19 de Julio de 2018

Envían nueva ronda de cartas sobre la quiebra de Puerto Rico

Por el 18 de Agosto de 2017

El Gobierno anunció ayer el envío de una nueva ronda de cartas sobre el proceso de quiebra de Puerto Rico, esta vez con relación al caso de Título III de la Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno y la Judicatura (ASR).

Se espera que las notificaciones lleguen a más de 400,000 personas, o “potenciales acreedores”, que incluyen suplidores, participantes de los sistemas de retiro y pensionados, según informó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“Durante los próximos días, todos los acreedores incluidos en el listado estarán recibiendo por correo la notificación oficial de que el Sistema de Retiro ha iniciado un procedimiento de reestructuración de sus deudas conforme al Título III de Promesa”, lee el comunicado de Aafaf.

El agente fiscal añadió que las cartas son un “aviso informativo” y no requieren en estos momentos acción por parte de las personas que la reciban.

Se espera que más adelante, el Gobierno presente ante el tribunal un listado revisado de los acreedores de la ASR, que incluirá las cantidades que la entidad debe a cada acreedor. En ese momento, aquellas personas que figuren en la lista estarán recibiendo una nueva misiva con esta información.

Confusión entre ciudadanos por cartas que notifican la quiebra del Gobierno

Según el comunicado de Aafaf, se puede obtener información adicional comunicándose vía telefónica a los siguientes números: (844) 822-9231 (llamadas gratuitas en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico) o (646) 486-7944 (llamadas internacionales).

A principios del pasado mes de mayo, el Gobierno de Puerto Rico comenzó —a través de la junta fiscal— los casos de quiebra bajo el Título III de Promesa y que ya incluyen al gobierno central, Cofina, ASR, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El proceso protege al Gobierno de acciones de cobro por parte de acreedores, al aplicar una suspensión de demandas o “stay” a las acciones legales en contra del Estado.

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