21 de Agosto de 2017

Enmiendas al Código Penal podrían terminar en los tribunales

Por el 18 de mayoo de 2017

¿Hasta dónde llega la libertad de expresión?

Esta es una de las preguntas primordiales al evaluar las enmiendas propuestas por el gobierno de Ricardo Rosselló al Código Penal que buscan penalizar desde las interrupciones a todo tipo de reuniones “mediante fuerza, intimidación o violencia”, la paralización de obras de construcción con permisos y las intervenciones en actividades turísticas, hasta la fijación o pintura de todo tipo de mensajes en edificios públicos y privados sin autorización.

Con el Proyecto de la Cámara 743, que se anticipa se convierta en ley esta semana, también será un delito incitar a la violencia “por cualquier medio”, incluyendo los medios de comunicación y obstruir las labores en instituciones educativas públicas, de salud o del gobierno. Si la obstrucción se diera utilizando una capucha, los ciudadanos se exponen a una pena de tres años de cárcel.

Por un lado, el abogado Frank Torres Viada, con experiencia en la práctica civil y criminal, considera que las enmiendas propuestas por el Ejecutivo expresan ”vicios de inconstitucionalidad” porque poseen la “intención clara de suprimir la expresión ciudadana en distintos contextos”.

Encapuchado durante el Paro Nacional del 1 de mayo. (Juan J. Rodríguez/CB)

“El gran problema que tienen es que están específicamente diseñadas para tratar de silenciar unas porciones particulares de la población en Puerto Rico y eso, de entrada, es ilegal. La muestra más clara de eso son las expresiones del presidente del Senado [Thomas Rivera Schatz], que admitió casi descaradamente que estaban dándole trámite acelerado a la aprobación de estas enmiendas al Código Penal para usarlas en contra de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con la expectativa de que se abrieran los portones”, declaró el letrado.

Torres Viada sostuvo que prohibir la paralización de labores en instituciones educativas podría “chocar” con lo resuelto en el caso UPR versus Laborde. En este caso, el abogado defendió a los acusados y dijo que se determinó que, si bien los estudiantes no tienen derecho a huelga por esta palabra tener un contexto obrero patronal, sí tienen derecho a protestar y la legislación en disputa “pone trabas excesivas a la protesta”.

Al haber una línea tan fina entre el acto que se quiere penalizar y el derecho a la libertad de expresión, el abogado consideró que las enmiendas pecan también por su vaguedad y amplitud excesiva. “No hay una definición clara y específica de la conducta que está siendo tipificada como delito y en ese sentido esa vaguedad puede acarrear la inconstitucionalidad”.

Rivera Schatz quiere aplicar Código Penal de forma inmediata por universitarios

También existe un precedente para la prohibición de pegar carteles en el caso Pueblo Versus Juan Mari Bras, dijo el abogado Julio Fontanet, director y fundador del Proyecto Inocencia de la Universidad Interamericana. “No se pueden prohibir pasquines políticos en propiedad pública. Ese estatuto es contrario a la jurisprudencia y a conceptos básicos de que la libertad de expresión goza de una gran protección”, sostuvo el letrado, que afirmó que en ocasiones esta es la única forma en que ciertos sectores pueden expresarse ante limitaciones de dinero para difundir anuncios pagados en otros medios.

Sin embargo, para el presidente de la Asociación de Abogados, Héctor Pérez, “ninguna de estas enmiendas penalizan la protesta”, ya que las manifestaciones siguen estando “permitidas, son legales, legítimas y muchas veces son necesarias”.

“Es razonable esperar que el estado proteja el trabajo, la función educativa de las escuelas, la función legislativa y la capacidad para prestar servicios de salud. En la medida en que se interrumpan, se saboteen, se impidan esos servicios, que son servicios primarios, se estaría violando un derecho a un servicio que el gobierno o alguna entidad privada tiene que prestar y eso sería bien perjudicial para los ciudadanos”, explicó el abogado a CB en Español.

Pérez entendió razonable penalizar la violencia en las manifestaciones, o la interrupción al tráfico, al paso y las labores, ya que se trata de interferir en el “derecho” de otros ciudadanos que quieren estudiar o trabajar y difieren de la manifestación. “La protesta está bien, pero no se puede llevar al extremo”.

Amnistía Internacional denuncia enmiendas al Código Penal de Puerto Rico

Lo que sí criticó el presidente de la Asociación de Abogados fueron las expresiones de Rivera Schatz en las que justifica que un policía detenga a una persona por el mero hecho de estar encapuchada y le pregunte sobre las razones para cubrirse el rostro. “Eso ya está en línea amarilla. Si un policía me pregunta [por qué está encapuchado sin estar cometiendo un delito], no tengo por qué contestar. Eso no creo que sea correcto”.

Para Fontanet, el uso de capuchas en manifestaciones en Puerto Rico viene acompañado de una larga historia de persecución política y carpetas, por lo que habría que poner en perspectiva las razones del estado para prohibirles a los ciudadanos que se cubran el rostro.

“Las manifestaciones tienen un costo, pero ese es el costo de vivir en una sociedad democrática que atesora la libertad de expresión. En países donde hay dictaduras fundamentalistas, no existe la libertad de expresión y hacer eso [algunas de las actividades que ahora se penalizan con las enmiendas al Código Penal] conlleva ser arrestado, ser procesado… Hay que preguntarse entonces en qué tipo de país uno quiere vivir”, concluyó.

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