26 de Septiembre de 2017

[COLUMNA] 40 días

Por el 24 de Febrero de 2017

Existe una percepción errónea de parte de muchas personas sobre el significado de la separación entre Iglesia y Estado. Muchos creen que implica una hostilidad de parte del Estado hacia la religión, cuando en realidad es todo lo contrario.

Cuando se adoptó la Primera Enmienda, la mayoría de las 13 colonias aún tenía iglesias oficialmente “establecidas” por el Estado. Respaldados por el gobierno, estas denominaciones perseguían y discriminaban contra las religiones minoritarias, negándoles el derecho de ejercer un cargo público, requiriendo el pago de impuestos para sostener a la iglesia establecida, etc. Al adoptar la Primera Enmienda, los “Founding Fathers” comprendieron que la libertad religiosa solamente podía florecer en ausencia de intervención gubernamental con la religión.

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Contrario a lo que pudiera pensarse, el principio de separación de Iglesia y Estado no es lesivo a las iglesias, al contrario, está íntimamente ligado a la libertad de religión. (iStock)

En Puerto Rico la historia es diferente. Durante el periodo colonial español, el catolicismo fue la religión oficial, como lo era en España. Los conceptos de libertad de culto y separación entre Iglesia y Estado llegaron a Puerto Rico con la invasión norteamericana y es en el Tratado de Paris de 1898 donde por primera vez se sientan las bases relativas la libertad de culto.

La Constitución y la religión

En lo que respecta a religión, la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. impone dos limitaciones medulares al Estado. La Cláusula de Establecimiento prohíbe al Estado imponer una religión oficial. Además, prohíbe que el Estado apoye o adelante una religión por encima de las demás. Por otro lado, la Cláusula de Libre Ejercicio niega al Estado la facultad de prohibir el libre ejercicio de cualquier fe religiosa.

Por su parte, la Constitución de Puerto Rico establece un “muro” aun mayor entre el  Estado y la Iglesia. A diferencia de la Constitución federal, en la que no aparece el término “Separación de Iglesia y Estado”, la Sección 3 de nuestra Carta de Derechos establece que “Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado.” Al parecer, los Padres de la Constitución lo consideraron tan importante que lo incluyeron expresamente.

Contrario a lo que pudiera pensarse, el principio de separación de Iglesia y Estado no es lesivo a las iglesias, al contrario, está íntimamente ligado a la libertad de religión. Para que exista libertad de culto, es esencial que no se imponga o se dé trato preferencial a una religión sobre las otras. Por lo tanto, el Estado debe brindar el mismo trato, acceso y oportunidad a todas las religiones, incluyendo las minoritarias.

Debemos señalar que el que una práctica se proyecte positiva o inofensiva no implica que no esté en violación a este principio. En la década del 60, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el caso de Engel v. Vitale, donde se determinó que la imposición de la oración en las escuelas públicas violentaba la Primera Enmienda. El Supremo sostuvo que la mera promoción de una religión es suficiente para violar la cláusula de establecimiento, aun cuando esa promoción no sea coercitiva.

Opinión

La controversia surgida por la directriz de la superintendente de la Policía respecto a la oración por miembros de la Uniformada es una que ha sido malinterpretada e incluso, no es nueva. En el 2014, el Tribunal de Apelaciones de Boston resolvió que no se podía obligar a un policía a participar de un círculo de oración. Un policía, como todo ciudadano, tiene derecho a practicar su religión y no le está prohibido orar en horas de trabajo. Lo que no puede hacer es utilizar su posición, su horario o áreas de trabajo para imponer doctrinas religiosas. Esta normativa es la que ha puesto en vigor la superintendente.

Recientemente escuché a un ministro religioso defender el ayuno de 40 días decretado por la Cámara de Representantes bajo el argumento de que un caso reciente del Supremo federal lo permitía. Se refería al caso de Town of Greece v Galloway (2014) donde se cuestionaba la constitucionalidad de la práctica de comenzar las reuniones de la asamblea municipal de un pueblo con una oración o invocación.

El Supremo determinó que dicha práctica no violaba la Primera Enmienda, en la medida que era consistente con prácticas similares en el Congreso y las legislaturas estatales. Otros requisitos establecidos fueron el que no se discriminara contra las religiones minoritarias, brindándoles oportunidad de realizar oraciones ante la asamblea, y que la participación fuera voluntaria y no coercitiva.

Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre Galloway y el decreto de la Cámara El primero se trataba de una oración al comienzo de las sesiones, mientras que en la Cámara se trata de un periodo de ayuno y oración promovido por un cuerpo legislativo. Además, bajo lo resuelto en Galloway, la Legislatura no podría discriminar y tendría que permitir y/o apoyar prácticas de otras religiones.

Sería interesante que la Cámara promoviera otro tipo de ayuno, como el que realizan los musulmanes durante el mes del Ramadán. De igual forma, resultaría “pintoresco”, el sacrificio de una gallina por parte de seguidores de la santería en la plazoleta del Capitolio.

Al reflexionar sobre el pasado, debo concluir que la unión de la Iglesia y el Estado nunca ha sido positiva, la historia habla por sí misma. Como diría James Madison, uno de los “Founding Fathers”: “Religion flourishes in greater purity, without than with the aid of Government.”

 

El autor se graduó Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de la UPR. Es abogado litigante con práctica estatal y federal en asuntos de derecho civil, contratos, daños y perjuicios, derecho laboral y derecho penal.

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