16 de Agosto de 2018

Exigen más garras para la Comisión de Energía en privatización de la AEE

Por el 19 de Marzo de 2018
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Varios miembros de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado, entre ellos su presidente Larry Seilhamer, solicitaron al Gobierno proveer más garras a la Comisión de Energía (CEPR) en el proceso de privatización de la débil Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que analiza la Legislatura.

A estos fines, Seilhamer propuso enmendar el Proyecto del Senado 860 para disponer que la CEPR no podrá ser eliminada del proceso de supervisión para garantizar el cumplimiento de los contratos. Tampoco podrá ser impedida de revisar y aprobar las tarifas aplicables “a cualquier servicio regulado que se provea bajo un Contrato de Alianza”.

Larry Seilhamer (chaqueta azul) es el vicepresidente del Senado y además preside la Comisión Especial de Asuntos de Energía. (Suministrada)

El lenguaje del proyecto de tan solo 18 páginas dicta que, “tras la consumación de cualquier transacción de la AEE”, la CEPR podrá supervisar y revisar estas dos áreas “excepto según se disponga en el Contrato de Alianza”, lo que daría paso a la posibilidad de que los contratantes decidan excluir este poder de fiscalización.

“No hay objeción, en principio, a que se enmiende el lenguaje”, respondió el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, a la propuesta del también vicepresidente del Senado para establecer que la facultad de la CEPR no sea menoscabada.

Por otro lado, Sobrino afirmó que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas no tendría oposición a que la CEPR ofrezca asistencia técnica al Comité de Alianza encargado de evaluar y aprobar cada transacción de la AEE. Sin embargo, fue enfático en que el ente regulador no tendrá participación o voto en la aprobación de las mismas.

Requerir la aprobación de la [CEPR] sería contraproducente, dilataría innecesariamente los procesos y aumentaría significativamente los gastos gubernamentales”, explicó Sobrino.

El P. del S. 860 dispone que cada transacción de la AEE deberá ser aprobada por el Comité de Alianza, la Junta de Directores de la Autoridad de las APP y la Junta de Gobierno de la AEE.

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Ante esto, el portavoz de la delegación popular en el Senado, Eduardo Bhatia, argumentó que en otras privatizaciones –como el caso del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) en 2011 y la venta de los activos de la Telefónica– los reguladores avalaron las transacciones.

Aquí el regulador no tiene que aprobar nada, el regulador entra después. Eso es un error […] porque la [CEPR] está reglamentada en ley al día de hoy para hacer un Plan Integrado de Recursos, para crear el camino, la maqueta y a dónde es que va Puerto Rico. […] La idea de que el regulador entre después no tiene ningún sentido. El regulador tiene que entrar antes y tiene que decir [que] dentro de la transacción se tienen que dar estos fenómenos”, sostuvo.

La idea fue descartada tanto por Sobrino como por el director ejecutivo de la Autoridad para las APP, Omar Marrero, al puntualizar que el proceso de privatización tendrá suficientes evaluadores para asegurar su transparencia. La medida establece que la CEPR no tendrá autoridad para alterar o enmendar contratos.

Critican consolidación de la CEPR

Entretanto, el senador independentista Juan Dalmau cuestionó durante la vista pública que el plan de reorganización que consolida la CEPR dispone que el presidente de la Junta Reglamentadora de Servicio Público podrá dejar sin efecto decisiones de los negociados, entre ellos el propuesto Negociado de Energía.

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Para Dalmau, esto provocaría que se coloque “en manos de un ente político –porque lo nombran cuerpos políticos– una determinación que viene de un grupo técnico de expertos en el tema energético”.

“Mi preocupación es que, al final del camino, lo único que puede retener el que se vaya a imponer un aumento en la facturación por consumo de energía eléctrica se está dejando sin efecto para efectos de este proceso de privatización. Es decir, no hay protección alguna para el consumidor”, planteó Dalmau.

Sobrino, por su parte, aseguró que la “intención del Ejecutivo cuando presente el proyecto derogatorio que tiene que acompañar ese plan de reorganización, según la Ley del Nuevo Gobierno, es que en el caso del Negociado de Energía no exista esa revisión administrativa”.

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