19 de Noviembre de 2017

Congreso aprueba medida para mantener al Gobierno de Puerto Rico operando

Por el 24 de Octubre de 2017

El Senado de Estados Unidos aprobó hoy un paquete de ayuda de $36,500 millones para Texas, Florida, California, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El proyecto de ley, que ahora espera la firma del presidente Donald Trump, autoriza una asignación crítica de $4,900 millones para un programa de préstamos federales que proporcionaría suficiente liquidez para garantizar que el gobierno de Puerto Rico permanezca abierto durante los próximos meses tras el embate del huracán María.

La medida también otorga a la isla unos $1,300 millones en fondos adicionales para el Programa de Asistencia Nutricional, mientras que $150 millones irían a satisfacer requisitos de pareo de fondos para solicitar ayuda varios programas federales.

En total, Puerto Rico recibiría hasta unos $6,400 mil millones de este paquete, aprobado por la Cámara el pasado 12 de octubre.

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A medida que el Gobierno genere menos ingresos tras el paso del huracán María y todo se mantiene igual, los fondos federales solo proporcionarían suficiente liquidez hasta febrero, indicó ayer el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, a CB en Español.

La nómina del gobierno central suma aproximadamente $275 millones al mes, mientras que los costos operacionales suman alrededor de $90 millones adicionales. Esto excluye los gastos similares que incurren los municipios y corporaciones públicas.

“Tengo que levantar un sistema [de recaudos]. Esto es una ayuda a corto plazo. La responsabilidad es que en enero, tengamos un sistema para poder cobrar. Queda en nosotros “, señaló Maldonado.

Mientras tanto, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares espera que los $4,900 millones puestos a disposición para préstamos de desastres comunitarios (CDL, en inglés) ayudarán a atajar la brecha que exista hasta que el Gobierno aumente sus recaudos.

Un desastre comunitario

Los CDL están disponibles para “gobiernos locales” que han perdido una porción significativa de sus ingresos debido a la ocurrencia de algún desastre. El programa reside bajo la Ley Stafford, el estatuto que rige a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

“La gente rápidamente piensa que es un préstamo pero la verdad es que más del 92% de esos préstamos son cancelados. Es básicamente acceso a liquidez que vamos a tener”, dijo el gobernador Rosselló durante una entrevista reciente.

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Aunque aún se trabajan en ciertos detalles, según fuentes, en general, el secretario de Seguridad Nacional, con el consejo del Tesoro de los Estados Unidos, determinaría los términos, usos y condiciones de los fondos que se distribuyan a través de estos préstamos. El Ejecutivo federal también tendría la última palabra sobre la cancelación de estos préstamos en un futuro.

Algunos cambios al programa fueron hechos para adaptar el financiamiento hacia las necesidades actuales de Puerto Rico. Un tope de $5 millones bajo estos préstamos fue eliminado para el gobierno central, así como otras condiciones generales bajo el programa.

Asimismo, los préstamos también estarán disponibles para municipios con problemas de liquidez y corporaciones públicas.

Localmente, el Representante Autorizado del Gobierno de Puerto Rico, o “GAR” en inglés, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Omar Marrero, fungiría como enlace entre la entidad del ELA que solicite un CDL y FEMA.

Los $4,900 millones, además, no son exclusivos a Puerto Rico. Las Islas Vírgenes también recibirían una parte, aunque se espera que la mayor parte vaya a Puerto Rico, municipios y corporaciones públicas.

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