14 de Agosto de 2018

Delegación del PPD en la Cámara radica demanda contra la junta fiscal

Por el 18 de Julio de 2018
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El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, y unos 15 legisladores de la cámara baja del Partido Popular Democrático (PPD) desafiaron el martes la constitucionalidad de la junta de control fiscal.

“La Junta hoy quiere gobernar, quiere legislar y quiere establecer la política pública en Puerto Rico sin ser electa democráticamente. Ese poder no lo tiene y no se desprende de ningún inciso de la Ley de Promesa. No estamos retando la Ley Promesa, estamos retando específicamente a la junta de control fiscal”, expresó Hernández en conferencia de prensa.

La demanda, que se presentará ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU., presenta argumentos similares a los de una demanda separada presentada por el gobernador Ricardo Rosselló, que busca que la junta deje de imponer su propio presupuesto.

Además, los legisladores acusan a la junta de obligar a la legislatura a eliminar los beneficios laborales a cambio de no imponer su propio presupuesto.

“En medio de las audiencias de la Cámara, llegó una carta de la junta que decía que la derogación de la Ley de Despido Injustificado debía ser aprobada o de lo contrario la junta iba a eliminar los bonos de Navidad y otras cosas”, dijo el representante Luis Vega Ramos.

Líderes legislativos demandan a la junta de control fiscal

Hernández recordó que cuando se iba a incluir el marco legal dentro de las cláusulas territoriales en la Ley Promesa, había alertado que la “mezcla de política y finanza es tóxica y se van a arrepentir”, y aseguró que el tiempo del dio la razón.

Hay tres argumentos constitucionales. Una de ellas es que la junta debe ser confirmada de acuerdo con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución. Para un caso separado, la juez Laura Taylor Swain dijo la semana pasada que la junta estaba constitucionalmente nombrada. Vega Ramos dijo que el PPD estaba enfatizando en ese punto.

El representante dijo que otro argumento presentado es que Puerto Rico es una forma republicana de gobierno que contiene tres ramas del gobierno, cada una con sus propios deberes y responsabilidades y que los intentos de la junta de imponer políticas públicas violan la doctrina de la separación de poderes.

La juez Swain, sin embargo, ya ha dicho que el Congreso, en virtud de la Cláusula Territorial, tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, y que Promesa faculta a la junta para, entre otras cosas, aprobar los planes y presupuestos fiscales de Puerto Rico y sus instrumentos, anular las acciones ejecutivas y legislativas que son “inconsistentes con los planes y presupuestos fiscales aprobados, y comienzan un procedimiento de tipo bancarrota en una corte federal en nombre de Puerto Rico o sus dependencias”.