23 de Mayo de 2017

[EDITORIAL] No hay tiempo para “Ricitos de Oro”

Por el 13 de febrero de 2017

A medida que la junta de control fiscal de Promesa lidia con la austeridad, apenas hay tiempo para una economía tipo Ricitos de Oro: “esta es demasiado barata, esta es demasiado cara, esta es la perfecta”. Ese es el sentir de la mayoría de los acreedores observando el proceso, quienes ven el cálculo de cifras creíbles moviéndose a un ritmo glacial.

José Carrión, presidente de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

José Carrión, presidente de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

La frustración es tal que algunos republicanos en el Congreso han llamado al presidente de la junta, José Carrión III, para que obtenga numeros creíbles y proceda a entrar al Título VI para iniciar el cierre de los acuerdos consensuales. Con calma, por favor. En su defensa, Carrión está dirigiendo un proceso bastante delicado que se apoya en las implicaciones políticas y, si se maneja incorrectamente, podría encender llamas capaces de arrasar con todo.

Javier Ortiz, un veterano ejecutivo de tecnología que recientemente terminó un periodo de meses como miembro del equipo de transición del presidente Donald Trump en Washington, DC y está muy bien informado sobre los problemas habidos en la carrera para aprobar la ley Promesa, le dijo a Caribbean Business: “Un ‘startup’ nunca es fácil. Lo que la gente debe recordar es que lo que Promesa intenta hacer nunca se ha hecho [de esa manera] anteriormente bajo la ley de los Estados Unidos y hay un proceso [envuelto]. La expectativa de que estén plenamente informados al segundo día y se pongan a trabajar no es razonable”, dijo.

Por lo tanto, los miembros de la junta todavía están descifrando las cosas; estos no son siete sabios que tienen un entendimiento divino de la crisis de la deuda de Puerto Rico. Algunas de las personas en el Congreso que ayudaron a crear el proyecto de ley de Promesa apuntan a los preceptos antidemocráticos de la junta de control como una preocupación clave que obliga a la junta a permitirle al gobernador que someta números creíbles y un plan fiscal antes de ordenar cualquier acción. Sin embargo, ellos llaman “territorial” —no “federal”— a la junta porque a algunos miembros del Congreso les preocupa que muchos municipios en dificultades hagan una fila india y toquen a la puerta para pedir medidas similares.

Sin embargo, hay miembros del Partido Republicano en el Congreso que están preocupados por el ritmo y hay una clara posibilidad de que se llevarán a cabo vistas de supervisión para medir el funcionamiento de la junta. Intentar negociar la deuda de 18 grupos de acreedores diferentes puede ser una tarea abrumadora.

De hecho, un acreedor vinculado al grupo de tenedores de bonos de obligación general (GOs, en inglés) a quien este periódico le preguntó sobre lo que pensaba sobre la ejecución de la junta de control, respondió: “Absolutamente de acuerdo”, tomando prestada una frase clásica del exentrenador de los Tampa Bay Buccaneers que hacía alusión al terrible desempeño de su equipo.

Los tenedores de bonos GOs están enfrascados en una brutal lucha con los tenedores de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Los tenedores de GOs alegan que todos sus derechos constitucionales de crédito en que se les pague primero están siendo violados; que a los acreedores Cofina se les paga de manera ilícita. El gobierno de Puerto Rico les ha pagado en su totalidad a los acreedores de Cofina porque su deuda está titulizada por el dinero que proviene del impuesto a la venta y uso (IVU) que ingresa en las arcas del fiduciario Banco Popular.

Si las cosas fueran como ellos quieren, los tenedores de GOs quisieran ver el grifo de crédito de Cofina bien cerrado. “Págame primero, mi crédito es mejor que el crédito de ellos” se ha convertido en su credo. La junta aún no ha tomado una postura en ese revolú porque tiene que poner sus guayabas en orden, o al menos tratar de lograr que algunos grupos de acreedores lleguen a acuerdos consensuales. Pero, una vez más, se están moviendo con cautela ya que la fecha límite para que gobernador Ricardo Rosselló presente un plan fiscal se ha aplazado hasta el 28 de febrero.

Perdida en la confluencia de tantos intereses está la virtual inexistencia de medidas de desarrollo económico provenientes del Congreso de los Estados Unidos.

En el 1997 la junta de control en Washington, DC buscó enmiendas para ayudar a obtener paridad en fondos Medicaid y costear las obligaciones de las pensiones a manera de proporcionar ayuda. Si lo mismo se hace para Puerto Rico, ¿conducirá al crecimiento económico sostenible?

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