercial beneficioso lo limitamos a que tenga que ser permisible, avalado, certificado, por las agencias reguladoras estatales y federales. Anteriormente podría ser discrecional, lo que entendiera AES. Ahora está restringido a que tenga que ser permitido por la Agencia Federal de Protección Ambiental [EPA, en inglés] y por otras agencias, por eso incluimos ‘agencias estatales y federales’”, aseguró.

Comprometido Rosselló con dar continuidad a operaciones de AES

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