28 de Abril de 2017

¿El principio del fin?

Por el 21 de octubre de 2016

Los primeros días de Puerto Rico en los “Tiempos de la supervisión” —el retorno a un gobierno de Puerto Rico para la junta y por la junta— ha tenido un comienzo bastante escabroso marcado por metas establecidas a un ritmo muy lento.

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Date prisa y espera”, sería un lema apto para la junta de control fiscal. Las personas que trabajan tras bastidores habían puesto en marcha una búsqueda para conseguir un director ejecutivo hace casi seis semanas, cuando le hicieron un acercamiento a Bill Cooper, el director del Subcomité de Energía y Recursos Minerales y principal asesor de política pública de Rob Bishop (R-Utah), quien fue fundamental en la redacción de gran parte del lenguaje incluido en la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

En una entrevista exclusiva con Caribbean Business, Cooper confirmó que le habían hecho un acercamiento para medir su disponibilidad para el puesto. Ahora lo está reconsiderando. Por lo tanto, la “búsqueda ejecutiva” se ha extendido. Marc Kaufman, un experto en reestructuración conocido por su trabajo reorganizando la deuda de Harrisburg, Pennsylvania, y Fernando Batlle, el otrora vicepresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la administración del exgobernador, Luis Fortuño, figuran entre algunos de los nombres mencionados en el Congreso. Durante el segundo cónclave de la junta, que se celebró en Nueva York la semana pasada, el presidente del organismo dijo a los presentes que el director ejecutivo debe seleccionarse no más tarde del 15 de enero de 2017.

Atrasar la selección hasta esa fecha ha puesto en marcha un movimiento entre los acreedores con miras a enmendar la ley Promesa y ejercer presión para que la suspensión en las demandas se extienda por seis meses adicionales.

Un documento obtenido por este periódico indica que algunos grupos del bando de los acreedores contemplan enmiendas a Promesa para fortalecer el lenguaje en el Título III relacionado a la reestructuración de la deuda y extender la suspensión en las demandas según estipulado en la Sección 405: Suspensión Automática tras la Promulgación.

Durante un panel moderado por Caribbean Business en la Conferencia de Revitalización de Puerto Rico en Nueva York, auspiciada por la Asociación de Instituciones de Garantía Financiera, Eric Cantor, exlíder de la mayoría en la Cámara, confirmó que había preocupación entre los acreedores de que la frase “incapacidad de pago” fuera sustituida por “negativa de pago” en el Título III.

También dejó entrever que podría haber preocupación de que la suspensión en las demandas expira un mes después que juramente el nuevo gobernador de Puerto Rico. Cantor, quien es el vicepresidente de Moelis & Co., asesores de ciertos acreedores en sus demandas contra Puerto Rico, dice que “hay problemas en cuanto a la duración de la suspensión dado el tiempo que le ha tomado la junta el entrar en funciones”.

La suspensión en las demandas contenida en el Título IV expira a mediados de febrero de 2017 y cualquiera de los principales candidatos a gobernador que salga electo — sea David Bernier, que es pro ELA, o Ricardo Rosselló, que es pro-estadidad— tomará posesión del cargo el 3 de enero de 2017. Las aseguradoras de bonos temen que un mes es una ventana precariamente apretada con una junta que vuela a ciegas, apenas cumpliendo con las formalidades, mientras los buitres acechan en espera de que expire la suspensión de Promesa. Al momento de redactar este escrito ya hay un caso en corte ante el juez federal Francisco Besosa que ha unido cuatro casos de acreedores que retan la suspensión de Promesa con el argumento de que la moratoria de deuda del ELA viola la Ley Promesa en sí.

Las enmiendas a Promesa para extender la suspensión podrían ayudar a evitar un aluvión de demandas. Si la suspensión expira y entramos en litigios a tutiplén, entonces ¿cuál habrá sido el punto de toda esa legislación?

Si bien es cierto que Puerto Rico tiene una brecha fiscal de $58,000 millones, lo último que nuestro pueblo necesita es verse afectado aún más por demandas que podrían costarle al gobierno cientos de millones de dólares en gastos legales y administrativos.

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