16 de Diciembre de 2017

Engranan cabildeo para pedir nombrar a Puerto Rico como jurisdicción doméstica

Por el 28 de Noviembre de 2017

Líderes del sector privado e industrial cerraron filas con la administración del gobernador Ricardo Rosselló para pedir que Puerto Rico sea declarado una jurisdicción doméstica en la propuesta de reforma contributiva que se discute en el Congreso federal.

La decisión, que según el presidente de la Asociación de Industriales (AIPR), Rodrigo Masses es “porque no hay de otra” para prevenir una debacle económica, implica un cambio en el paradigma jurídico de Puerto Rico que siempre ha sido una jurisdicción foránea para propósitos contributivos. De hecho, ser una entidad extranjera para propósitos contributivos es parte del concepto de autogobierno que ha disfrutado Puerto Rico por décadas como Estado Libre Asociado.

Sin embargo, el gobernador no pudo explicar claramente cómo la isla se podría diferenciar de los otros 50 estados a la hora de atraer inversiones, si se convierte en jurisdicción doméstica para propósitos contributivos.

El gobernador Ricardo Rosselló explicó que si en efecto Puerto Rico desea crear empleos, debe formar parte de los Estados Unidos como jurisdicción doméstica para tener instrumentos de desarrollo económico que sirvan para crecer y mantener su base industrial. (Jaime Rivera/CB)

El gobernador Ricardo Rosselló explicó que si en efecto Puerto Rico desea crear empleos, debe formar parte de los Estados Unidos como jurisdicción doméstica para tener instrumentos de desarrollo económico que sirvan para crecer y mantener su base industrial. (Jaime Rivera/CB)

Rosselló dijo que contrario al pasado en que compañías americanas que se establecieron en Puerto Rico se beneficiaron con ciertos incentivos contributivos por ser la isla una jurisdicción foránea para propósitos contributivos, bajo la propuesta reforma contributiva, las compañías en jurisdicciones domésticas saldrían mucho más beneficiadas, pues lo que se aspira es que subsidiarias americanas en países extranjeros regresen a los Estados Unidos.

“Lo que aspira hacer esta reforma contributiva es cambiar totalmente el juego. En el pasado la ventaja estaba en algunos incentivos que se daban por estar fuera de los Estados Unidos. Esta reforma lo que hace es que traer el incentivo; traer el dulce hacia los Estados Unidos para que se puedan establecer las compañías, las industrias y se puedan crear empleos en los Estados Unidos. Por lo tanto, es importante que cuando tengamos una discusión sobre esto, hacer referencias a modelos del pasado simplemente es inefectivo”, dijo Rosselló en conferencia de prensa con líderes del sector privado e industrial.

Ya la Cámara aprobó su versión de reforma contributiva que impone un 20% a las importaciones que van de Puerto Rico a los Estados Unidos pero está pendiente su consideración por parte del Senado, que también impactaría negativamente al sector industrial de la isla, dijo el gobernador. Luego de que aprueben en ambos cuerpos iría a comité de conferencia para trabajar una versión única de la propuesta reforma.

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Rosselló explicó que si en efecto Puerto Rico desea crear empleos, debe formar parte de los Estados Unidos como jurisdicción doméstica para tener instrumentos de desarrollo económico que sirvan para crecer y mantener su base industrial.

“Al ver que ahora el juego es que estados de la nación tengan una ventaja, Puerto Rico solicita ese trato igual con las otras jurisdicciones de los Estados Unidos”, sostuvo el gobernador.

Cabildeo con tres propósitos

Como parte de la propuesta de cabildeo en el Senado, cuya propuesta de reforma contributiva podría aprobarse en las próximas semanas, el gobierno y el sector privado pedirán que se excluya a la isla de impuestos en tres áreas por ser territorio americano.

La primera consiste en excluir a Puerto Rico del impuesto de 12.5% sobre las patentes y propiedad intelectual que se le adjudicaría a las firmas en jurisdicciones foráneas.

“Esta exclusión sería el mismo trato que tiene Michigan, que tiene Nueva York, que tiene Georgia; que tiene cualquiera de los otros estados. Los que no están excluidos son las jurisdicciones foráneas”, dijo el primer ejecutivo.

El gobernador también pidió que se excluyera a la isla de la llamada “erosión de base contributiva” que tendría un impacto de 10% que también se está imponiendo a ciertas transacciones hechas por firmas americanas en jurisdicciones foráneas.

En tercer lugar, el gobierno pide que la isla sea considerado como un “free trade zone” para tener derecho al 40% del crédito de la nómina y a 50% del crédito en investigación y desarrollo.

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“Estos componentes lo que están haciendo es atemperando a la realidad de Puerto Rico a nuevos juegos que se proponen a nivel federal: que exista una ventaja en los Estados Unidos para estas compañías”, indicó.

El estar fuera de la reforma sería devastador para sobre 240,000 empleos “y ahora con el impacto de María podría ser mayor”, dijo el gobernador, quien fue enfático en insistir que Puerto Rico estaría en peligro si no lo tratan igual que al resto de los estados.

Hace más de un año se aprobó Promesa para imponer una junta de control fiscal a la isla para lidiar con la crisis financiera así como crear instrumentos de desarrollo económico.

“Si Puerto Rico no es incluido de manera explícita, como lo estamos detallando, en este proyecto, va en contra de lo que se estaría haciendo con cualquier iniciativa de desarrollo económico porque nos quita esos instrumentos de desarrollo económico y va a competir directamente con cualquier recurso que podamos tener a nivel federal para reconstruir a Puerto Rico porque lacera nuestra base económica”, aseveró.

Por su parte, Masses dijo que Puerto Rico debe proteger “más que nunca su manufactura” para poderse recuperar de la devastación dejada por el huracán María.

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A preguntas en torno al ambiente en Washington para aprobar las enmiendas a la pieza legislativa, Rosselló dijo que es uno complejo, pues muchos grupos abogan para ser escuchados y que el reto mayor estriba en que el tema de Puerto Rico no sea ignorado junto a todas las consecuencias devastadoras a la economía. Sin embargo, también dijo que ninguno de los congresistas con quienes ha hablado se opone a la inclusión de Puerto Rico.

“El juego cambió. Tratar de decir que esto es una (Sección) 936 simplemente es falso y equivocado porque ahora el incentivo es estar dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos” dijo el gobernador en referencia a la desaparecida sección que daba incentivos a subsidiarias americanas en la isla.

¿Diferendos entre el gobernador y la comisionada residente?

En varias ocasiones, Rosselló destacó que entre él y la comisionada residente Jenniffer González no hay diferencias en torno a la propuesta de reforma contributiva, ya que ambos desean que se le dé a la isla un trato justo e igual. Dijo que el plan de la comisionada de traer “enterprise zones” son propuestas agregadas a las del gobierno.

“Sé que hay discusiones pequeñas pero ni para la comisionada residente ni para mí esas consideraciones son importantes. Algunas personas siempre van a tratar de tergiversar todo, pero lo cierto es que nosotros estamos enfocados en que Puerto Rico salga mejor posicionado de este esfuerzo”, sentenció el primer ejecutivo.

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No obstante, aseguró que las tres propuestas que su administración ha identificado son las que logran mantener la base económica. “Vamos a trabajar con la comisionada para lograr el objetivo de traer más empleos, mas industria a Puerto Rico y fortalecer la base económica”.

Ante comentarios de González sobre que en Washington no se aprobará nada que se parezca a una Sección 936, el gobernador dijo que no lo era. “Si es jazz, esta propuesta es la música clásica”, dijo Rosselló.

Hoy, Puerto Rico compite con otras jurisdicciones foráneas, pero es tratado como jurisdicción doméstica para propósitos de leyes laborales y ambientales. El gobernador dijo que de declararse a la isla como una jurisdicción doméstica, “nos pone en ventaja competitiva al resto de las jurisdicciones foráneas. Eso nos permite traer más empleos a los Estados Unidos porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos”, anticipó.

Masses, de otra parte, no pudo explicar como la inclusión como jurisdicción doméstica en la reforma contributiva impactará a companias que no son subsidiarias americanas. Estas son unas tres o cuatro, de unas 40 firmas de ciencias vivas en la isla.

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