23 de Julio de 2017

[EDITORIAL] Una sopa de planes fiscales

Por el 24 de Febrero de 2017

Como tantos periódicos dominicales, los borradores de los planes fiscales de cinco entidades cubiertas —la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec)— fueron tirados recientemente frente a las puertas de La Fortaleza para que los revisaran antes de ser entregados a la junta de control fiscal.

La sopa de mapas fiscales llegó justo a tiempo ya que son catalizadores esenciales para dar inicio a la reestructuración de la deuda y ajustes a las operaciones. Abróchense los cinturones de seguridad; el viaje no va a ser nada fácil.

Los observadores de la lotería de Promesa en el Congreso esperan que los planes contengan números creíbles y medidas de austeridad para reducir las pérdidas. Los congresistas dicen que debe lidiarse primero con la austeridad y “entonces podemos discutir los incentivos para el desarrollo económico”. Cuidado; el paciente está en estado critico.

Las maltrechas agencias de Puerto Rico, encabezadas por la quebrada AEE, necesitan desesperadamente una revisión. La moribunda corporación pública carga sobre sus hombros una deuda de $9,000 millones que retrasa su transformación. Como protagonista tenemos un acuerdo de apoyo a la reestructuración (RSA, en inglés), un titánico acuerdo con los tenedores de bonos al detal, los prestamistas de líneas de combustible y las aseguradoras de bono que fue confeccionado con pactos raídos y que podría deshacerse rápidamente si el gobierno de Puerto Rico sigue “traqueteando” con él.

Las recomendaciones contenidas en el mapa de la AEE —un plan de recursos integrados que contempla la modernización de las plantas eléctricas anticuadas y una integración más eficiente de las energías renovables— están siendo demoradas por el RSA porque el acuerdo es lo que se quiere, pero tiene un costo. Nosotros, los residentes de la isla, pagaremos un alza de tarifa para titulizar un intercambio de bonos que es un componente vital de ese acuerdo.

El borrador del plan fiscal obtenido por Caribbean Business supuestamente aborda algunas de las observaciones —eliminar el aumento de la tarifa de electricidad y esparcir la exposición de las aseguradoras de emisiones de bonos— hechas por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el asesor financiero Rothschild.

Sin embargo, al momento de redactar este escrito no está claro si se mantendrían las recomendaciones originales para aliviar la carga de las fianzas de las aseguradoras de emisiones de valores con un tope de $442 millones y si la AEE compartirá parte del dolor por encima de ese tope. La fianza se fija para ser substituida en un periodo de nueve años, comenzando en el tercer año después de que la titulización cierra bajo ciertas condiciones.

En una columna publicada recientemente en la edición impresa de este periódico, el economista Vicente Feliciano destaca que el plan fiscal de la AEE hace muy poco para lidiar con los severamente sobrecargados planes de pensiones. Él tiene razón y ese es el gigantesco tema tabú del que nadie habla.

Los estados financieros de la AEE obtenidos por Caribbean Businessindicaban que las pensiones le cuestan $39 millones al mes a la corporación pública. El enorme drenaje en las finanzas de la AEE se remonta a las pensiones “Cadillac”, el retiro de familias enteras subvencionado por el estado.

Una fuente con conocimiento de las finanzas de la AEE le dijo a este medio que nadie quiere lidiar con el tema de las pensiones en este momento; quieren lidiar con la deuda a través del Título VI de Promesa y luego manejar el problema de las pensiones mediante legislación que va abriéndose paso en El Capitolio.

Los republicanos en el Congreso quieren que se cierre el acuerdo de la AEE a toda costa. Basta con mirar el trabajo de la comisionada residente, Jenniffer González, en el Congreso para encontrar señales de ambivalencia en cuanto al desarrollo económico de Puerto Rico. El miembro no votante de la isla en el Congreso tiene coauspiciadores solo en un proyecto de creación de empleos, la llamada Ley de Empleo presentada por el senador Marco Rubio (R-Fla.). Es un comienzo demasiado escaso para un crecimiento sostenible.

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