14 de Diciembre de 2017

[COLUMNA] Los “autonomistas” y sus contradicciones

Por el 15 de abril de 2017

Por Carlos V. Morell Caballero

La actitud “autonómica” de varios miembros del Partido Popular Democrático ante el plebiscito de estatus que se avecina, parte de una premisa que acepta la subordinación política que dicen negar.

Se observó cuando celebraron la posición sobre la “ilegalidad” de la ausencia del ELA en el plebiscito, en la carta firmada por ocho republicanos miembros del Congreso federal, cuerpo que redactó y aprobó la ley que creó la Junta de Control Fiscal, que claramente deslustra el gobierno propio y/o “autonómico”, lo que hasta el momento no ha sido impugnado.

Asimismo, lo vemos ante su emoción por la posición del Departamento de Justicia Federal sobre el plebiscito, por lo que aceptan que el Secretario de Justicia tiene el poder de eliminar legitimidad a lo que se legisla bajo el “autonomismo”.

Papeleta plebiscitaria induce a error al elector según Justicia federal

Lo anterior se suma a la dinámica de explicar cómo el caso Sánchez Valle fortaleció el argumento de que Puerto Rico tiene un pacto con Estados Unidos, aunque al mismo tiempo aclaran que en ese caso solo se contestó una pregunta sobre la doble exposición en un proceso criminal.

Este último planteamiento se da en el escenario de que este caso, al igual que el pleito menos discutido de la “quiebra criolla”, fue resuelto por el Tribunal Supremo de los Estado Unidos. Dicho Tribunal está compuesto por unos jueces sobre los que Puerto Rico no tiene participación en sus nombramientos, y el cual tiene el poder de revocar al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Por lo tanto, aunque de la Constitución del ELA se desprende que el Tribunal Supremo de la Isla es “el tribunal de última instancia en Puerto Rico”, claramente dicha aseveración no es correcta.

Hay defensores del ELA que, sin tapujos, expresan la territorialidad de Puerto Rico, y entienden que es el estatus a mantener y “desarrollarse” dentro de la cláusula territorial. Empero, estos son la excepción y la tendencia es la negación y la inconsistencia.

Más allá de que se sintieran excluídos del plebiscito, las bases de las propuestas de los denominados autonomistas sobre el estatus se circunscriben a que: (1) son puertorriqueños, (2) no son estadistas, (3) no son independentistas, (4) los soberanistas del PPD son independentistas, (5) la estadidad es mala, (6) la independencia es peor (y como “la libre asociación es independencia” tampoco sirve), y finalmente (6) que hay que asegurar la ciudadanía americana.

Ya expresarán que no se sienten representados en el plebiscito, cuando la definición del ELA incluya el concepto que ya todos conocemos: estatus territorial.

Populares tomarán posturas sobre el plebiscito en asamblea general

La contradicción aparenta ser la posición institucional del sector “autonomista” del PPD. Sin embargo, en el presente se enfrentan a que dentro de su partido hay líderes establecidos que creen en la libre asociación, y que la colectividad viene de elecciones en las cuales se presentaron como “la casa grande” de los puertorriqueños, sin importar las ideologías de estatus.

El elector que votó por el PPD por tal invitación, se encuentra ahora con un partido que ante el estatus parece inclinarse a que en vez de ser una casa, mejor es ser un tráiler.

Las tres ramas de gobierno de los Estados Unidos (Ejecutiva, legislativa y judicial) se refieren a Puerto Rico como un territorio, lo que significa que el Congreso tiene el poder de legislar sobre Puerto Rico al amparo de la cláusula territorial.

Además, el Departamento de Justicia Federal en su carta sobre el plebiscito reiteró la posición que el ELA mejorado (Enhanced Commonwealth) no es una opción viable bajo la Constitución de los Estados Unidos. Claro, para los populares “autonomistas” es mejor obviar esas posturas, y presentarle al público el simplismo que como Estados Unidos pidió la inclusión del territorio, esto significa que el ELA es un “estatus de futuro”.

Hace mucho tiempo están sentadas las bases para que quienes creen en el territorio, acepten que su preferencia de estatus se da por la seguridad que sienten al estar bajo los poderes plenarios del Congreso, por eso la emoción ante una carta de ocho republicanos y la opinión firmada por un funcionario -y no el Secretario-, del Departamento de Justicia Federal. Un octeto y un funcionario federal que probablemente prefieren mantener el territorio que controlan, a mostrar un interés auténtico por el futuro de Puerto Rico.

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