13 de Diciembre de 2017

[EDITORIAL] Cuánto y dónde

Por el 22 de Junio de 2017

Se acerca la hora de la verdad. Sí, en unos días se supone que tengamos una idea más clara de con cuánto contará cada agencia de gobierno para operar. Y menciono una idea más clara, porque al son que van las cosas, es posible que en algún Olimpo decidan que los mortales no necesitan saber los detalles sino solamente un aproximado de cuánto y dónde se invertirá o gastará nuestro dinero.

Y enfatizo nuestro dinero porque de ahí precisamente parte nuestro derecho de conocer los detalles presupuestarios del Gobierno. Pues el Gobierno no se nutre de un árbol de billetes que crece en el Capitolio o frente a la plazoleta del edificio de Hacienda. Sale, en su mayoría, de los impuestos que pagamos -ricos y pobres- por todo lo que consumimos y gran parte de los servicios que compramos. Sale de los ingresos de las empresas -grandes, medianas y pequeñas-; nuestras y extranjeras, pues el que más o el que menos algo aporta al erario.

Por eso debiéramos poder saber a ciencia cierta cuánto y dónde se invierte o gasta nuestro dinero. Usualmente, la elaboración de los presupuestos se producía entre las agencias y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) junto a los asesores del gobernador. Luego pasaba a la Legislatura donde otro grupo de asesores, quitaban y añadían para satisfacer las exigencias de sus constituyentes. Al final, el documento que era aprobado servía de “guía” para las agencias saber cuánto y dónde podían gastar. La realidad es que siempre se estimaba más de lo que se esperaba tener y se gastaba más de lo presupuestado. Eso como es sabido, es lo que nos trajo donde estamos.

Este año, el proceso es algo distinto. La OGP montó un esqueleto en el que las agencias poco tuvieron que decir. Lo trabajado fue revisado por los asesores de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), sometido a la junta de control fiscal y luego a la Legislatura para que, en un proceso en el que según el propio presidente cameral, ni siquiera ellos están claros de los números, se apruebe esa guía que dirigirá el gasto de las agencias.

El presupuesto según se nos ha dicho, es mayor al del año anterior pero tiene menos dinero disponible para los servicios que, de ordinario, ofrece el Estado. Eso, debido a que gran parte del gasto público tendrá que ir dirigido a pagar las pensiones de los retirados del gobierno ante la quiebra de ese sistema.

No queda claro cómo se hará esa distribución de fondos, sobre todo porque como bien ha consignado la junta de control en su más reciente misiva al gobernador, el plan fiscal que aprobaron afirmando que cumplía con las disposiciones de la ley Promesa, no especifica qué se consideran servicios esenciales. Esa definición es primordial pues una vez tengamos eso claro sabremos que todo lo demás está sujeto a disponibilidad de fondos.

Por ejemplo, si en casa yo establezco que la comida, el pago de la hipoteca y la escuela de los niños es la prioridad, la decisión sobre si contrato un jardinero o extiendo la terraza se hace más sencilla. Todos en la casa entenderán cuando se les diga que de ahora en adelante para mantener el patio limpio, tienen que pasar la máquina ellos mismos. No quiere decir que les guste la decisión, pero es más fácil aceptarla porque es coherente con lo que se estableció como prioridad.

Por eso me parece una buena noticia que el gobernador Ricardo Rosselló anunciara la eliminación del fondo electoral. Para los que no lo sepan, estos son unos $400,000  que se les asignan a los partidos políticos inscritos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para costear sus gastos administrativos. Es decir, es un dinero que se les da a esos partidos para pagar luz, agua, teléfonos, renta y el salario de algunos de sus empleados. Como dato, esa cantidad aumenta a $600,000 en año electoral. En el 2016 los gastos por este concepto ascendieron a $1.6 millones y este año fiscal 2017 fueron otros $1.2 millones.

Este fondo no debe confundirse con el Fondo Voluntario, que en año electoral permite a los partidos inscritos hasta $3 millones en fondos públicos como pareo a los fondos que recauden de forma independiente como parte de sus actividades de recaudación de fondos. Este dinero se utiliza para pagar las campañas eleccionarias.

Sin embargo, no se toca la millonaria estructura de la CEE a la que en este presupuesto se le asignan, de lo que sabemos en este momento, unos $30.6 millones. La CEE es responsable de planificar, organizar, estructurar, dirigir y supervisar el organismo electoral y todos los procedimientos de naturaleza electoral. Pero en años no electorales mantiene una operación más de mantenimiento que de otra cosa. Tal vez, si ese andamiaje se utilizara para dar otros servicios a la ciudadanía como emitir licencias o gestionar permisos, otro fuera el cantar. Eso es lo que quiere decir hacer más con menos.

En estos días, esperamos que informen los detalles del presupuesto que mantuvieron oculto por las pasadas semanas. Esperemos que cuando se analicen las partidas y sus impactos nos demos cuenta de que el Gobierno tenía claro cuáles eran los servicios esenciales y que las asignaciones de gastos reflejan esa coherencia. Es lo menos que podemos esperar como ciudadanos y lo menos que puede hacer un gobierno responsable.

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