26 de Abril de 2017

Disparar al aire y sus consecuencias penales

Por el 30 de diciembre de 2016

Pasado el Día de Acción de Gracias comienza oficialmente la época navideña junto con las fiestas navideñas, parrandas, centros comerciales llenos a capacidad y demás. Lamentablemente, desde hace unos años la llegada de la Navidad también ha traído consigo el inicio de la campaña de no más balas al aire.

Como recordarán, este movimiento surgió hace unos años como respuesta a varios incidentes de heridos y muertos a consecuencia de balas perdidas, los cuales se repetían año tras año en la madrugada del Día de Año Nuevo. Entre estos, quizás el caso más recordado es el de la joven Karla Michelle Negrón quien murió a consecuencia de una bala perdida que la impactó en la parte posterior de la cabeza mientras compartía con su familia el 31 de diciembre de 2012.

Agraciadamente, durante los últimos años el número de heridos ha disminuido significativamente, e incluso, en la despedida del 2015 no se registró ningún muerto o herido por bala perdida. Sin embargo, no está de más resaltar la peligrosidad de dicha conducta y sus consecuencias.

Por tal motivo, me uno al coro de voces que se expresa a favor de una Despedida de Año sin disparos al aire, y me interesa hacer énfasis en las consecuencias penales a las que se expone la persona que irresponsablemente incurre en esta conducta.

Primeramente, el Artículo 5.15 de la Ley de Armas, Ley 404 del 2000 tipifica como delito grave el “disparar en un sitio público o en cualquier otro sitio donde alguna persona pueda sufrir daño”. De ser encontrado culpable, este delito acarrea una pena fija de 5 años, que de mediar agravantes, podría aumentar hasta 10 años de cárcel.

Pero esto no se queda así. En el 2013 la Ley de Armas fue enmendada para establecer que quien resulte convicto por este delito, no tendrá derecho a probatoria, a libertad bajo palabra, bonificaciones que acorten su condena, etc.

En pocas palabras, de resultar convicto por disparar un arma para la cual usted posee licencia, aunque no hiera a nadie, cumpliría mínimo de 5 años de cárcel. Fuerte, ¿verdad?

La situación anterior se complicaría aún más si, además de ser arrestado por disparar al aire, usted no tiene una licencia de armas expedida por el Superintendente de la Policía. En ese caso, sería acusado por violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas que prohíbe que una persona transporte un arma de fuego sin tener una licencia de armas, o porte un arma de fuego sin tener su permiso para portar armas. Este delito acarrea una pena mínima 10 años, que con agravantes podría llegar hasta 20 años.

Por último, y para agravar aún más la situación, si a consecuencia de usted disparar al aire una persona pierde la vida, podría pasar el resto de su vida en la cárcel.

El Código Penal del 2012, y posteriormente enmendado en el 2014, establece que constituye asesinato en primer grado “toda muerte causada al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor, o en un lugar público o abierto al público, ya sea a un punto determinado o indeterminado, con claro menosprecio de la seguridad pública”.

El asesinato en primer grado conlleva una pena fija de 99 años, con la posibilidad de cualificar para libertad bajo palabra luego de 35 años.

En fin, todo esto nos revela que es demasiado alto el precio a pagar por una conducta que, en mi opinión, no proporciona emoción o entusiasmo alguno.

A diferencia de los fuegos artificiales -que al menos proporcionan la gratificación momentánea de disfrutar de las luces de colores- disparar al aire no proporciona nada más allá de un mero sonido.

Si por otro lado, se trata de la adrenalina de disparar un arma de fuego, toda persona tiene a su disposición el club de tiro de su preferencia para experimentar a plenitud esta sensación. No vale la pena arriesgar su futuro, la tranquilidad de su familia y, sobre todo, la vida de otra persona, participando de una conducta irresponsable que a fin de cuentas no le dará una satisfacción digna del riesgo y las consecuencias que conlleva.

 

El autor se graduó Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de la UPR. Es abogado litigante con práctica estatal y federal en asuntos de derecho civil, contratos, daños y perjuicios, derecho laboral y derecho penal.

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