16 de Diciembre de 2017

FEMA preautorizará proyectos de reconstrucción para asegurar fondos federales

Por el 27 de Noviembre de 2017

El gobernador se mostró confiado en que la implementación de “controles ayudará a llevar el mensaje al Congreso y Casa Blanca de que Puerto Rico actuará correctamente en el uso de los fondos. (Suministrada)

Bajo la promesa de que será la reconstrucción más transparente y eficiente en la historia de los Estados Unidos, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy algunos de los “controles” que se impondrán en el manejo de fondos federales para proyectos de infraestructura a largo plazo tras el paso de los huracanes Irma y María.

Dentro de los “controles” resaltan el andamiaje de la nueva Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación (OCRR) y el rol que jugará la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), cuyo coordinador regional, Mike Byrne, será también “coordinador federal de recuperación de desastre”.

FEMA deberá preautorizar cada proyecto con miras a que previo a su inicio, el Gobierno pueda estar seguro de que recibirá fondos federales para costearlos.

“Ciertamente hay un reconocimiento de que tienen que haber unos controles [para el desembolso de fondos federales]. Fuimos los primeros que desde el principio lo queríamos hacer. Esto inició una serie de conversaciones tanto en Casa Blanca y otras agencias federales y particularmente FEMA”, sostuvo el gobernador durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones, el cual aún funge como centro de operaciones de distintas agencias federales que trabajan en la isla desde María.

Para los proyectos de reconstrucción de infraestructura a largo plazo, el Gobierno utilizará la Sección 428 de la Ley Stafford, la que brinda cierta flexibilidad en los requisitos de obtención de fondos federales para estos esfuerzos. Por ejemplo, bajo la Sección 428 —la cual tiene su origen en Nueva York luego de la tormenta Sandy— el gobierno estatal no está obligado a reconstruir exactamente al estado anterior al desastre, como requiere el proceso normal de FEMA bajo la Sección 406.

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En síntesis, el uso de la Sección 428 permitiría al Gobierno realizar mejoras a la infraestructura preexistente, sin perder acceso a la cantidad máxima de fondos federales mediante reembolso. Actualmente, el gobierno federal cubrirá hasta un 90% del costo de estos proyectos, mientras que el restante deberá venir de la chequera del gobierno local.

Entretanto, el mandatario explicó que bajo la Sección 428, tanto el Gobierno como FEMA analizarán los daños por su lado y, de existir alguna disputa, acudirían a un tercero para validar un solo estimado de daños. Sin estas evaluaciones, FEMA no podrá desembolsar fondos para costear el respectivo proyecto.

“En el pasado el Estado tenía su propio mecanismo de tener esos fondos [federales] que llegaban y después distribuirlos. Ahora, para asegurar que se están utilizando de la manera más efectiva posible, FEMA va a tener [fiscalización] sobre el desembolso para esos proyectos”, manifestó Rosselló Nevares.

A nivel local, la nueva OCRR estará a cargo de canalizar, manejar y fiscalizar los fondos que estén disponibles para los proyectos de reconstrucción a largo plazo.

“Entendemos que esto atiende cualquier duda que pueda existir […] Los controles que estamos poniendo son históricos en su naturaleza. Vamos a tener 100% de transparencia, vamos a utilizar unos métodos de obtención de contratos que van a ser claros, vamos a colaborar con las agencias federales. Si FEMA no desembolsa, no podemos ejecutar. ¿Por qué? Porque queremos que exista esa consciencia allá afuera de que aquí nos estamos tomando este proceso de reconstruir bien en serio”, dijo el gobernador.

¿Requisito del gobierno federal?

A repetidas preguntas sobre si la implementación de la OCRR y el rol de FEMA en el proceso para manejar los fondos federales es un requisito expreso de Washington, D.C., para asignar dinero a la recuperación de la isla, el gobernador aseguró que este no es el caso.

“Es una colaboración que hemos establecido”, indicó Rosselló Nevares, quien añadió que el proceso que se utilizará es el producto de “conversaciones” entre el gobierno local y el federal que se han llevado a cabo durante las pasadas “tres a cuatro semanas”.

Por su parte, Byrne se limitó a decir que independientemente de si la OCRR es un requisito o no para la otorgación de fondos federales, “es la acción correcta para una operación tan compleja como [la de Puerto Rico]”.

A preguntas de CB en Español sobre cuál debería ser el rol de la junta de control fiscal en el manejo de fondos federales para la reconstrucción después de María, el coordinador regional de FEMA contestó que su autoridad proviene de la Ley Stafford, la cual requiere que su relación sea con el gobernador.

“Si terminan habiendo requisitos [adicionales], ciertamente cooperaremos y haremos lo que sea necesario. Pero en este momento, esperamos desarrollar un plan para la recuperación y solamente seguiré las leyes bajo las cuales puedo operar”, añadió Byrne.

En cuanto al pedido de hasta $94,400 millones en fondos federales a largo plazo que recientemente realizó la administración Rosselló Nevares, el mandatario aseveró que aún continúa la discusión con el gobierno federal sobre la recomendación final que la administración Trump hará al Congreso.

No obstante, el gobernador se mostró confiado en que la implementación de “controles” motu propio para el manejo del dinero federal ayudará a llevar el mensaje al Congreso y Casa Blanca de que Puerto Rico actuará correctamente en el uso de estos fondos.

Aún sin formalizar la OCRR

Aunque dos órdenes ejecutivas dan paso a la creación de la nueva OCRR, no será hasta el 6 de diciembre que se “formalizará” la entidad, una vez la junta de directores de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) —bajo la cual se establece la oficina— así lo autorice.

El pasado 23 de octubre, el gobernador firmó la orden ejecutiva 2017-65 bajo la cual estableció la creación de la entidad con amplios poderes sobre el manejo de cualquier dinero que se haga disponible para la reconstrucción de Puerto Rico, sean privados o federales. No obstante, ante señalamientos de inconstitucionalidad, La Fortaleza enmendó la orden ejecutiva el pasado 10 de noviembre. La nueva orden suaviza el lenguaje en torno al manejo de los fondos, mientras que también elimina referencias a las ramas legislativas y judiciales, entre otros cambios.

El licenciado Omar Marrero, quien dirige la OCRR, contesta preguntas de la prensa junto al gobernador Rosselló, el secretario de Estado Luis Rivera Marín y Mike Byrne de FEMA.(Suministrada)

Aunque se anticipa que necesitará presupuesto, empleados y contratistas adicionales para ejercer su encomienda, la administración Rosselló Nevares aún afina los detalles finales sobre la operación de la nueva entidad. En el caso de los “expertos” que estará contratando, se explicó que se estarán comenzando procesos de solicitud de propuestas, o RFP en inglés, una vez la AAPP cree la OCRR.

La nueva oficina estará bajo el mando del licenciado Omar Marrero, quien funge como director de la AAPP, la Autoridad de Puertos y la Autoridad del Distrito de Centro de Convenciones.

Como parte de la peticion realizada por el gobierno de Puerto Rico al Congreso, estimó inicialmente necesitar $9 millones en fondos federales para ser destinados a la OCRR. Sin embargo, el documento no especifica cómo se utilizará la cuantía ni se desglosan las partidas a pagarse con ese dinero.

Sobre las figuras del representante autorizado del Gobierno (GAR en inglés), José Marrero, y el coordinador estatal, Héctor Pesquera —quienes actúan como contactos entre el gobierno local y el federal— Rosselló Nevares aseguró que seguirán siendo “parte instrumental” en el proceso. Esto debido a que hay una serie de programas federales para los que tendrán que ejercer un rol importante para la obtención de fondos bajo dichos programas que no están relacionados a FEMA, según explicó el mandatario.

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