23 de Noviembre de 2017

Empinado el camino para acuerdo de reestructuración entre BGF y acreedores

Por el 26 de Octubre de 2017

En la foto, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento y representante del gobernador Ricardo Rosselló ante la junta fiscal, Christian Sobrino. (Jaime Rivera/CB)

A juicio del presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, hace falta un panorama más claro después del huracán María antes de tomar cualquier decisión en torno al futuro del acuerdo de reestructuración que suscribió el banco con un grupo de sus acreedores.

“Tomar una decisión acelerada y decir ‘pasó el huracán, hay municipios que quedaron muy mal, ya se acabo el acuerdo’, no sería responsable”, dijo recientemente el funcionario a CB en Español sobre el arreglo que depende en gran medida de la capacidad financiera de los municipios en repagar los préstamos que mantienen con el BGF.

El también representante del Gobierno ante la junta de control fiscal añadió que el Gobierno está “en una situación de esperar para que cualquier determinación que se tome [sobre el acuerdo] sea basada en hechos, en un panorama de política pública contributiva y económica que sea más certero a lo que hay ahora mismo”.

El pasado 15 de mayo, el Gobierno anunció la firma de un acuerdo (RSA en inglés) para reestructurar los casi $3,765 millones en deuda del banco, a través del Título VI de la ley federal Promesa. Este último permite un proceso de reestructuración consensuado entre la entidad y una mayoría de sus acreedores, sujeto al visto bueno de la junta y el tribunal federal.

Gobierno anuncia acuerdo de reestructuración para el BGF

Luego de obtener el aval inicial de la junta el 14 de julio, lo próximo era completar un proceso de votación por parte de los acreedores, para después llevar el acuerdo ante la consideración del tribunal federal. Según el pacto, el objetivo era culminar estos procesos en o antes del 15 de septiembre.

Esto no ocurrió y el pasado 20 de octubre, las partes extendieron varias fechas límites para mantener viva la transacción. El proceso de votación deberá ahora culminar en o antes del 20 de diciembre. El aval subsiguiente por parte del tribunal deberá ocurrir en o antes del 9 de enero.

El camino luce empinado para materializar el único acuerdo que el Gobierno tiene hasta el momento activo bajo el Título VI de Promesa. Dos fuentes indicaron por separado que ante los escollos para materializar la transacción de manera consensuada, el BGF se acerca cada vez más a un proceso de quiebra bajo el Título III de la ley federal.

Por su parte, Sobrino asegura que al día de hoy, un proceso de quiebra en el tribunal para el BGF permanece fuera de la mesa.

Adicional a la reestructuración de la deuda del BGF, el pacto también dispone el pago de honorarios y gastos relacionados para los abogados y asesores que participaron en la confección inicial del RSA. (Archivo)

“No es necesario. Tenemos un acuerdo con los acreedores. Los retos que se han hecho a ese acuerdo hasta ahora hemos prevalecido. Todas las partes interesadas entienden que el enfoque [inmediato] del gobierno central y los municipios es respuesta y rescate. Así que no hay una presión que requiera empujar al BGF a un Título III como sería una demanda o algo por el estilo”, manifestó el también abogado.

Recientemente, un tribunal de primera instancia falló a favor del BGF en una acción entablada por el municipio de San Juan para detener el RSA. Al igual que San Juan, otros municipios han mostrado una férrea oposición al arreglo.

El RSA propone un intercambio: la deuda existente del BGF por tres nuevos tipos de bonos. Los recortes al principal fluctuarían entre el 25% y 45%, dependiendo cuál de los tres instrumentos se elija. Los activos del banco —en particular la cartera de préstamos municipales y la venta de algunas propiedades inmuebles del BGF— pagarían por el servicio de deuda de los nuevos bonos.

“Claramente, este huracán tuvo un impacto en el gobierno central—que todavía habían préstamos del gobierno central y corporaciones públicas dentro del ‘pool’ de activos. También tuvo un impacto en el proceso que se iba a utilizar para vender las propiedades inmuebles [del BGF]”, añadió Sobrino.

Sobre la venta de propiedades mencionó que “los procesos” que estaban en curso permanecen paralizados “para darle tiempo a todas las partes a licitar”.

En cuanto a los municipios y su condición financiera después de María, tanto Sobrino como el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Gerardo Portela, aceptaron que los ayuntamientos son clave en el proceso, por lo que se analiza constantemente su situación.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló conversa con el director de AAFAF, Gerardo Portela. (Juan José Rodríguez)

“Sabemos que el ‘driver’ principal [de la transacción] es la cartera de [préstamos a] municipios, que siempre han sido ‘performers’, no solo con el BGF, sino que también con la banca privada”, dijo Portela.

En el caso del presidente del BGF, enfatizó que “hay muchos fondos que ellos [los municipios] están utilizando para la recuperación que van a ser reembolsados por FEMA”.

Ambos funcionarios reiteraron que después de María, la intención continúa siendo completar la transacción según pactada.

Según una comunicación reciente del fideicomisario del BGF, Wilmington Trust, unos 390 acreedores del banco —dueños de casi $2,370 millones de la deuda— han firmado el acuerdo hasta el momento. Solamente nueve depositantes, incluyendo siete municipios, han hecho lo propio.

Adicional a la reestructuración de la deuda del BGF, el pacto también dispone el pago de honorarios y gastos relacionados para los abogados y asesores que participaron en la confección inicial del RSA. Estos incluyen a Davis Polk y Ducera Partners, asesores legales y financieros, respectivamente, del Grupo Ad Hoc de Bonistas del BGF, al igual que el ex presidente del BGF, Jorge Irizarry, y Carlos Rodríguez, quienes asesoran al grupo Bonistas del Patio.

Tras el anuncio del arreglo en mayo, CB en Español preguntó por la cantidad de dinero que se destinaría para el pago de honorarios y gastos, pero el BGF dijo en aquel momento que aún no se había determinado.

image_print