23 de Noviembre de 2017

[VIDEO] Firme Bishop en que Puerto Rico necesita mayor supervisión sobre fondos para recuperación

Por el 14 de Noviembre de 2017

La audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal que evalúa “la necesidad de rendición de cuentas financieras transparente en los esfuerzos de recuperación de desastres de los territorios” -y que tendrá lugar esta tarde con la presencia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares– estará matizada por la decisión ayer de la jueza Laura  Taylor Swain de rechazar el pedido de la junta de control fiscal para que designe a un síndico que administre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante denuncias de malos manejos.

Por ello, es probable que en la discusión se intensifique el escrutinio del papel de la junta de control fiscal frente a las irregularidades que rodean el manejo por parte de la administración Rosselló Nevares en los esfuerzos de recuperación. Precisamente ayer, la jueza Swain determinó que la junta actuó fuera de su alcance al nombrar a Noel Zamot como oficial de transformación para liderar los esfuerzos de la AEE en la reparación de la red eléctrica de la isla,  espina dorsal del desarrollo económico del país.

Los testimonios de hoy serán un episodio más en la lucha de poder que enfrenta al gobernador electo democráticamente contra una junta que busca ahora, a petición del propio Congreso, cada vez mayor control sobre el Gobierno de la isla. Esto es algo quizás no previsto cuando el comité que preside el representante republicano Rob Bishop (R-UT) comenzó en el 2016 la redacción original de la ley federal Promesa que crea la mencionada junta.

La falta de dientes en la ley -la jueza Swain dictaminó que la junta no tenía el poder para tomar el control de las agencias y corporaciones del Gobierno- hace más grave el testimonio del gobernador Rosselló Nevares, quien viene obligado a mantener el control de lo que podría ser hasta $94,000 millones en fondos de ayuda según documentos presentados ayer al presidente de Estados Unidos,  Donald J. Trump.

Bishop ha manifestado preocupación en que esa sea una cantidad demasiado grande para ser manejada por el Gobierno puertorriqueño debido a los problemas que ya se han manifestado durante las primeras seis semanas de recuperación.

“El legado de disfunción (demostrado por la AEE) ha creado un déficit de competencia que pone en duda la capacidad de la isla para mejorar las condiciones para sus ciudadanos. La confianza en la capacidad de esa corporación pública para administrar contratos y atender con celeridad los trabajos de infraestructura que requiere el país hace tiempo se perdió”, dijo Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en un memorando.

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Las declaraciones del congresista se basan en las circunstancias cuestionables que rodean la firma del contrato con una pequeña empresa de Montana –Whitefish Energy Holdings LLC–  para ayudar a la AEE en las labores de reparación del sistema eléctrico y las posteriores enmiendas que recibió el acuerdo, junto a la lentitud de los trabajos de recuperación de energía, que provocaron la designación de Zamot.

Anoche, en un segundo memorando obtenido por este medio, preparado por el subcomité de Supervisión e Investigaciones, presenta un detalle de las irregularidades de la contratación que afloran de la revisión que hizo la comisión de  los documentos provistos por la propia corporación pública.

El proceso inusual por el cual la AEE negoció, firmó y administró los contratos del 26 de septiembre y el 17 de octubre plantea serias dudas sobre su capacidad para entrar y administrar grandes contratos”, dice el documento.

El comité recibió de parte del bufete Greenberg Traurig dos grupos de documentos que contienen más de 2,000 páginas y espera recibir producciones de documentos adicionales.

Según el comité, la incompetencia que sustenta el contrato de Whitefish está presente en esos documentos y demuestra que la incapacidad de la AEE creó vulnerabilidades que resultaron en la aprobación de tarifas de pago más altas de lo aceptable.

“El juicio de la AEE es aún más cuestionable ya que […] las tarifas por hora estándar en ambos contratos resultan exorbitantes. Además, las tarifas del contrato del 17 de octubre eran aproximadamente un 50% más altas que las tarifas por hora en el contrato del 26 de septiembre”, dice el memorando.

Nuevos detalles

De los documentos entregados al comité se desprende que “justo dos días antes de que la AEE firmara el primer contrato, el principal oficial ejecutivo de Whitefish le preguntó al jefe de la División de Compras de la AEE si ‘¿usted o sus familias necesitan algo (generadores, agua, comida, etc.) para que nosotros los ayudemos?’”.

El memorando del comité también afirma que los funcionarios de la AEE  “enviaron a la Junta de la AEE una presentación en PowerPoint engañosa a la 1:04 a.m. del día en que firmó el contrato por $300 millones con Whitefish. El grado en que la Junta estuvo involucrada en el proceso de contratación se desconoce, a la espera de la producción de documentos adicionales”.

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El documento concluye que “dadas las cantidades sustanciales de dinero de los contribuyentes que se invertirán en Puerto Rico para la reconstrucción después del huracán María, estos hallazgos plantean serias preocupaciones sobre la capacidad de la AEE de negociar, gestionar e implementar competentemente proyectos de infraestructura críticos sin una supervisión independiente significativa”.

Efecto de la decisión de la jueza Swain

Sin embargo, la decisión de la jueza Swain de negar el poder de la junta para “nombrar un CTO [principal oficial de transformación] para la AEE, ni la autoridad para crear puestos dentro de las entidades”, ahora plantea la posibilidad de que el Congreso enmiende Promesa para proporcionar mayor claridad en cuanto a las estipulaciones de la ley, que habían sido suavizadas al momento de su aprobación el año pasado debido a la preocupación de que los controles más estrictos evidenciaran el dominio colonial sobre la isla.

Antes de las primeras audiencias de supervisión del Comité de Recursos Naturales celebradas la semana pasada, dos fuentes con conocimiento de las maniobras contempladas en el Congreso le dijeron a CB en Español que Promesa sería enmendada para otorgar explícitamente mayores poderes de supervisión.

“Independientemente de la decisión de Swain, la perspectiva en el Congreso es que hay un vacío en lo que respecta al poder del gobernador para hacer cambios”, dijo una fuente con vínculos con el Partido Republicano.

“El gobernador ha intentado hacer hincapié en una mayor responsabilidad en la contratación y la rendición de cuentas en materia de asistencia federal, pero eso parece que no cuadra. Solo para usar el ejemplo de Whitefish y cómo la administración no sabía cómo se concretó”, agregó.

 

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En este ambiente, los miembros del Congreso, que tienen serias reservas con “la falta de control centralizado” en la isla y sobre la forma en que se toman decisiones administrativas que afectan las labores de recuperación de este archipiélago caribeño, probablemente continúen presionando para una mayor supervisión.

“Estas son aguas constitucionalmente inexploradas, para todos. Lo que Promesa hace no está constitucionalmente probado. Y, por definición, tiene que ser probado [pasar por el crisol judicial]. Esta es la primera prueba”, sentenció una segunda fuente con vínculos con el Partido Republicano.

En el panel de la vista del Senado participarán hoy el gobernador de Islas Vírgenes de Estados Unidos, Kenneth Mapp; Rosselló Nevares; el director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos; y la directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko.



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