26 de Mayo de 2017

[Documento] Contestan los bonistas sénior de Cofina a demanda de GOs

Por el 9 de marzo de 2017

Un día después de que el juez Francisco Besosa permitió su intervención en el pleito de Lex Claims, el grupo de bonistas sénior de Cofina contestó la demanda presentada por acreedores de obligaciones generales (GOs), que buscan declarar ilegal la estructura de Cofina y que el dinero del impuesto de ventas y usos (IVU) que se separa para ellos, se devuelva al fondo general del gobierno.

Para el grupo de bonistas de la Corporación del Fondo para el Interés Apremiante (Cofina) los argumentos de los tenedores de bonos GOs son erróneos y contrarios a la Constitución de Puerto Rico. La deuda contraída a través de COFINA se paga de una porción del IVU, que no se considera “recurso disponible” del gobierno. 

“Los ‘hechos alternativos’ de los demandantes no pueden cambiar la historia de Puerto Rico, el poder constitucional legítimo de Legislatura en la creación de Cofina, ni la falta de propiedad que garantice [el pago de] GOs”, reza el documento, en el cual solicitan al tribunal federal que desestime la demanda enmendada en el caso de Lex Claims v. el Gobierno de Puerto Rico. El grupo de Cofina lo representa los bufetes Reichard & Escalera y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

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Alegan en su contestación, que no es cierto el que se haya creado Cofina para evadir el límite constitucional de deuda pública ya que existía espacio para emitir unos $10,000 millones en nuevos bonos de GOs al momento de su creación en el 2006. Mientras, apuntan a que la Constitución de Puerto Rico presume como válidas las acciones de la Legislatura, incluyendo la ley que establece la estructura de Cofina y los más de $17,000 millones emitidos bajo este crédito.

En fin, el grupo de bonistas sénior de Cofina asegura que en los propios documentos de la última emisión de bonos GOs en el 2014, el Gobierno de Puerto Rico deja claro que el dinero que cubre el servicio de la deuda de Cofina no constituye “recurso disponible” del gobierno. Por lo tanto, argumentan que aun ante un escenario de insolvencia e impago de GOs -como el que actualmente ocurre- el dinero de Cofina no puede ser retenido por el gobierno para el pago de obligaciones generales, según permite la Constitución. Añaden que que si esa fuese la intención, la cláusula constitucional leería “todos los recursos” y no “recursos disponibles”.

Por último, los bonistas sénior de Cofina establecen que los GOs no son “secured creditors” o acreedores que tengan una garantía de pago sobre alguna propiedad o recursos específicos del gobierno. A diferencia de Cofina, los GOs tampoco tienen el remedio de aceleración -o el repago inmediato de la deuda pendiente de ocurrir un evento de impago- según menciona el grupo de bonistas en su contestación.

El pasado mes de febrero, Besosa denegó la petición del gobierno para paralizar la acción legal entablada por el grupo de acreedores de GOs.

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En su decisión, el juez federal determinó que no procede la petición del gobierno, la aseguradora Ambac -quienes garantizan alrededor de $800 millones en deuda de Cofina– y acreedores de Cofina, para aplicar el “stay” de Promesa. En esa orden, Besosa permitió la intervención en el pleito de la junta de control fiscal, la cual recientemente apeló la decisión del juez federal de no suspender la demanda bajo el mecanismo provisto por Promesa, y que expira el próximo 1 de mayo.

Mientras, se espera que tanto la junta fiscal como la aseguradora Ambac contesten la demanda enmendada de los GOs en o antes del próximo 20 de marzo.

La acción legal del grupo de acreedores de GOs busca que el tribunal federal determine la validez bajo Promesa de ciertas acciones realizadas por el gobierno a tenor con la Ley de Moratoria del ex gobernador Alejandro García Padilla. De igual forma, intentan que se ordene al gobierno detener la transferencia de dinero al fondo de reserva para el pago de Cofina.

Cambio de abogados del gobierno

Mientras, los abogados Salvador Antonetti Zequeira y José L. Ramírez Coll del bufete Antonetti Montalvo & Ramírez Coll presentaron esta semana al juez Besosa mociones para terminar la representación legal del gobierno de Puerto Rico en el caso de Lex Claims.

Esto dejaría por el momento al bufete de Estados Unidos, Kirkland & Ellis -quienes fueron contratados bajo la pasada administración- como los abogados defensores del Gobierno de Puerto Rico en las acciones legales de acreedores en el tribunal federal, incluyendo el caso de Lex Claims.

 

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