19 de Octubre de 2017

Comienza la batalla legal por el dinero del IVU

Por el 15 de Septiembre de 2017

El anticipado litigio sobre quién tiene derecho a cientos de millones de dólares en ingresos anuales del IVU comenzó oficialmente a finales de la semana pasada. La solución al llamado conflicto “gobierno versus Cofina” es clave para establecer el ritmo que tomará el proceso de quiebra del ELA bajo el Título III de la ley federal Promesa.

El pasado viernes, 8 de septiembre, el comité oficial de acreedores no asegurados, que funge como agente del gobierno en la disputa, demandó a Bettina Whyte, quien representa los intereses de Cofina. Esta entidad, la cual ha emitido más de $17,000 millones en bonos, recibe cada año una parte de los recaudos del IVU para pagar a sus bonistas.

En juego quién tendrá control sobre cientos de millones de dólares en recaudos del IVU, un conflicto clave en los esfuerzos de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. (iStock)

En juego quién tendrá control sobre cientos de millones de dólares en recaudos del IVU, un conflicto clave en los esfuerzos de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. (iStock)

Según la demanda, el gobierno busca poner un alto a estas transferencias y traer este dinero al fondo general. Para ello argumentan que la estructura de Cofina es “inconstitucional y nula”, y como tal, los ingresos del IVU en disputa pertenecen exclusivamente al gobierno.

El gobierno, la junta de control fiscal y acreedores de Cofina acordaron a principios de agosto litigar el asunto a través de una estipulación que establece el proceso y calendario mediante el cual se intentará resolver el conflicto y así poder encaminar la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

Tras la presentación de la demanda, los abogados del agente de Cofina —Willkie, Farr & Gallagher—deberán radicar su respuesta en o antes del 15 de septiembre.

La jueza federal Laura Taylor Swain, quien está a cargo de los casos Título III de la isla, estaría decidiendo finalmente sobre el litigio en o antes del 15 de diciembre, según la estipulación aprobada por el tribunal.

“Cofina es inconstitucional”

Un sinnúmero de argumentos dan forma al intento del gobierno en tomar control sobre los fondos del IVU en disputa, los cuales superan los $750 millones durante este año fiscal y cuya cantidad aumentaría anualmente hasta llegar a $1,850 millones. Por su parte, acreedores de Cofina aseguran que estos dineros están fuera del alcance del Gobierno.

Para los abogados del comité que representa al Gobierno en la disputa, Paul Hastings LLC, la estructura de Cofina es simplemente inconstitucional. Sostienen que la legislación que creó la entidad, la Ley 91 de 2006, “eludió o violó” la Constitución de Puerto Rico, particularmente el límite constitucional de deuda pública.

Denuncian trabas de la junta en investigación de la deuda

“Como resultado, todos los ingresos del [IVU] en cuestión son exclusivamente propiedad del Gobierno”, lee la demanda. Esto incluye los recaudos futuros del impuesto, así como el dinero actualmente depositado en el Bank of New York Mellon, entidad que actúa como agente fiscal de Cofina.

Otros argumentos del Gobierno incluyen que la Ley 91 nunca transfirió a Cofina la titularidad de, ni el derecho a recibir, los ingresos futuros por concepto del IVU. En el mejor de los casos, solo existe una “promesa sin garantía” de que el Gobierno depositaría los recaudos futuros del IVU en Cofina en la medida que los recibiera, según la demanda.

“Como cualquier otra promesa previa de un deudor, esa promesa puede ser violada, revocada y/o rechazada después de la presentación de una petición de Título III, dando a Cofina, a lo sumo, una reclamación no asegurada en el caso de Título III del gobierno”, añade la acción legal, en referencia al comienzo del caso de quiebra de Cofina, el cual fue iniciado por la junta fiscal a principios de mayo.

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