16 de Diciembre de 2017

[FOTOS] Rechazan que junta fiscal realice auditoría de la deuda pública

Por el 9 de agosto de 2017

Más de un centenar de personas, entre ellos pensionados del Gobierno, realizaron una manifestación frente al tribunal federal en Hato Rey en repudio a las imposiciones de la junta de control fiscal y para respaldar la solicitud de investigación independiente sobre el rol de la banca privada y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en la deuda pública.

La protesta, convocada por el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD), logró reunir a manifestantes de diferentes organizaciones tales como la Asociación de Maestros, del gremio laboral “United Automobile Workers”(UAW), la Concentración contra la Junta de Control Fiscal (CJCF), y figuras de la política local como el excandidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) Rafael Bernabe, entre otros. Además, coincidió con la vista que preside la jueza federal Laura Taylor Swain, quien atiende la reestructuración de la deuda pública bajo el Título III de la ley Promesa.

Una considerable cantidad de manifestantes, que incluían pensionados del Gobierno, reclamaron ante el tribunal federal que se realice una auditoría antes de cualquier esfuerzo de reestructuración de esta. (Agustín Criollo/CB)

La portavoz del FCAD, Eva Prados Rodríguez, anunció que le harían llegar a la jueza copia de las 140,000 firmas de peticionarios para que se realice una auditoría integral de la deuda ante de comenzar cualquier proceso de reestructuración.

Queremos que la jueza conozca de primera mano la masividad del reclamo de una auditoría integral e independiente y que la misma no puede ser delegada a la junta de control fiscal que, como institución, no cuenta con la confianza ni la credibilidad ante el pueblo que exige un proceso justo y transparente”, indicó la abogada.

“En particular, insistimos en que antes de cualquier reestructuración de la deuda se debe realizar una investigación sobre la crisis financiera que examine con rigurosidad el rol que jugó la banca privada en el endeudamiento monumental del país, en especial el Banco Popular, el Banco Santander y el BGF, así como las casas de corretaje e inversiones que se lucraron con las emisiones de esta deuda”, añadió.

Prados aseguró que el Gobierno de Puerto Rico no actuó solo sino que fue asistido por estas instituciones financieras y es por ello que deben ser investigadas y, si incumplieron con su responsabilidad o cometieron ilegalidades, deben responder con el debido proceso de ley.

Por su parte, Ana Irma Rivera Lassén, portavoz del grupo CJCF, recalcó la importancia de que tanto la jueza Swain como el Gobierno de Puerto Rico y la junta de control fiscal vean y sientan la indignación de un pueblo con las medidas de austeridad que le han impuesto por más de 10 años y que pretenden incrementar condenando al país a la indigencia.

“No reconocemos la legitimidad de la ley Promesa ni de su engendro, la junta de control fiscal, que no nos representa ni representa los mejores intereses del pueblo y cuyo mandato es exprimir a las y los puertorriqueños para pagar una deuda ilegal”, indicó Rivera Lassén.

Asimismo, José Melara, portavoz de la UAW, recordó que la imposición de una reducción de jornada laboral y el atentado contra las pensiones de los jubilados representa un golpe mortal a la ya maltrecha economía personal de los empleados públicos, además de asegurar que esta imposición tendrá consecuencias nefastas en el país.

“Los procesos que se siguen tanto en la corte como en las oficinas federales o en los hoteles donde se reúne la junta, no son trámites legales entre abogados y bonistas, son acciones que tienen consecuencias terribles en la vida de miles de personas de carne y hueso. Por eso queremos que sepan de nuestra determinación de defender el futuro de nuestras familias a como dé lugar”, indicó Melara.

  • Más de un centenar de personas se manifestó esta mañana frente al tribunal federal en Hato Rey para reclamarle a la jueza Laura Taylor Swain que autorice una auditoría integral de la deuda pública antes de comenzar el proceso de reestructuración. (Agustín Criollo/CB)

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