Economistas afirman que reforma laboral propuesta por junta fiscal tendría impacto negativo

Por el 9 de Mayo de 2018

Ninguna jurisdicción en Estados Unidos, Europa o cualquier otro rincón del mundo ha implementado con éxito las políticas que pretende imponer la junta de control fiscal en Puerto Rico mediante la controversial “Ley de Reforma Laboral de 2018”.

Así lo manifestaron hoy expertos y catedráticos de economía en la primera vista pública de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, presidida por Thomas Rivera Schatz, que evalúa el Proyecto del Senado 919, radicado por petición del ente rector.

Senadores durante la primera vista pública sobre la reforma laboral de la junta de control fiscal. (Suministrada)

El primero en exponer fue el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach. Ante el panel de senadores, Marxuach presentó los hallazgos de estudios realizados por instituciones internacionales, los cuales encontraron que la eliminación de protecciones laborales tiene un efecto negativo.

Las reformas que eliminan protecciones laborales tienden a tener un impacto marginal o negativo cuando se implementan en economías en recesión”, indicó Marxuach, basado en los estudios de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ante este cuadro, el economista con más de 30 años de experiencia recomendó enmendar el P. del S. 919 para descartar todo lo relacionado a la eliminación del bono de Navidad, el ínfimo aumento al salario mínimo y la derogación de la Ley 80 que penaliza el despido injustificado.

Además, recomendó eliminar el artículo que propone reducir a siete días anuales cada licencia de vacaciones y por enfermedad para “analizarlo más a fondo”, pues esta es una de las movidas que “hace menos atractivo el trabajo en el sector formal de la economía”.

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“¿Qué queda del P. del S. 919?”, si se eliminaran estas disposiciones, preguntó entonces Rivera Schatz. “Nada”, contestó Marxuach, y agregó que la evidencia empírica que ha analizado “no concuerda” con la aseveración de la junta en torno a que la reducción de los beneficios marginales de los trabajadores redundará en una mejor economía.

A esta postura se unieron el catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez, Edwin Irizarry Morra, y el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), Ramón Ponte. Ambos concluyeron que esta reforma laboral sería detrimental para la economía de la isla.

Durante la vista pública, Rivera Schatz se mostró particularmente receptivo a los planteamientos de los deponentes, y solicitó que los economistas discutieran su preparación académica y años de experiencia en la economía puertorriqueña “para que el récord refleje las credenciales de cada uno de los deponentes”.

“Poco probable” el aumento salarial

En el segundo panel, el exsecretario del Trabajo, Héctor Hernández Soto, encontró “muy poco probable” que el aumento al salario mínimo –que primero propuso el gobernador Ricardo Rosselló Nevares a cambio de reducir los beneficios marginales– entre en vigor tal y como lo propone la junta fiscal.

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La medida incluye un aumento de 25 centavos al salario mínimo en 2019, para elevarlo así a $7.50 solo a aquellos empleados de 25 años o más. Según Hernández Soto, este aumento representará poco más de $43 mensuales.

El próximo aumento en fila –de $7.50 a $7.75– entraría en vigor cuando la tasa de participación laboral exceda de 45%; esto implica que será necesario un aumento de 133,000 empleos. Para el aumento de $7.75 a $8.00 la tasa de participación laboral debe exceder 50%; lo que implica insertar sobre 269,000 personas adicionales a la clase trabajadora.

Finalmente, el aumento salarial de $8.00 a $8.25 está condicionado a que se alcance en la isla una tasa de participación laboral mayor de 55%. El exsecretario del Trabajo concluyó que sería necesario insertar 405,000 nuevos trabajadores a la fuerza laboral.

“Hace 67 años no tenemos un 50% de tasa de participación laboral”, enfatizó por su parte el también exsecretario del Departamento del Trabajo, Ruy Delgado Zayas. “Me parece que este proyecto no debe aprobarse. No es bueno para los trabajadores y no es bueno para Puerto Rico”, puntualizó.

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  • Yotedigo

    Eso son medidas que profundizan la dedigualdad económica.

    • Yotedigo

      Desigualdad