17 de Enero de 2017

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[EDITORIAL] Sin tiempo para el lechón

Por el 9 de diciembre de 2016

El gobernador electo Ricardo Rosselló no tendrá ningún problema contrarrestando los excesos del Día de Acción de Gracias y del lechón con morcillas que abundan en las Navidades ya que él no se detiene ni un momento mientras trata de cumplir con varias importantes fechas límite que se acercan durante su administración. De camino viene un ominoso “Maturity Wall” de $2,000 millones en febrero de 2017.

Mientras tanto, él debe jugar el juego de la anticipación —lento como un suero de brea— ya que la junta de control fiscal debe esperar hasta el 15 de diciembre para recibir enmiendas a un plan fiscal presentado por la administración de Alejandro García Padilla antes de hacerse cargo del proceso y darle al gobernador entrante una oportunidad para trabajar en el plan. Es preciso que Rosselló actúe con sentido de urgencia.

Con ese propósito su administración ha reclutado equipos de empleados públicos dentro de las agencias gubernamentales para que recopilen datos financieros capaces de ayudar a discernir la situación fiscal del ELA. Tiene hasta el 31 de enero, fecha límite para que la junta de control certifique el plan final que Rosselló debe seguir mientras intenta gobernar en tiempos de Promesa. Los datos crudos confiables son esenciales para convencer a la junta de control y que permita algunos de los hitos que él ha incluido en su tortuoso mapa hacia a la recuperación. ¡A ponerse el cinturón de seguridad!

Durante una entrevista exclusiva llevada a cabo entre sesiones de la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) en Washington, DC, Rosselló le dijo a Caribbean Business que su esfuerzo en pro de la transparencia es esencial para que miembros de ambos bandos en el Congreso y los funcionarios del Tesoro estadounidense se unan con el fin de ayudar a Puerto Rico a superar su déficit de financiamiento a corto plazo.

Rosselló aprovechó el foro de los gobernadores para hablar sobre los retos que enfrenta Puerto Rico en el ámbito de Obamacare. La NGA hizo pública su intención de tener un papel muy activo en el cabildeo para obrar cambios en Obamacare.

Aunque parece improbable que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) sea derogada por completo, hay muchos republicanos en el Congreso que desean que los costos se reduzcan considerablemente. Esa filosofía fiscalmente conservadora atenta contra la difícil situación que Puerto Rico busca corregir —55% del dinero de la isla para el cuidado de la salud proviene de fondos federales, en comparación con el estado más pobre de la nación, Mississippi, que recibe un 84% en fondos federales para cubrir a su población medico-indigente. Si recibiéramos trato equitativo, Puerto Rico recibiría unos $5,000 millones en fondos adicionales para el cuidado médico universal.

Bajo Obamacare, la administración del exgobernador Luis Fortuño optó por recibir una subvención en bloque de unos $5,700 millones a ser distribuidos a lo largo de ocho años. Puerto Rico habrá agotado sus fondos ACA cuando llegue el primer trimestre 2018. Para el gobierno de Rosselló es una prioridad llenar ese gran agujero en la salud.

Esta semana, el Congreso envió una carta dirigida a los gobernadores y a los comisionados de salud para invitarles a ofrecer sugerencias para ayudar a mejorar Obamacare.

La carta leía: “Ya que Obamacare sigue abrumando a los pacientes con menos opciones, mayores costos y montañas de mandatos, es evidente que deben efectuarse importantes reformas de salud con miras a fortalecer y mejorar el cuidado de salud para todos los estadounidenses”. Mediante una iniciativa titulada “Una mejor manera” para el cuidado de la salud, la misiva exhorta a los gobernadores a brindar comentarios y sugerencias por escrito —sobre una serie de asuntos que van desde exenciones hasta cubiertas patrocinadas por los patronos— no más tarde del 6 de enero de 2017. Feliz Día de Reyes.

Rosselló tiene ante sí una oportunidad para averiguar cómo las exenciones pueden ayudar a prestar servicios bajo un Obamacare revisado. Un buen paso en la dirección correcta sería mejorar significativamente el uso de los Récords Electrónicos de Salud, que apenas alcanzan un insignificante 10% en la isla. La población médicamente indigente de Puerto Rico merece algo mejor.

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