22 de Septiembre de 2017

[EDITORIAL] Vamos a despegar

Por el 31 de agosto de 2017

Puerto Rico no está en posición de dejar pasar ninguna oportunidad. Los funcionarios encargados deben darle la prioridad que estas iniciativas requieren para garantizar su desarrollo. (iStock)

Seguramente usted no lo recuerde, pero corrían los primeros días de diciembre cuando el entonces director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José Ortiz, le consignaba a la prensa durante las vistas de transición en el 2012, que la agencia había contemplado aumentar la tarifa de agua en un 4% pero que el gobernador Luis Fortuño lo detuvo.

En su lugar, el mandatario autorizó que se tomara una línea de crédito – sí de esas que ahora nos tiene en el tribunal y por las que el Gobierno federal nos impuso una junta sobre el gobierno electo– para evitar el incremento en ese momento. La decisión era comprensible desde el punto de vista político, bastante complicado estaba ya el panorama con la Ley 7 y sus consecuencias para los servidores públicos. La oposición tenía suficientes municiones en contra del gobernante como para regalarle una más.

Ortiz incluso consignó que la propuesta para privatizar algunos de los procesos en la corporación pública había sido rechazada por el representante del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en el Comité de las Alianzas Público Privadas.

Ortiz anticipaba un déficit en la corporación de sobre $400 millones.

No habían pasado dos meses desde que el gobernador Alejandro García Padilla entró a Fortaleza, cuando su director de la AAA, Alberto Lázaro, le informó que el aumento en las tarifas era inevitable. El aumento fue de un 40%. El plan original era para que luego del primer incremento se mantuvieran pequeñas alzas anuales para evitar que el cantazo fuera más grande al final del camino. Pero como sabemos, eso no ocurrió. Se estableció que el próximo aumento sería en el 2018.

Cuando el gobierno de Ricardo Rosselló trabajó el plan fiscal de la AAA, trató de evitar que se aumentara la tarifa a los abonados residenciales. La junta no le compró la propuesta y les ordenó rehacer el plan para que el alza se dividiera entre todos los abonados de la Autoridad.

Esta semana, quien escucha la radio y lee algunos diarios podría pensar que el aumento en la tarifa de agua cayó del cielo. Eso no es correcto. Es un aumento que, como ocurre con tantos otros asuntos en el país, se pospuso por varios gobiernos por razones políticas. A ningún gobernante le gusta decirles a sus constituyentes que tienen que pagar más. Menos cuando el servicio no es el más eficiente o cuando se está cerca de una elección general.

Una situación muy similar ocurre con los sistemas de pensiones y con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y con el problema de la basura, y siga usted añadiendo a la lista. El problema con procrastinar en estos casos es que al final, el aumento viene como quiera, pero mayor porque ya se han ido acumulando las necesidades y todo cuesta más.

Hago todo el recuento porque este es el problema eterno del Gobierno de Puerto Rico.

No tomamos decisiones a tiempo para atender los problemas que nos aquejan y cuando aparecen oportunidades positivas, les damos tantas vueltas que las dejamos pasar.

Durante las pasadas décadas, Puerto Rico ha tenido varias oportunidades para establecer una base sólida que nos permita el crecimiento económico, pero las ha desaprovechado.

Pudimos utilizar la llegada de las empresas 936 para solidificar la base industrial local pero no lo hicimos. Pudimos acelerar la construcción y operación del puerto de Ponce como puerto de trasbordo pero lo dejamos pasar.

En la historia de portada de esta edición, el experto Jerónimo Lectora nos advierte que, si bien la isla tiene las condiciones para convertirse en un enclave aéreo de carga y pasajeros, la ventana de oportunidad no estará ahí para siempre. Anticipa que la competencia es grande y, si en los próximos meses no se trabaja de forma estratégica y concertada con el Gobierno federal para lograr el marco legal necesario para establecernos como “hub”, se nos irá la guagua de nuevo.

Puerto Rico no está en posición de dejar pasar ninguna oportunidad. Los funcionarios encargados deben darle la prioridad que estas iniciativas requieren para garantizar su desarrollo. Está en nuestras manos dar seguimiento hasta lograr el cometido. Debemos terminar de una vez y por todas con nuestra manía de procrastinar.

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