23 de Julio de 2017

Experto de la ONU advierte sobre grave impacto de la austeridad en Puerto Rico

Por el 9 de enero de 2017

El Experto Independiente de Naciones Unidas sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, hizo un enérgico reclamo para que se atienda la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico, advirtiendo que un alza en las medidas de austeridad lacerarían los derechos humanos de los residentes y empeoraría los niveles ya “intolerables” de pobreza en el territorio de Estados Unidos.

En un comunicado de prensa, el experto en deuda externa de la Oficina de Alto Comisionado de la ONU, exhortó a que se adopte una reducción significativa de la deuda para alcanzar niveles financieros y sociales sostenibles al tiempo que solicitó a Estados Unidos una invitación para realizar una visita de investigación en la isla.

“Asegurar la estabilidad financiera, controlar la deuda pública y reducir los déficits presupuestarios constituyen objetivos importantes, pero no deberían lograrse a expensas de los derechos humanos”, señaló el experto en una declaración detallada sobre la crisis.

La población no puede quedar como rehén de prácticas irresponsables de toma y otorgamiento de préstamos realizadas el pasado”, enfatizó Bohoslavsky, reconocido abogado argentino quien trabajó muy de cerca el tema de la reestructuración de las finanzas públicas en Grecia, específicamente el tema de la ilegitimidad de parte de la deuda y el porciento del presupuesto que se utiliza al servicio de ella.

“La economía debería servir a las personas, no al revés. Las pérdidas deben ser distribuidas equitativamente. Los tenedores de bonos, incluidos los inversores en fondos de alto riesgo, deben asumir su parte equitativa de las pérdidas”, apuntó el experto.

De acuerdo a Bohoslavsky, la junta de control fiscal para Puerto Rico debe asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales no se vean afectados al dar prioridad absoluta a los derechos de los acreedores y la imposición de una austeridad excesiva.

El relator destacó las recomendaciones del grupo de trabajo del Congreso de los Estados Unidos a favor de un financiamiento federal más justo de los programas de seguro de salud y mayores créditos fiscales para las familias.

“La reducción de la carga impositiva de las familias con hijos es una de las muchas medidas que se requieren para combatir los niveles intolerables de pobreza en Puerto Rico”, dijo el Experto Independiente, subrayando que casi el 60% de los niños en la isla vive en la pobreza.

“El plan fiscal de Puerto Rico necesita prevenir mayores daños a aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Las medidas de reforma deben garantizar la protección de los derechos a la salud, a la alimentación, vivienda y seguridad social”, indicó.

“Sencillamente, la isla no puede afrontar mayores niveles de austeridad”, resaltó Bohoslavsky. “Después de 10 años de depresión económica, nuevos recortes en el gasto no contribuirán a una recuperación económica sino que acelerarán la emigración y perjudicarán la provisión servicios públicos esenciales”.

El experto recalcó el particular efecto de la crisis de la deuda en las personas con discapacidades y señaló que los residentes en Puerto Rico reciben en promedio $74 al mes por concepto de ayuda federal para gastos de manutención, en comparación con los $540 promedio que se reciben en la parte continental de los Estados Unidos.

“El costo real de la vida no justifica esas diferencias en la ayuda pública”, expuso. “Según el derecho internacional, los Estados Unidos son responsables de asegurar que los derechos sociales de todas las personas que viven bajo su jurisdicción sean totalmente protegidos, sin ningún tipo de discriminación”, acotó.

Dos años en comunicación con Puerto Rico

Por su parte, la directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Annette Martínez-Orabona, reaccionó a los señalamientos del experto independiente, declaraciones que responden a una petición directa que realizó su organización en conjunto con la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamerica, quienes se han mantenido en comunicación constante por los pasados dos años.

“Llamamos la atención de Juan Pablo sobre la deuda de Puerto Rico y los efectos que está teniendo sobre los derechos humanos de nuestra población. Estuvimos suministrándole nuestras propias investigaciones y de otras organizaciones y solicitándole que actuara de alguna forma sobre la situación de Puerto Rico. Le pedimos que se pronunciara sobre la situación de derechos humanos que está ligada con el tema de la deuda y que solicitara una visita oficial a Puerto Rico para que pudiera ver de primera mano la situación”, expresó Martínez-Orabona.

La directiva consideró que las declaraciones del relator, que fueron apoyadas por primera vez por cuatro expertos adicionales, se dirigen mayormente a que la junta fiscal no permita que el bienestar del país continúe en detrimento a costa de las exigencias particulares de los acreedores.

No es la primera vez que un ente de derecho internacional solicita una visita oficial a Puerto Rico.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió acceso a la isla en su última audiencia pública realizada en abril de 2016.

Por primera vez en la historia, las expresiones de Bohoslavsky fueron apoyadas por cuatro relatores: Leilani Farha, Relatora Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto; Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.

“Algo interesante es que no emite las declaraciones solo, sinó con cuatro expertos en difererentes áreas. Esto es indicativo de que los temas principales que están afectando a la población están siendo escuchados”, añadió la directora, quien explicó que el próximo paso es esperar una respuesta de Estados Unidos sobre la visita del experto.

Sobre la posibilidad de que se emita un informe con mayor extensión y fuerza disuasiva, Martínez-Orabona expuso que todo dependerá de la decisión de Estados Unidos sobre la petición de una visita formal, pedido que se tramita a través del Departamento de Estado, por medio de sus canales diplomáticos y reuniones directas.

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