26 de Septiembre de 2017

[EDITORIAL] Dura verdad en la “Juntaeconomía”

Por el 16 de Marzo de 2017

La dura retórica que la junta creada por la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) utilizó la semana pasada en un intento para que se incluyan medidas extremas en lo que ellos tildaron como un plan fiscal deficiente fue el preámbulo de un consenso esbozado durante un maratónico fin de semana con reuniones entre asesores que cubrieron tanto el plano jurídico como el financiero.

Una cosa es cierta: las horas facturables de los asesores financieros y legales de ambas partes no sufrirán recortes. Para nada. En cambio, el gobernador Ricardo Rosselló compró un poco de tiempo para demostrar que las medidas de su plan fiscal pueden ayudar a eliminar una brecha de $200 millones que conduciría a un cierre del gobierno a finales del año fiscal 2017.

El director de AAFAF, Gerardo Portela, junto al representante del gobierno ante la junta fiscal, Elías Sánchez, durante la quinta reunión pública del ente. (Juan J. Rodríguez/CB)

El director de AAFAF, Gerardo Portela, junto al representante del gobierno ante la junta fiscal, Elías Sánchez, durante la quinta reunión pública del ente. (Juan J. Rodríguez/CB)

Elías Sánchez, quien es el representante de Rosselló ante la junta de control fiscal pero carece de voto, se compromete a trazar una ruta hacia la austeridad. Ya no está cantando el estribillo de Bob Marley  —“get up, stand up, stand up for your rights” (levántate, ponte de pie, defiende tus derechos)— porque él sabe que la administración de Rosselló está obligada por ley a seguir el mapa trazado por la junta. El fuego y el azufre que vienen con las medidas no deben complacer a nadie. Durante el cónclave de Nueva York, la junta enfatizó que el dolor será compartido; todo el mundo tendrá que pagar muchísimo. Acháqueselo a la “Juntaeconomía”.

En ánimo de clemencia, la junta certificó el plan fiscal presentado por la administración de Rosselló porque la alternativa de tierra arrasada —quemar las proyecciones— probablemente habría asegurado la espiral de la muerte de la economía de Puerto Rico, según afirmó el gobierno. Por lo tanto, la junta adaptó sus exigencias para concederle a la administración de Rosselló la oportunidad de demostrar que puede evitar un furlough (una reducción de jornada) si las medidas generadoras de ingresos pueden conseguir los $200 millones que evitarán el colapso del gobierno.

La administración de Rosselló debe demostrar “a través de su presupuesto para el 30 de abril y a través de la implementación de sus medidas que puede generar unos $200 millones adicionales” para evitar la reducción de jornada el 1 de julio de 2017. La junta puede posponer o minimizar la reducción en correlación directa con el éxito de las medidas de liquidez. Felicitamos a la administración de Rosselló por comprar tiempo y a la junta por la paciencia y el espacio para buscar alternativas en un proceso tan complejo como la mitosis celular.

Lo que este periódico no puede tolerar es el autoengaño que apoya la certificación de un plan que presenta una contracción económica negociada del estimado original de 17% de la junta y la lleva a un 2.8% en 2018 con la advertencia en los estados financieros: incluye los ingresos previo a medidas. Sí, previo a medidas —porque la verdad está escondida en algún punto del Apéndice.

[VÍDEO] Junta aprueba plan fiscal para Puerto Rico

Si la junta fiscal aprobó los estimados con ingresos previo a medidas como condición para certificar, debería haber presentado ese descargo de responsabilidad de frente y sin tapujos. Explicar que el consenso sobre un plan, por defectuoso que fuera, era esencial; que la junta quería darle una oportunidad a la administración Rosselló de probar sus proyecciones —como decir “si solo las proyecciones apocalípticas de la junta estuvieran equivocadas”. Sin embargo, el impacto de medidas devastadoras no debe ser ignorado.

El pedido de la junta de recortar la nómina pública en un 20% mediante la suspensión de labores (sin sueldo) para los empleados del gobierno —por sí sola— propiciará una severa contracción económica. Según los estimados del economista Vicente “Chenti” Feliciano que fueron publicados en este periódico hace unos meses, un recorte del 20% en las horas de la semana laboral de los empleados públicos llevaría a la economía a contraerse en un 2%. Añádale a eso las demás medidas y podría suscitarse un colapso de proporciones apocalípticas.

La conferencia de prensa del gobernador —transmitida en vivo y a todo color desde el jardín de La Fortaleza— hizo hincapié en que había mucho trabajo por hacer en el escaso tiempo extra que su administración logró comprar. Si las brigadas de reestructuración del gobernador Rosselló no logran cerrar la brecha de los $200 millones que exigen los juntaeconomistas, los embargos, la pérdida de empleos y el aumento de empresas cerradas podrían caer como fichas de dominó.

Gerardo Portela, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), lo expresó mejor cuando dijo que los retos más serios radican en generar desarrollo económico. Él tiene razón; la próxima lucha debería ser por la creación de empleos.

image_print

You must be logged in to post a comment Login