28 de Marzo de 2017

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[EDITORIAL] Cuidado: Título III vs. Título VI

Por el 12 de enero de 2017

La ley federal Promesa provee un mapa donde no había ninguno para reestructurar nuestra deuda y reorganizar nuestras finanzas. Sin embargo, la discusión que ha surgido en cuanto a qué camino tomar, ya sea el Título III —que requiere una petición ante un juez, lo que se asemeja a un procedimiento de bancarrota— o el Título VI —que implica negociaciones voluntarias con los acreedores— podría ser la diferencia entre salir de nuestro abismo o sumirnos aún más en él.

Miguel A. Ferrer, publisher de Caribbean Business.

Miguel A. Ferrer, publisher de Caribbean Business.

Optar por el Título III como una primera opción para reestructurar nuestros bonos pendientes generará una verdadera tormenta de demandas que extenderá nuestra inestabilidad por años y costará muchos millones de dólares en honorarios legales. Además, una penalidad de reestructuración indebidamente severa mantendrá el mercado de bonos municipales cerrado para Puerto Rico durante los próximos años.

No podemos arriesgarnos a perder del todo nuestro acceso al financiamiento, una posibilidad real que debemos evitar enfrentar. El Título III es el preludio de una guerra de desgaste entre Puerto Rico y los mercados financieros, representados por quienes nos prestaron fondos para construir aeropuertos, puentes, carreteras y hospitales, en resumen, la infraestructura que nos ayudó a salir de la pobreza severa hasta sobrepasar los estándares del Tercer Mundo. Necesitamos inversiones para mejorar y expandir nuestra infraestructura de manera que sigamos siendo competitivos y poder garantizar la calidad de vida de nuestra gente. Por lo tanto, necesitamos encontrar financiamiento para lograr el crecimiento futuro.

Por el contrario, si tomamos la ruta marcada por el Título VI, un proceso basado en la negociación de buena fe entre tenedores de bonos y el gobierno, podemos evitar muchos de los escollos que ir directamente al Título III produciría. Debemos tener firmemente en mente que cerca de un tercio de los bonos emitidos por Puerto Rico están en manos de los boricuas, quienes pusieron sus ahorros donde estaban sus corazones: en bonos de Puerto Rico. Su ingreso de jubilación, su modo de vida depende en muchos casos del resultado de estas negociaciones. No debemos destruir a Puerto Rico para salvar al gobierno. Por lo tanto, cualquiera que sea la ruta que tomen las negociaciones, es necesario preservar la mayor parte de sus inversiones e ingresos como nos sea posible.

Además, tenga en cuenta que muchos tenedores de bonos recientes compraron bonos con grandes descuentos y no creo que sea apropiado ofrecerles grandes remuneraciones en sus inversiones a expensas de ignorar la necesidad de sumarle recursos a los planes públicos de pensiones, los cuales están quedándose rápidamente sin recursos.

El problema del plan de pensiones debe resolverse sin que caiga totalmente sobre los hombros de los tenedores de bonos que no tienen absolutamente nada que ver con el problema. Este es un problema de Puerto Rico y por lo tanto debe ser atendido. Una alternativa es crear un impuesto justo sobre la propiedad y distribuir parcialmente los fondos a los planes públicos de pensiones, así como parte de los ingresos de la venta de las propiedades del gobierno. Resolver la crisis de las pensiones aliviará una enorme presión que afecta a casi todo el mundo.

Nuestro problema es tan grave que todos los actores de este drama —incluidos los tenedores de bonos, el gobierno y los pensionistas— tendrán que soportar un poco de dolor para llegar a un acuerdo justo y que pueda negociarse rápidamente. Le he adelantado este plan a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Además, nuestro aparato gubernamental necesita ser rentable y estar basado en nuestra realidad.

 

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