19 de Octubre de 2017

Estudiantes piden revisión de demanda contra UPR

Por el 20 de abril de 2017

Varios alumnos que radicaron una demanda contra el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), presentaron hoy un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el que cuestionan la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no conceder su petición de injunction preliminar y mandamus para que se abran los portones de la institución, los cuales permanecen cerrados desde finales de marzo.

Los estudiantes Anamar Menéndez González, Astrid Burgos Nieves, Rosaima E. Rivera Serrano, Carlos Vicente Villegas del Valle y Gabriela Firpi Morales, de la Escuela de Derecho, y Edwin Francisco Rivera Otero, de la Facultad de Administración de Empresas del recinto presentaron la demanda contra los funcionarios el 31 de marzo solicitando la expedición de un remedio de manera inmediata para que se garantice acceso al recinto y se determine que la administración de la UPR no tiene la autoridad de impedir el libre acceso al recinto.

A raíz de la vista celebrada el 4 de abril, la jueza Lauracelis Roque Arroyo determinó no conceder el injunction preliminar, expresando en su Sentencia Parcial que “lo cierto es que la Rectora tiene dicha responsabilidad [mantener los portones abiertos], ésta también tiene las responsabilidad de cumplir con la política institucional dirigida a manejar este tipo de situaciones”.

Además, se mostró una escasez de utilización de recursos internos en el proceso de resolver el conflicto, al igual que falta de seguimiento al tramo de su misiva.

En el recurso legal de 28 páginas, los demandantes plantean que el Tribunal de Primera Instancia erró en no conceder el recurso de mandamus tras determinar que “la UPR está tomando acciones afirmativas conducentes a cumplir con su deber ministerial de mantener la Universidad abierta”, pues entienden que la institución postsecundaria no pudo establecer la existencia de un proceso de mediación que incluya a estudiantes en contra del paro.

“Durante el turno de contrainterrogatorio que efectuó el representante legal de los Peticionarios, la Rectora Interina aceptó que ninguno de los demandantes era parte del supuesto proceso de mediación, amparándose en una supuesta confidencialidad del proceso y un acuerdo a esos efectos. Sin embargo, nunca se presentó dicho acuerdo ni se ha presentado aún”, reza parte del recurso legal que plantea, además, que la rectora interina “más allá de apostar al diálogo”, no demostró la existencia de otras gestiones para reabrir los portones del recinto riopedrense.

Presidenta de la UPR detalla efectos de la huelga estudiantil

Otro de los errores que levantaron los estudiantes opuestos al cierre de la UPR guarda relación a la posición del Tribunal en torno a la Política de Convivencia que favorece el proceso de diálogo y que fue uno de los puntos considerados por la jueza Roque Arroyo para denegar las solicitudes el pasado 7 de abril.

“Debemos tener presente que la política institucional sobre convivencia es un documento muy general que no hace expresión alguna a casos como el que vive actualmente la Universidad. Esta política no hace mención alguna a paros y huelgas”, señalaron los estudiantes en el documento. Además, plantean que históricamente, la UPR no ha manejado correctamente esta situación.

Por último, los alumnos citan los requisitos esbozados por el Tribunal Supremo en UPR v. Laborde, -caso en el que la Universidad demandó a los representantes estudiantiles durante la huelga de 2010 para ordenarle abrir los portones- para argumentar que procedía la concesión del recurso de injunction, pues entienden que la institución se expone a “acciones drásticas por su incumplimiento” de impartir clases, toda vez que el cierre de portones continúa vigente.

“Según ha determinado nuestro Tribunal Supremo, los estudiantes de la UPR tienen una relación contractual con dicha institución. La obligación principal de la UPR bajo dicho contrato es proveer la educación que le prometió a sus estudiantes como parte de su oferta académica. Este derecho contractual de los estudiantes de la UPR a recibir la educación que su Universidad se comprometió a proveer no admite menoscabo a manos de ‘ningún grupo de estudiantes, oficial o no, sea una mayoría o minoría’ [.]”

A pesar de que los demandantes reconocen que la autoridad universitaria goza de deferencia a la hora de lidiar con situaciones sobre actividades expresivas en la UPR, enfatizan que “las omisiones de dicha institución ha ocasionado que permanezca inoperante desde el 28 de marzo, incumpliendo así tanto con su obligación contractual principal con los estudiantes como con su misión educativa”.

El Tribunal Supremo fue claro en Laborde al expresar que “el derecho a protestar de [las personas llevando la ‘huelga’] y aquellos que piensan como ellos es incuestionable. A lo que no tienen derecho es a obligar a los demás a unirse a su protesta”, puntualizaron los estudiantes en el recurso de revisión.

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