22 de Septiembre de 2017

[EDITORIAL] Por una reforma contributiva justa

Por el 17 de agosto de 2017

“Esta administración lleva meses trabajando en el borrador de esa reforma, esperemos que en esta ocasión se logren los cambios que necesita el país”. (iStock)

Dicen por ahí, creo que con mucha razón, que la historia hay que conocerla para evitar repetirla. A veces pienso que en este país, o tenemos una memoria histórica muy corta o nos gusta repetir para quedarnos en el mismo sitio.

De cualquier forma, hagamos un esfuerzo para recordar hechos no tan lejanos.

Desde que se agudizó la crisis fiscal del Gobierno se ha tratado de echar mano de las estrategias más fáciles de entender para el ciudadano, pero más difíciles de implementar y que produzcan resultados reales al erario. Una de esas estrategias es la trillada ofensiva contra el evasor contributivo.

Veamos algunos ejemplos:

Marzo del 2010 – El entonces secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, (hoy asesor por contrato en esa misma agencia) anunciaba la presentación de 2,006 embargos por $108 millones en menos de un mes como parte de su campaña para aumentar recaudos atajando la evasión contributiva. En la vista pública donde hizo el anuncio, mencionó que tras un análisis identificaron 10 tipos de contribuyentes con mayor posibilidad de evasión, entre los que se destacan los individuos con propiedades cuyo valor excede los $300,000 con ingresos informados de menos de $5,000, corporaciones que reclaman pérdidas consecutivas por más de cinco años y los comerciantes que informaron ventas significativamente diferentes en las planillas del IVU y de contribución sobre ingresos.

Poco después anunciaron el proyecto denominado Inteligencia Tributaria, que buscaba identificar casos atípicos en los que la investigación determinaba que existía potencialidad de evasión contributiva. No sé si recuerdan que se presentaron además unos casos de profesiones que eran más propensas a reportar menos ingresos de los que en realidad tenían.

En aquel momento se dijo que Hacienda pondría su mira en aquellos que adquirieron propiedades con valor excedente a los $300,000, pero que reportaron ingresos menores a $50,000 anuales o no radicaron planillas de contribución sobre ingresos.

Se estableció un programa de “Divulgación Voluntaria” para que los contribuyentes morosos pudieran ponerse al día con Hacienda y evitar así ser referidos al Departamento de Justicia.

En el 2012, se estableció una iniciativa para que los ciudadanos reportaran cuando conocían o sospechaban que alguien estaba evadiendo el pago de impuestos.

Para octubre del 2014, la exsecretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo, anunciaba ocho referidos a Justicia por evasión contributiva contra corporaciones por la apropiación ilegal de aproximadamente $8.3 millones de fondos públicos. La campaña de cerrar comercios que no estaban pagando lo que les correspondía en IVU fue intensa durante ese cuatrienio.

Para el 2016, el entonces titular de Hacienda, Juan Zaragoza, anunciaba la también confiscación de propiedades personales como autos, casas y botes a quienes no cumplieran con su responsabilidad contributiva.

Esta semana, el nuevo secretario Raúl Maldonado afina los detalles de la nueva reforma contributiva (la tercera en una década) y  vuelve a levantar el tema de la evasión. Unos 10,000 contribuyentes de altos ingresos tienen identificados como que reportan menos de lo que en realidad reciben.

La realidad es que en la mayoría de los casos, estos contribuyentes se valen de los propios espacios que provee el Código de Rentas Internas para no pagar como corresponde. Por eso, si bien es importante la fiscalización, esta debe ir acompañada de un código justo y simple que permita al contribuyente deducir lo necesario, pero con las cortapisas para evitar que algunos se pasen de listo.

Es a eso a lo que debe ir dirigida la reforma que trabaja el Gobierno. A establecer un andamiaje legal justo que no penalice el éxito y el trabajo, ni deje la carga mayor en el asalariado.

Es en ese balance que radicará una reforma contributiva exitosa. No es posible que con tantas mentes privilegiadas en este país no hayamos podido ser capaces de establecer una ley contributiva que promueva el desarrollo económico y haga justicia a los contribuyentes. Esta administración lleva meses trabajando en el borrador de esa reforma, esperemos que en esta ocasión se logren los cambios que necesita el país.

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