Demandan al Gobierno de Estados Unidos para que responda por deuda de Puerto Rico

Por el 24 de Abril de 2018

Varios individuos, sindicatos y grupos cívicos presentaron una demanda en el tribunal federal en Puerto Rico contra el Gobierno de Estados Unidos -en una acción que desafía la constitucionalidad de la junta de control fiscal- para que se responsabilice por la deuda de la isla de $70,000 millones.

La demanda también busca la derogación de todos los planes fiscales que fueron certificados recientemente por la junta creada por la ley federal Promesa; así como una auditoría forense de la deuda pública y la prohibición de la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Sin embargo, Promesa específicamente establece que Estados Unidos no pagará ni se hará responsable por la deuda masiva de Puerto Rico. (Juan Rodríguez/CB)

Este es tercer recurso legal que desafía la constitucionalidad de la junta fiscal. La acción busca medidas cautelares y declaratorias, incluida la determinación de que ciertas disposiciones de la ley Promesa violan las “Primera, Quinta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de Independencia y otros estatutos y los convenios internacionales que rigen a Estados Unidos”.

El documento señala que el establecimiento de una junta de control fiscal con “poderes ejecutivos y legislativos sobre el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, funcionarios electos y residentes es inconstitucional”.

La demanda también alega que “el conflicto de intereses de varios de los miembros de la junta los incapacita para permanecer en la junta, impide cualquier intento de alcanzar los objetivos de Promesa y además constituye una violación del derecho constitucional” al debido proceso de ley de los demandantes y el Pueblo de Puerto Rico”.

El alegato se refiere a los miembros del organismo José Luis González y Carlos García, quienes dirigieron Santander Securities, que estaba involucrado en transacciones de bonos de la isla.

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La demanda también solicita al tribunal una orden para realizar una “auditoría integral, legal y forense urgente” de la deuda pública.

“Afirmamos que retrasar aún más la auditoría solo agravará la crisis socioeconómica de Puerto Rico e impedirá la reorganización fiscal justa y equitativa y el desarrollo equitativo y sostenible y la calidad de vida de los demandantes y el Pueblo de Puerto Rico, que es, al menos en papel, una parte integral de la intención legislativa de Promesa”, lee la demanda.

Una comisión creada en 2015 emitió dos informes preliminares que revelaron infracciones en las prácticas de endeudamiento del ELA y entidades privadas y, por lo tanto, “la auditoría forense y legal es aún más necesaria para explicar el alcance de los delitos potenciales, el fraude y la corrupción sobre la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico, y para identificar específicamente a los que actuaron mal”, reza parte de la reclamación.

El documento además busca que el tribunal incluya al Gobierno de Estados Unidos como parte en la demanda para “no solo asumir un cargo con respecto a los reclamos constitucionales sino también asumir todas y cada una de las responsabilidades constitucionales y legales”.

Sin embargo, Promesa específicamente establece que Estados Unidos no pagará ni se hará responsable por la deuda masiva de Puerto Rico.

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En cuanto a la AEE, la demanda plantea que el ELA prohíba “deshacerse de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico sin antes cumplir con la Constitución de Puerto Rico y el derecho de los demandantes y el Pueblo de Puerto Rico a participar en las decisiones sobre la preservación, gestión y disposición de su servicio esencial más importante”.

La demanda fue presentada por el licenciado René Pinto Lugo; la Concentración Ciudadana Inc. (Vamos); la Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la Autoridad de Edificios Públicos (UEOGAEP); Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas Inc., (Uitice); Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA); Unión de Empleados de Oficina Comercio y Ramas Anexas de Puertos (UEOCRA); Unión de Empleados del Banco de la Vivienda (UEBV); Unión de Empleados Profesionales Independientes (UEPI); Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, (Unete); Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA); y Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE).

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