17 de Octubre de 2017

Denuncian trabas de la junta en investigación de la deuda

Por el 13 de Septiembre de 2017

Un comité de acreedores del Gobierno aseguró ayer al tribunal federal que, contrario a lo que requirió el foro el pasado 22 de agosto, la junta de control fiscal ha sido deficiente en coordinar con el grupo la investigación de la deuda pública de Puerto Rico.

“La junta de supervisión permaneció silente por semanas, solo para venir con una propuesta de trabajo de último minuto (que carece de detalles e incumple con las directrices del tribunal de tratar de distribuir responsabilidades entre la junta y el comité) tarde en la noche del 11 de septiembre”, lee la moción radicada en la noche del martes por el comité oficial de acreedores no asegurados.

Por su parte, la junta sostuvo que está dispuesta a continuar las discusiones con el grupo de acreedores. Sobre el plan de trabajo propuesto, el ente rector aseguró al tribunal que es un documento inicial y abierto a cambios. También indicó que su investigador—John Couriel del bufete Kobre & Kim—tendría un reporte final sobre la pesquisa en o antes de seis meses.

Junta fiscal selecciona a su investigador de la deuda pública

Tras una serie de reuniones con consultores, abogados y miembros del ente rector, el investigador ya estableció el alcance preliminar de la pesquisa, manifestó la junta.

No obstante, el comité de acreedores dijo que el plan de trabajo está lleno de procesos y carece de sustancia. Tampoco incluye qué entidades e individuos serán objeto de la investigación, qué documentos serán requeridos ni las áreas que estarían sujetas a la pesquisa. Asimismo, lejos de dividir los trabajos de la investigación entre la junta y el comité, el proceso sugerido por el ente rector deja sin mayor participación al comité.

Al no lograr avances en las negociaciones y el retraso en los esfuerzos de la junta, el comité insiste en que el tribunal le permita llevar a cabo su propia investigación sobre la deuda de Puerto Rico y el rol de instituciones financieras tales como Banco Popular y Banco Santander, según solicitaron a finales de julio.

Durante una vista el pasado 22 de agosto en torno a la petición del grupo de acreedores, la jueza magistrada Judith Dein—quien tiene a su cargo la disputa sobre la investigación—ordenó a las partes a discutir y acordar aspectos de la investigación que pudieran llevar a cabo en coordinación.

Solo acordaron discutir el asunto nuevamente durante la próxima vista general de los casos de quiebra bajo el Título III de Promesa, la cual tendrá lugar el 4 de octubre en San Juan.

En manos de jueza Swain petición para auditar deuda de Puerto Rico

En su moción, el grupo de acreedores también advierte sobre los intentos infructuosos para obtener información de parte de Banco Popular y Banco Santander. Alegan que abogados de las instituciones financieras no interesan discutir el tema en estos momentos. Sobre el investigador seleccionado por la junta, el comité mostró preocupación sobre posibles conflictos de interés.

Entretanto, la junta asegura que su plan de trabajo mantiene abiertas las líneas de comunicación con el grupo de acreedores, quienes podrán dar sus recomendaciones al investigador de la junta. Asimismo, afirma que compartirá con el comité el material de la investigación.

El grupo que representa a los acreedores no asegurados del Gobierno en el proceso de quiebra incluye actualmente dos uniones, la Federación Americana de Maestros y la Unión Internacional de Empleados de Servicio; el síndico de lo que fue Doral Financial Corp., y las compañías Genesis Security, Puerto Rico Hospital Supply, Total Petroleum, Unitech Engineering, Vitol y Peerless Oil & Chemicals.

Junta propone investigación por etapas

El proceso que propone la junta contempla una investigación por etapas, comenzando de manera “informal”, según establece el protocolo que aprobó el ente rector en mayo. De necesitar utilizar las herramientas legales que provee Promesa—tales como requerimientos de información o “subpoenas”—se podrá hacer una vez la junta declare una investigación formal.

Listo el andamiaje de la junta para ejercer poderes investigativos

En consulta con el comité especial que creó la junta para atender el asunto, el plan de trabajo incluye identificar los testigos, documentos y objetos de la investigación en o antes del 26 de septiembre.

Además de los análisis y otros documentos de las emisiones de deuda pública, el investigador buscaría obtener comunicaciones entre el Gobierno y sus consultores relacionadas a las distintas transacciones. La idea es comenzar los requerimientos de manera voluntaria, antes de recurrir al uso de herramientas legales para forzar la entrega de documentos.

Por otro lado, la junta indica en su moción que el investigador anticipa completar entrevistas de oficiales de Gobierno, banqueros y otros profesionales, dentro de los primeros 60 días de la investigación.

Aunque advierte que la complejidad y alcance del objeto de la investigación -un sinnúmero de emisiones de deuda pública y las reclamaciones relacionadas al proceso- hacen ambicioso el término de 180 días para terminar la pesquisa, la junta indicó que “el investigador independiente está comprometido” a culminar su reporte en o antes de los próximos seis meses.

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