24 de Septiembre de 2017

[COLUMNA] El poder de ser políticamente correcto

Por el 7 de agosto de 2017

Cuando visité las fábricas de Fomento y hablé con la gerencia en mi faceta como reportero para The San Juan Star a principios de la década del 1960, sentí que había algo que no tenía sentido.

Dos grandes aspectos para aquel entonces eran la notable industrialización de Puerto Rico y el crecimiento del movimiento pro-estadidad.

Para el 1960, Fomento había establecido 530 fábricas y tenía otras 91 en camino. En las elecciones de ese año, el partido estadista creció de sus pasados 172,838 votos a 252,364.

Los aspectos fueron vistos como relacionados. El crecimiento del movimiento estadista fue el resultado de que Hawái y Alaska llegaran a convertirse en estados, pero más aún del rápido crecimiento de la clase media. El resultado de miles de puertorriqueños que trabajaban en esas fábricas de Fomento a través de la isla.

Pero esta relación no tenía sentido para mí. Las fábricas de Fomento existían gracias a la exención federal de impuestos que era posible ya que Puerto Rico era un Estado Libre Asociado (ELA) y no un estado de la nación.

Lógicamente las fábricas de Fomento debían haber estado creando partidarios del ELA. Pero cuando visité esas fábricas, vi de primera mano que no lo hacían.

En la campaña del 1960, cubriendo a Luis A. Ferré y viendo a tantos estadistas saludarlo con entusiasmo en las fábricas de Fomento —tanto empleados como profesionales— me pregunté: ¿ellos no hacen la conexión de que, si Puerto Rico fuera un estado, esta fábrica no existiría?

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¿Por qué? Encontré que parte de la respuesta era la práctica de ser políticamente correcto.

Puesto que la regla de oro para todos los industriales, especialmente los de Estados Unidos, era “no entrar en el pantano de la política puertorriqueña”, ser políticamente correcto dictaba que la gerencia actuara y hablara como si fuera absolutamente neutral.

Por supuesto. La gerencia no debía aparentar que le estaba diciendo a los empleados cómo votar. Pero imaginé a los propietarios y a los gerentes, en la privacidad de sus oficinas corporativas, diciéndose a sí mismos: “Por supuesto, todos sabemos que si perdemos la exención federal de impuestos empezamos a hacer maletas, ¡pero no debemos decírselo a nadie!”.

Así que muchos empleados de las fábricas de Fomento no hicieron la conexión: si yo voto por la estadidad, efectivamente estoy votando en contra de mi fábrica, de mi trabajo.

Años más tarde, a mediados de la década del 1990, vi algo similar.

Se hizo evidente que el gobernador Pedro Rosselló y el comisionado residente Carlos Romero Barceló iban a lograr que el Congreso eliminara la Sección 936. De hecho, estaban violando la promesa de campaña del partido del 1992 en la que decían que apoyarían la 936 hasta que se encontrara una alternativa.

El 20 de agosto de 1996 la Sección 936 fue eliminada de manera escalonada sin que hubiese una alternativa. Un mes más tarde, Rosselló fue reelegido de forma abrumadora, convirtiéndose en el primer candidato en obtener más de un millón de votos.

Según fueron cerrando las fábricas 936, para el año 2016 unos 37,556 empleados de manufactura habían perdido sus empleos, un tercio de la cifra total. Me pregunté, ¿cuántos fueron trabajadores de las 936 que no hicieron la conexión en 1996 y votaron por Rosselló?

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Y tenemos un ejemplo más del poder de ser políticamente correcto.

Cuando el Congreso creó la junta fiscal de Promesa en 2016, también creó el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Económico para Puerto Rico, compuesto de ocho miembros del Congreso, cuatro de cada partido.

Su tarea no podría ser más importante: recomendarle al Congreso que legislara para revivir el crecimiento económico de la isla. Y parecía obvio que su recomendación más importante sería precisamente promulgar un sustituto para la Sección 936. Incorrecto.

La sección que lidia con la exención 936 describió lo que llamó el “debate” entre los puertorriqueños: algunos dijeron que era importante, que su eliminación era “perjudicial”, mientras que otros decían que no, que no lo era, que era “exagerada e ineficiente”. Y el Grupo de Trabajo no toma ningún bando.

Por supuesto, hubo y hay un “debate”. Los estadistas siempre se opusieron a la Sección 936 y finalmente la mataron, tildándola como “incompatible con la estadidad”.

Pero para desempeñar sus labores, ¿el Grupo de Trabajo se vio precisado a abrirse paso a través de la política y la ideología de la isla para llegar a la realidad económica puertorriqueña? Y si lo hizo, ¿cómo fue incapaz de hacer la conexión de que matar la Sección 936 fue lo que causó la recesión?

En el informe de 125 páginas al Congreso hay mucho que ayudaría a Puerto Rico. Pero en vez de recomendar un sustituto para la 936, esto es lo que “recomienda”:

“El Grupo de Trabajo está abierto a la posibilidad de que el Congreso les proporcione un trato contributivo más competitivo a las compañías estadounidenses que inviertan en Puerto Rico, siempre y cuando las salvaguardas adecuadas estén diseñadas para asegurar que la compañía esté creando actividad económica real y empleo en la isla”.

¿Y qué recomienda esta “recomendación”?

El Grupo de Trabajo fue un rayo de esperanza de que el Congreso, tras crear Promesa, tomaría la acción más importante para revivir el desarrollo económico. En lugar de eso, al parecer no quería ofender a nadie en el “debate” de la 936; fue víctima de ser políticamente correcto.

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Y esto nos lleva a otro ejemplo más del poder de esa práctica —creo que el más importante y el más perjudicial. La palabra “imposible” es usualmente evitada por ser políticamente incorrecta.

Así como los dueños y los gerentes de las fábricas de Fomento no le decían a sus empleados toda la verdad, tampoco Estados Unidos se la dijo a Puerto Rico. Por mucho tiempo he creído que Estados Unidos debía haberle dicho a Puerto Rico: “mira, tienes la libertad de votar como quieras, eres libre para querer cualquier estatus político. Pero debes saber que entrar en la unión como un estado hoy es, y en el futuro será, económicamente imposible”.

Por supuesto que no lo ha hecho ni lo hará. Es cierto. ¿Podríamos imaginar algo más políticamente incorrecto? Sin embargo, ello le habría evitado a Puerto Rico, y a sí mismos, muchas penurias.

 

A.W. Maldonado fue reportero y columnista en The San Juan Star, editor ejecutivo de El Mundo y editor en jefe de El Reportero.

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