[DOCUMENTO] Gobierno no garantiza ingresos del plan fiscal por falta de informes auditados

Por el 13 de Febrero de 2018

El Gobierno de Puerto Rico ha presentado nuevamente un plan fiscal revisado que concluye que tendrá un superávit de $3,400 millones para el 2023 al descansar en sobre $70,000 millones en ayuda para desastres y en que se pongan en marcha reformas estructurales.

El plan descansa en $49,100 millones en ayuda federal que espera obtener durante los próximos cinco años y $21,000 millones en reclamaciones a seguros privados. (Juan J. Rodríguez/CB)

No obstante, en la declaración de descargo de responsabilidad o “disclaimer” de la nueva versión del plan fiscal, el Gobierno no garantiza la información sobre los ingresos proyectados hacia el futuro debido a problemas con la información disponible.

“El Gobierno ha tenido que depender de información preliminar y en finanzas no auditadas para el 2015, 2016 y 2017, además de las complejidades inherentes como resultado de un periodo prolongado de falta de transparencia financiera. Como tal, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y el Gobierno han hecho ciertas suposiciones que pueden cambiar materialmente una vez que dichos estados financieros se auditen completamente”, indica el plan.

El mes pasado, el Gobierno entregó a la junta de control fiscal un plan fiscal revisado a cinco años que tomaba en cuenta el impacto negativo del paso del huracán María sobre la economía de Puerto Rico. Ese plan contenía una brecha de $3,000 millones y descansaba en $57,000 millones en ayuda para desastres. El ente rector solicitó nuevas revisiones que, en esencia, proporcionaban información más detallada. El Gobierno entregó el documento ayer, lunes.

El plan retrasa hasta el 2020 la caída del sistema de salud luego de que el Congreso otorgara unos $16,000 millones en ayudas pero no asigna dinero para pagar el servicio de la deuda ni reduce las pensiones, tal y como lo había solicitado la junta fiscal.

El paso del huracán María en septiembre agravó la frágil economía de la isla y la infraestructura. El Gobierno pasó de calcular un superávit de flujo de efectivo de $4,800 millones en el plan fiscal certificado del 13 de marzo de 2017 a uno de $3,400 millones.

“El aumento en la ayuda federal, los impactos positivos de gastos de reconstrucción y las reformas estructurales compensan los impactos negativos del huracán y el aumento del gasto relacionado con los costos del Título III [quiebra]. Un factor que contribuye a la situación es la falta general de acceso a los mercados de capital tradicionales para financiar el crecimiento y los esfuerzos de reconstrucción; a corto plazo, esto se ha mitigado parcialmente con un mayor apoyo federal “, dice el plan.



New fiscal plan for Puerto Rico 2 13 2018 (Text)

El plan descansa en $49,100 millones en ayuda federal que espera obtener durante los próximos cinco años y $21,000 millones en reclamaciones a seguros privados.

“Debido a la aprobación de la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018 el 2 de febrero de 2018 y otros fondos federales otorgados, $12,800 millones de asignaciones suplementarias se incluyen en el nuevo plan fiscal”, dice el documento.

La asignación estimada para Puerto Rico se divide en $11,700 millones en fondos de subvención en bloque para desarrollo comunitario (CDBG) y $1,100 millones en fondos de subvención en bloque para desarrollo comunitario complementario. La aportación del Gobierno a esos costos se estima en $1,400 millones, excluyendo los montos relacionados con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que se abordan en sus respectivos planes fiscales.

“Puerto Rico está solicitando un ajuste de costos compartidos para los programas de FEMA bajo la Ley Stafford al 100%. En la medida en que el costo compartido no sea eliminado por completo, el Gobierno ha solicitado autorización para utilizar los fondos del CDBG-DR para cubrir los requisitos de costos compartidos. Históricamente, FEMA o el Congreso han autorizado un 100% de costo compartido federal para desastres catastróficos como los huracanes Andrew y Katrina”, dice el plan.

El plan establece que habrá una caída del 11% en el producto nacional bruto (PNB) para el año fiscal 2018 pero para 2019 el plan estima un crecimiento de 8.4% en el PNB. En el plan anterior, el crecimiento fue del 7%.

Este crecimiento continuará hasta el 2023 y se estima en 3.5% en 2020; 2.3% en 2021; y 2.1% en 2023.
El crecimiento de los ingresos se estima en -19.8% este año pero crecería en 10.2% en el 2019; en 5.1% en 2020; en 3.8% en el 2021; en 3.3% en el 2222; y en 3.5% en el 2023.

Aunque la junta fiscal aconsejó al Gobierno eliminar incentivos industriales antes de recortar impuestos, el Gobierno mantiene su propuesta de reforma contributiva que reduce las contribuciones de ingresos individuales y corporativos a menos del 30%. El plan también mantiene una propuesta de derogación en el impuesto de negocio a negocio (B2B) y el recorte en el impuesto de ventas a los alimentos preparados al 6%. También mantiene la implantación de la reforma tributaria para diciembre.

El plan además mantiene la propuesta de derogar subsidios a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico (UPR), pero realiza cambios a la reforma de salud.

Para el año fiscal 2018 hasta el 2020, los gastos de salud descansan en $4,800 millones en apoyo federal, difiriendo la caída en los servicios de salud para el 2020. Los aumentos en los ingresos de salud se estiman en $1,800 millones en el año fiscal 2018; $2,400 millones en el  2019; y $ 0.6 mil millones en el año fiscal 2020.

“El precipicio reaparece en el año fiscal 2020 y es igual al promedio de aproximadamente 55% que sería el reembolso del financiamiento federal para las primas del seguro de salud y reclama menos subvenciones restantes”, dice el plan.

En el área laboral, el Gobierno ignoró sugerencias de la junta a favor de cambios adicionales a la legislación laboral para facilitar el hacer negocios en Puerto Rico. La reforma del capital humano contenida en el plan busca crear un próspero sector privado que pueda proporcionar empleos a los residentes de la isla y una estructura de ayudas sociales que promueva que sus beneficiarios regresen al mercado laboral.

La reforma laboral del 2017 redujo las cargas económicas y legales que podían desacelerar o desalentar la creación de empleo, dice el plan. El plan fiscal confía en que la implementación del Crédito Contributivo por Ingreso del Trabajo pueda reducir el número de personas que reciben asistencia social.

El plan fiscal también mantiene su propuesta de municipalización de los servicios. La estrategia se centra en la transición hacia una “estructura de condado” en la que los condados o “counties” desempeñen un papel destacado en la administración de los servicios esenciales que actualmente son prestados por el Gobierno central y los municipios.

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