27 de Mayo de 2017

[EDITORIAL] La farsa del estatus esta vez

Por el 20 de enero de 2017

El año nuevo comenzó, como se esperaba, con los bombos y platillos de las transiciones en La Fortaleza y en el Capitolio disfrazándose como los precursores de la esperanza que traicionan la verdadera desesperación de “nosotros, el pueblo”. De entrada, en Washington DC, tuvimos un “momento Kodak” de las charadas por venir con la presentación de un proyecto de ley ahora titulado “La Ley de Admisión de Puerto Rico de 2017” (Resolución de la Cámara 260) que finge traer la estadidad o la independencia para Puerto Rico.

Karl Marx tenía razón cuando escribió en la XIII Brumarie de Louis Bonaparte que la historia tiende a repetirse, “la primera vez como una tragedia y la segunda como una farsa”. Un caso perfecto es el de la comisionada residente Jenniffer González presionando al Congreso de los Estados Unidos para que libere a Puerto Rico de su condición colonial al someter un proyecto de ley lleno de ilusiones que ignora las realidades en el Congreso.

Para empezar, González cuenta con asesores vinculados a la administración Clinton para ayudarle a impulsar el Proyecto 260. Estos consultores se ganaron la vida en una época en que los asuntos de Puerto Rico fueron tratados a través del Grupo Interagencial de Trabajo Sobre el Estatus de Puerto Rico. En esos días, Jeffrey Farrow competentemente lideró los asuntos de Puerto Rico. Aunque puso los problemas de Puerto Rico en el radar del presidente Bill Clinton, los dos plebiscitos de estatus de Puerto Rico celebrados en el 1993 y el 1998 no condujeron a nada.

Ambos referéndums, impulsados por el gobernador estadista Pedro Rosselló, condujeron a resultados en gran parte divididos que reflejaban la preferencia del pueblo por el estatus quietus —seudolatín para “conservar el Estado Libre Asociado (ELA)”.

La opción del ELA prevaleció en el 1993 y el público votó por “ninguna de las anteriores” en el 1998 como un voto de protesta del pueblo contra el entonces gobernador Rosselló, que es el padre de ahora gobernador Ricardo Rosselló. El patriarca insistió en celebrar el referéndum en noviembre del 1998 en una isla que estaba hecha trizas tras el devastador paso del huracán Georges. Aquellos que creían que no había mejor momento para promocionar los valores de la ayuda federal no entendieron que las personas sin techos sobre sus cabezas no estaban de humor para una consulta sobre el estatus.

Puerto Rico no puede contratar a las mismas personas involucradas en esos referendos de estatus y esperar un resultado diferente. Para empezar, no tenemos idea de cómo la Casa Blanca, bajo el presidente electo Donald Trump, manejará los asuntos de Puerto Rico. El Grupo Interagencial de Trabajo Sobre el Estado de Puerto Rico, que se ocupó de los asuntos generales de la isla bajo la presidencia de Clinton en la década del 1990, se convirtió en el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca Sobre el Estatus de Puerto Rico —enfocándose más en el estatus— bajo el presidente George W. Bush.

En su más reciente encarnación bajo el expresidente Barack Obama, el Equipo de Trabajo de la Casa Blanca examinó los problemas de desarrollo económico en Puerto Rico que condujeron a la presentación de un informe que incluía, entre otras cosas, una recomendación de que la isla capitalizara la cosecha de la caña de azúcar. Por favor. ¿Y el asunto del estatus? Bien, gracias.

La Casa Blanca ignoró en gran medida los resultados de un referéndum celebrado en 2012 porque el movimiento estadista obtuvo un 46% del total de los votos emitidos; más de 400,000 votantes dejaron sus papeletas en blanco. Los observadores de esa contienda leyeron el resultado como una votación de protesta tergiversada.

Ahora, la comisionada residente ha presentado un proyecto de ley que pretende incluir en el proceso al mismo grupo de trabajo que se ha comportado como un comité superficial que se ocupa de nuestros “irritantes” asuntos.

Poner este proceso en manos de un grupo de trabajo que puede cambiar de forma nuevamente es un error. Poco después de la elección de Trump como el próximo presidente de los Estados Unidos, hubo gente en el Congreso que contempló poner a Puerto Rico bajo la supervisión del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Todo lo que se necesita es una firma del presidente. Mucho ojo.

image_print

You must be logged in to post a comment Login