19 de Octubre de 2017

Complacido el gobierno con certificación del plan fiscal de Rosselló

Por el 13 de Marzo de 2017

Luego de que la junta de control fiscal certificara en su quinta reunión el plan fiscal presentado por el gobierno, los secretarios de Estado, Gobernación y Asuntos Públicos, Luis Rivera Marín, William Villafañe y Ramón Rosario, respectivamente, se mostraron hoy satisfechos con la determinación porque entienden que va acorde con la política pública del gobernador Ricardo Rosselló.

Con el plan fiscal certificado —en una reunión en Nueva York que estuvo marcada por las protestas en el exterior—, se espera que se inicie la renegociación de la deuda a través del Título VI de la ley federal Promesa, es decir, mediante conversaciones “de buena fe” con los acreedores. Para esto, el gobierno insiste en que se extienda la paralización de litigios (stay) de Promesa hasta diciembre.

A pesar de que la junta fiscal dejó sobre la mesa la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos y de los bonos de Navidad sujeto a que el gobierno cumpla con las proyecciones fiscales que establecieron en el plan fiscal —y que deberán sostenerse en el presupuesto a presentarse el 30 de abril—, los portavoces de Rosselló insistieron en que estas medidas no serán implementadas.

“El gobernador de Puerto Rico no tiene ninguna preocupación con la parte de la reducción de la jornada laboral o el bono de Navidad porque su plan fiscal va a ser ejecutable, va a funcionar”, indicó Rosario en una rueda de prensa en La Fortaleza a preguntas de Caribbean Business

¿Estará dispuesto el gobierno a enfrentar a la junta de control fiscal si las proyecciones fiscales no se cumplieran —como ha ocurrido por años en el gobierno— y se requiriera reducir la jornada laboral o poner en vigor medidas más crudas?, preguntó este medio.

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No es que si estamos dispuestos, es que los confrontamos [a los miembros de la junta fiscal]. Desde las primeras semanas dijimos ‘no vamos a despedir empleados públicos y no vamos a reducir la jornada laboral’. Por eso estamos donde estamos, porque desde el primer día dijimos ‘no’”, declaró el secretario de Asuntos Públicos.

Por su parte, el secretario de la Gobernación consideró que con la quinta reunión de la junta, no solo se restablece la confianza de los acreedores en el gobierno, sino la del propio gobierno de Estados Unidos en la administración de Puerto Rico. Indicó que el plan fiscal “es coherente”, “protege a los más vulnerables” y devuelve “la sostenibilidad socioeconómica” al país, por lo que pidió al pueblo un voto de confianza para implementar la política pública.

Villafañe sostuvo que los cambios en el plan fiscal no afectan los objetivos del gobierno de aumentar el salario mínimo a los empleados públicos el 1ro de julio, ya que el dinero estará presupuestado.

La junta “le dio la razón” a Rosselló

Aunque la junta fiscal vigila de cerca al gobierno para que cumpla con sus proyecciones, el secretario de Asuntos Públicos consideró que el ente certificó “esa segunda ruta que propuso el gobernador”, que no incluye el despido de empleados públicos ni la reducción de la jornada laboral o del bono de Navidad.

Si bien la junta fiscal propuso una reducción de 10% a todas las pensiones, Rosario explicó que el recorte que hará el gobierno no aplicará a los pensionados que reciban un cheque menor a $2,000 mensual, quienes son los “más vulnerables”, a petición de Rosselló.

Los que reciben más de esa cantidad verán reducidas sus pensiones de forma “progresiva”, es decir, mientras más ganen, más aportan. Esto significa que pensiones de sobre $10,000 mensual mermarán hasta en un 15%, incluyendo las provistas por el Sistema de Retiro de la Judicatura.

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Los jueces tienen derecho a litigar [el recorte en sus pensiones]. Los jueces tienen que hacer sacrificios”, sostuvo el funcionario sobre la posibilidad de que se impugne la decisión del gobierno.

En torno a los recortes de $1,000 millones propuestos por la junta en el área de salud, Rosario dijo que el Ejecutivo redujo la cifra y la dividió por años —$300 millones en 2018, otros $300 millones en 2019 y hasta $700 millones en 2020—, de modo que no se afectara el “acceso a la salud” de parte de quienes poseen el plan médico del gobierno. La cantidad de beneficiarios tampoco será reducida. 

“Muchos querían que la junta hoy no le diera la razón al gobernador y dijera que su plan no era ejecutable. Hoy la credibilidad que se ha ganado esta administración los hizo quedar mal”, agregó Rosario, quien confirmó que el gobierno estuvo en conversaciones intensas con la junta todo el fin de semana para lograr la certificación del plan.

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