18 de Diciembre de 2017

En manos de jueza Swain petición para auditar deuda de Puerto Rico

Por el 21 de Julio de 2017

Por meses, sino años, un sinnúmero de grupos de interés, ciudadanos y políticos han pedido incansablemente que se audite la deuda de Puerto Rico. Tanto el Gobierno como la junta de control fiscal han manifestado que la validez de tal ejercicio y sus hallazgos solamente reside en un tribunal.

En la tarde de hoy (viernes), la jueza federal Laura Taylor Swain recibió una petición formal para que ordene un proceso de investigación sobre las emisiones de deuda del Gobierno y el rol de instituciones financieras tales como Banco Santander y Banco Popular, al igual que entidades públicas como el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

(Archivo)

La moción fue presentada por un comité que representa oficialmente a los acreedores no asegurados del Gobierno en los casos de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de Promesa. El grupo incluye dos uniones de empleados, compañías tales como Genesis Security, Puerto Rico Hospital Supply, Total Petroleum y Unitech, y hasta acreedores de lo que fue en su día Doral Bank.

Además de cualquier acto o práctica indebida, algunos de los aspectos que el grupo interesa investigar incluyen el análisis por parte de las entidades sobre el crédito de Puerto Rico, la estructura y constitucionalidad de Cofina, la posibilidad de conflictos de interés y el límite constitucional de deuda.

Según la moción, la meta es determinar si existen hechos o causas de acción que puedan llevar a invalidar o subordinar algunas de las obligaciones por concepto de deuda del Gobierno.

El grupo propone una investigación que comience con una extensa producción de documentos por parte de Santander, Popular y el BGF, y que abarque toda comunicación, análisis y material relacionado a las emisiones de deuda del ELA y la venta subsiguiente de estos bonos a inversionistas locales y extranjeros. Aseguran que intentaron comunicarse con los abogados de los bancos y el BGF, pero estos rechazaron producir la documentación a la que piden acceso.

Designan comités de retirados y acreedores no asegurados

El grupo argumenta que las prácticas relacionadas a las distintas emisiones de bonos del Gobierno —cuyo principal sobrepasa hoy día los $73,000 millones—llevaron a Puerto Rico al abismo en el que se encuentra. Para ellos es indispensable investigar si se emitió deuda de manera ilegal o impropia.

“Los ciudadanos de Puerto Rico, y más importante aun los acreedores no asegurados de los casos de Título III, merecen contestaciones sobre qué ocurrió y merecen contestaciones de una entidad independiente con el poder de arrojar luz sobre los rincones más oscuros de las instituciones financieras privadas y públicas de Puerto Rico”, lee el documento.

Añade que sin una investigación como esta, nunca se completará la reestructuración de la deuda de la isla.

Específicamente, el grupo cuestiona la posibilidad de conflictos de intereses de las personas e instituciones responsables de emitir, suscribir y vender bonos de Puerto Rico, particularmente de aquellas personas que han trabajado en el pasado tanto en el BGF como en las instituciones financieras que mencionan. Esto último se conoce como la “puerta giratoria”.

Aunque no menciona nombres, la moción identifica por lo menos a ocho personas que pudieron haber tenido conflicto por sus trabajos tanto en el Gobierno como en los bancos que asistieron y participaron en las distintas emisiones de deuda.

Mientras, el grupo también levanta banderas sobre la posible emisión y creación de instrumentos financieros para evadir los límites de la deuda que establece la Constitución del ELA. Específicamente, menciona Cofina y los distintos cuestionamientos que rodean a la estructura creada en el 2006, así como la emisión de $3,500 millones en bonos de obligaciones generales (“GOs” en inglés) del 2014 y si esta transacción cumplió con los límites constitucionales de deuda garantizada por la constitución del ELA.

Listo el andamiaje de la junta para ejercer poderes investigativos

Asimismo, el grupo desea establecer si se engañó a las cooperativas para que estas adquirieran bonos del Gobierno, a pesar de que esto afectaría su estabilidad financiera.

En el caso particular de Santander y Popular, el grupo de acreedores interesa que se investigue si estas entidades y sus oficiales actuaron negligentemente o si conocían los riesgos asociados a estas transacciones previo a llevarlas a cabo. La moción añade que estos bancos generaron una cantidad significativa de dinero en cargos relacionados a estas transacciones y buscan establecer si realizaron estas gestiones intencionalmente para lucrarse de manera indebida.

El próximo 9 de agosto, la jueza Swain sostendrá una nueva vista general sobre los casos de Título III del Gobierno. Se desconoce en estos momentos si el tribunal atenderá en esta vista la moción presentada por el grupo de acreedores no asegurados.



Petición Auditoría Deuda Jueza Swain (Text)

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  • Alvin A. Almodóvar

    Hace unas 2 horas, Carmen Martínez escribió, y CITO:
    “Aquí se va a destapar una caja de Pandora”.