23 de Octubre de 2017

Crisis en el transporte por controversia entre Uber y taxistas

Por el 18 de mayoo de 2017

Hace 10 meses llegó a Puerto Rico un nuevo servicio tecnológico que permite conectar a un ciudadano privado con otro para moverse de lugar utilizando la aplicación de Uber y, desde entonces, son múltiples los enfrentamientos, protestas y peleas legales y administrativas entre taxistas y conductores privados.

La administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares propuso -para solucionar las discrepancias entre las partes- centralizar toda autorización, fiscalización y reglamentación de la transportación pública en Puerto Rico en la Comisión de Servicio Público (CSP).

El Proyecto del Senado 525, que contiene 80 páginas, le quita al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Compañía de Turismo el poder de reglamentar y regular ciertos servicios de transporte público en la isla para dejarlo todo en manos de lo que sería una nueva CSP.

Según la exposición de motivos del P. del S. 525, la medida busca agilizar y facilitar la integración de nuevas tecnologías a las industrias ya existentes, al tiempo que promueve la creación y el desarrollo de nuevas industrias y de nuevas maneras de hacer negocio.

“El Gobierno de Puerto Rico no es, ni puede ser, ajeno a los avances tecnológicos. A través de su centenario de existencia, la Comisión de Servicio Público ha estado siempre a la vanguardia de los nuevos modelos de las industrias que regula. Los Corredores de Transporte en su modalidad de Empresas de Red de Transporte (ERT) no son la excepción”, reza la medida en referencia al servicio que ofrece Uber que es una ERT.

Una vez se centralicen los roles de fiscalización y reglamentación de la transportación pública en la CSP, la medida establece que el gobierno podrá asegurarse que la agencia con peritaje desarrolle “reglamentación coherente”, aplique la misma y la interprete de forma consistente.

Según la exposición de motivos del P. del S. 525, la medida busca agilizar y facilitar la integración de nuevas tecnologías a las industrias ya existentes, al tiempo que promueve la creación y el desarrollo de nuevas industrias y de nuevas maneras de hacer negocio. (iStock)

Sin embargo, a juicio de varios abogados expertos en derecho administrativo consultados por CB en Español el proyecto de administración no atiende el dilema medular de Uber y taxistas, siendo los últimos quienes alegan que la empresa de red de transporte es una “competencia desleal” para sus negocios pues están exentos, hasta el momento, de múltiples regulaciones que los taxis tienen que cumplir y que le conllevan altos costos de operación.

“El proyecto no hace otra que consolidar la jurisdicción en temas de transporte en la Comisión de Servicio Público. Entre otras cosas, le remueve la jurisdicción sobre los taxis turísticos a la Compañía de Turismo, a quien se le había delegado ese asunto bajo la Ley 282, y a su vez remueve la jurisdicción sobre las compañías de redes de transporte (Uber) de DTOP a la Comisión de Servicio Público. La medida no atiende el problema esencial que es la falta de una clasificación nueva de lo que es Uber, que no son corredores de transporte público ni porteadores por contrato”, explicó un abogado administrativo con conocimiento del tema y quien pidió no ser identificado.

El abogado y analista Domingo Emanuelli indicó por el contrario que ambos servicios son iguales, por lo que para eliminar la controversia entre Uber y taxistas se debe “desregular” el servicio que ofrecen los taxis.

Secretario del DTOP prefiere que taxistas y Uber den servicio a todas las zonas

“El proyecto es bueno porque le da uniformidad a todo el proceso. Lo que hay que hacer es desregular a los taxistas y darles algún tipo de incentivo contributivo por lo que pagaron por sus licencias que, en algunos casos, cuesta $20,000 o $30,000. Lo que no puedes hacer es tratar dos servicios que son iguales como si fueran distintos”, argumentó Emanuelli.

Lo que dice el proyecto

Según el P. del S. 525, la nueva y centralizada CSP definirá como porteador por contrato a aquella persona, excepto los porteadores públicos, que se dedique mediante paga, bajo contrato o acuerdo individual personal “o por medios tecnológicos” al transporte de pasajeros o bienes en vehículos de motor o embarcaciones entre puntos en Puerto Rico.

La medida precisa que si la CSP determina que cualquier tarifa mínima de cualquier porteador por contrato “es incompatible con el interés público y da ventajas o preferencias indebidas” a ese porteador  por contrato en competencia con cualquier empresa u porteador público, la CSP podrá prescribir “las tarifas mínimas justas”.  

Para ello, el proyecto precisa que la CSP tendrá que tomar en consideración los gastos incurridos por el porteador en la prestación de sus servicios, el efecto que tendrá tal tarifa mínima sobre el volumen de negocio de dicho porteador y la necesidad de promover en Puerto Rico un sistema de transportación “seguro, adecuado, eficiente y económico, libre de prácticas competitivas injustas  o destructivas”.

En varias ocasiones en los pasados 10 meses, asesores de Uber en Puerto Rico han puntualizado en los medios que si a los conductores de Uber se les trata como si fueran taxis o porteadores tendrían que cumplir con una serie de requisitos que hace que el modelo de negocio no sea viable. Por ende, han sugerido que se les reduzcan las regulaciones a los taxis para que su modelo de negocio sea más competitivo y eficiente.

El secretario del DTOP, Carlos Contreras, reveló la semana pasada que su inclinación es que los taxistas y los servicios de empresas de redes de transporte como Uber puedan proveer el servicio sin restricción de zonas.

“Creo que todos deben poder recoger en todas partes. Claro hay unos issues de reglamentación donde ahora mismo los costos de operación de un taxi, son más caros. Por eso hay que equiparar, esa es mi posición, dijo en entrevista radial (WKAQ 580).

La posición de Uber  

La gerente de comunicaciones de Uber, Julia Robinson, reiteró a CB en Español que los tribunales de Puerto Rico han decidido en dos ocasiones distintas que el servicio que ofrecen las Empresas de Red de Transporte (ERT) como ellos es diferente al servicio tradicional de transporte.

Secretario del DTOP prefiere que taxistas y Uber den servicio a todas las zonas

“La rama judicial ha determinado en dos ocasiones anteriores que el servicio de las ERT se diferencia en varios aspectos al servicio tradicional de transporte. No obstante, creemos que es muy importante que cualquier iniciativa se enfoque en buscar marcos regulatorios que beneficien a todos los puertorriqueños y sus visitantes, y que tomen en cuenta las diferencias entre los diversos sistemas”, dijo Robinson a este medio en respuesta al P. del S. 525 que centraliza toda la regulación en la CSP.

Aunque el presidente de la Asociación de Taxistas Turísticos, José Nin, evitó discutir el proyecto porque aún se encuentra en proceso de evaluación de la medida, el líder de los taxistas puntualizó que urge que el gobierno establezca un ambiente de competencia justa entre ellos y Uber.

 Los taxistas se sienten desplazados  

“Lo que queremos es que el proyecto sea cónsono con los servicios que ofrecemos, que se definan cuáles son las áreas designadas para los taxis turísticos, para terminar de una vez y por todas con esta controversia. Los mapas de Turismo no nos dan garantía y nos sentimos desplazados por Uber”, expresó Nin.

Las áreas turísticas son lo único que les queda a los taxis para subsistir, según Nin, y señaló que los taxistas están dispuestos a defender esas áreas cueste lo que cueste.

“La prensa no ha querido darle énfasis a que la última área que nos queda es la turística y la vamos a defender. Puede que sean onerosos los servicios que damos porque tenemos unos seguros, tenemos que cumplir con unos reglamentos, con llenar planilla, no tener deuda con el gobierno ni con el CRIM y los choferes de Uber no tienen que cumplir con eso. Nos están dando la espalda y no está cumpliendo el gobierno con la fiscalización apropiada. Esto es un trabajo de todos. Vamos a buscar estrategias para que todos podamos trabajar en armonía”, sostuvo.

Las vistas públicas sobre el P. del S. 525 aún no han comenzado pero Miguel Laureano Correa, presidente de la Comisión senatorial de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura que le toca evaluar la medida, indicó a CB en Español que ya su oficina trabaja con el calendario para comenzar las citaciones de las partes interesadas.

“Este proyecto lo que busca es atender la problemática entre taxistas y Uber y flexibilizar y uniformar el proceso para ambos para que redunde en una competencia justa y en un mejor servicio. Le voy a dar la mayor prioridad a esta medida y si el proyecto necesita enmiendas así lo haremos después de citar a todos los interesados y escuchar sus preocupaciones”, dijo Laureano.

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