27 de Mayo de 2017

[EDITORIAL] Legitimidad

Por el 11 de mayo de 2017

El presupuesto de un país es el documento en el que se concretan las políticas públicas de un gobierno. Es el plan de trabajo financiero mediante el cual se establecen las asignaciones de fondos que permiten la operación de las distintas unidades programáticas del gobierno para atender las necesidades de la población.

Tradicionalmente, este documento, que en la práctica se convirtió en un mero marco de referencia para las agencias, se construía en consulta entre las agencias públicas y el equipo económico del gobernador, encabezado por el director o directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Lo usual era que la Junta de Planificación sometiera al Ejecutivo su previsión de crecimiento económico y con eso como base, el Departamento de Hacienda proyectaba sus ingresos. Si por alguna razón la fórmula se quedaba corta para los planes del gobernador, se incluían ingresos adicionales y se sometían a la Legislatura los proyectos de ley necesarios para alcanzarlos.

(Juan J. Rodríguez/CB)

Promesa establece que el “gobierno territorial” debe someter a la junta de control fiscal un presupuesto que cumpla con los parámetros establecidos en el plan fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

Con Promesa, todo eso cambió. La ley impuesta por el Congreso de Estados Unidos dispone que el “gobierno territorial” debe someter a la junta de control fiscal, en el calendario que el ente rector disponga, un presupuesto que cumpla con los parámetros establecidos en el plan fiscal certificado bajo los requerimientos de Promesa.

Eso ocurrió el pasado 30 de abril. El gobierno sometió, o al menos eso afirmaron a la prensa sin publicar el documento, un presupuesto que alegadamente rondaba los $9,300 millones. El calendario establecido por la junta, les autoimponía la fecha del 8 de mayo, para certificar el presupuesto recomendado o solicitar revisiones al Ejecutivo si encontraban que no cumplía con los parámetros impuestos. En esa fecha, también se afirma que entregaron la proyección de ingresos y los informes sobre la liquidez del fondo general. Nada de eso se ha hecho público.

El lunes en la noche, el presidente de la junta de control anunció, en una carta de apenas un párrafo, que otorgaba 14 días adicionales al gobierno para que revisara el plan propuesto antes de que ellos dictasen su sentencia sobre si era aceptable o debían revisarlo.

[EDITORIAL] Más allá del nubarrón

¿Presentó el gobierno un documento incompleto? ¿Incluyeron ingresos o gastos que no iban de acuerdo al plan fiscal certificado con enmiendas el pasado febrero? ¿O es que la junta ha tenido tanto trabajo con el asunto del Capítulo III y los tribunales, que no ha tenido tiempo para revisarlo y le está dando espacio por si acaso quieren cambiar algo de lo que incluyeron luego de pedir la intervención judicial?

No sabemos. No podemos dar el beneficio de la duda al gobierno porque hasta ahora estuvieron diciendo que estaban trabajando con la junta sobre el documento. ¿Se quedaron a mitad de ese proceso y pidieron tiempo adicional?

No sabemos. Y no podemos darles el beneficio de la duda cuando a las preguntas de la prensa sobre las razones para mantener oculto el presupuesto se argumentó que una vez entregado, el presupuesto se convertía en documento federal y para pedirlo había que hacerlo a través del Freedom of Information Act.

La ley Promesa en su artículo 101 (c) dispone que la junta de control “será creada como una entidad dentro del gobierno territorial para el cual se establece” y “no se considerará un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad del gobierno federal”.

Si no es una agencia federal, entonces deben aplicarles las leyes del territorio, que en este caso disponen que todo documento producido por el gobierno se presupone público salvo contadas excepciones. De hecho, esta administración en su Orden Ejecutiva número 10 establece que se presume público toda información pública, entre la que detallan estudios y transacciones del gobierno, así como los presupuestos.

[EDITORIAL] Fe

Sin embargo, el problema no radica necesariamente en que mantengan oculto el documento, la verdad es que tarde o temprano lo tendrán que publicar. El problema es que en un ambiente de tanta incertidumbre como este, las acciones del gobierno deben ir dirigidas a minimizar las dudas y afianzar la fe del pueblo en sus instituciones.

Si el gobierno desea que el país sea empático con las medidas que tendrá que imponer como consecuencia de la situación fiscal, debe aprender la máxima utilizada por los mejores expertos en manejo de crisis: mantener un flujo de información constante, veraz y objetiva. Solo recobrando la credibilidad de sus constituyentes el gobierno podrá legitimar las acciones que serán necesarias para salir de la crisis. De lo contrario, estaremos viendo solo el comienzo de varios años de más incertidumbre y confrontación.

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