27 de Marzo de 2017

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Creación de Inspector General podría costar $5 millones

Por el 7 de febrero de 2017

Pese a que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) manifestó inicialmente que la creación de la Oficina del Inspector General (OIG) podría costar cerca de $600,000, durante la primera vista pública del Proyecto de la Cámara 8 se declaró que la entidad, que estuvo activa entre 2010 y 2013, operaba con un presupuesto aproximado de $5 millones anuales. 

Según explicó el representante de la OGP, Facundo Diamauro, durante la vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara, los $600,000 serían destinados al pago de renta y utilidades de la entidad, pero los gastos de operación eran de poco más de $5 millones. A pesar del déficit gubernamental, la OGP está dispuesta a buscar ese monto inicial para reinstalar la OIG por tratarse de una oficina que lucha contra la corrupción.

“Con el empleador único [Ley 8 de 2017] eso podría cambiar”, apuntó Diamauro, en referencia a la movilidad de empleados que permite la ley y los ahorros que podría traer en la operación de la nueva entidad, propuesta por el gobernador Ricardo Rosselló. 

vista publica inspector general

En la primera vista pública sobre la reinstalación de la Oficina del Inspector General, la contralora Yesmín Valdivieso; la Oficina de Gerencia y Presupuesto, representada por Facundo Diamauro; y el Departamento de Justicia, representado por Viviana Catalá, favorecieron el proyecto por entender que da fortaleza a la fiscalización del uso de fondos públicos. (Juan J. Rodríguez/CB)

Preguntado sobre si se justifica un gasto como este en momentos de estrechez económica, el presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Jorge Navarro, dijo a los periodistas que se debe tomar en cuenta que la inversión redundará en el futuro en una mejor fiscalización del gasto gubernamental, por lo que podría evitar la malversación de fondos públicos.

“Es una agencia bien vital que lo que ayuda es a la prevención, que lo que ayuda es a utilizar y buscar cómo maximizar los recursos del gobierno”, dijo Navarro.

Por su parte, la contralora Yesmín Valdivieso expresó durante la vista que los auditores que tenía la OIG en el pasado podrían ser contactados, pues pasaron a trabajar a otras agencias o se retiraron. Agregó que parte de las propiedades que tenía la OIG en el edificio que ocupaba se encuentran en almacenes del gobierno, por lo que podrían relocalizarse y reusarse.

Lee también: La Fortaleza devela 10 nuevas medidas para atender la crisis

Aunque se trata de oficinas de fiscalización, Valdivieso manifestó que la Oficina del Contralor (OCPR) interviene en las transacciones de fondos públicos luego de utilizados, mientras que la OIG lo hace antes o durante, de manera preventiva. Por esto, destacó que la OIG trabajará como una especie de auditor interno en cada agencia, lo cual facilita eventualmente la labor de la OCPR para evaluar las transacciones que se realizaron. Al momento, los auditores que tienen las entidades de gobierno responden al mismo jefe de agencia, lo cual limita su independencia, afirmó.

Si bien favoreció la medida, la contralora solicitó que se evalúe la Auditoría DA-16-10 sobre la eliminación de la OIG, la cual reveló “gastos innecesarios” en el arrendamiento de un local, “tardanzas en la remisión de los contratos” a la OCPR, deficiencias en la administración de propiedad y falta de información sobre la disposición de documentos oficiales.

El proyecto será enmendado

De otro lado, Navarro adelantó que la medida será enmendada para, entre otras cosas, extender el periodo de nombramiento del inspector general de seis a 10 años y que este tenga que pasar por la evaluación de ambas cámaras legislativas, como ocurre actualmente con la OCPR y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). También buscarán atender las preocupaciones de estas agencias fiscalizadoras.

Entre las preocupaciones manifestadas durante la vista, la directora de la OEG, Zulma Rosario, resaltó la necesidad de que su oficina no esté bajo la jurisdicción de la OIG, ya que no era así en el pasado para evitar que se afecte su “independencia administrativa y autonomía”.

Además, solicitó eliminar varios incisos del proyecto que solicitan a la OEG rendir informes a la OIG o dar información sobre jefes de agencia para la creación de una base de datos que, a juicio de Rosario, no se justifica.

Agregó que la OIG debe tener jurisdicción sobre más entidades gubernamentales, ya que actualmente se limita a las agencias y se excluye a las corporaciones públicas, los municipios, la Rama Judicial y Legislativa, y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Por su parte, la representante del Departamento de Justicia (DJ) en la vista, Viviana Catalá, dio el visto bueno al proyecto, pero recomendando que se enmienden las referencias a la Ley 184, derogada por la Ley 8 de Empleador Único, así como haciendo cambios en ciertos lenguajes.

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