22 de Junio de 2018

Gobernador convierte en ley proyectos que reforman la rama judicial en Puerto Rico

Por el 15 de Diciembre de 2017

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió hoy en ley los dos proyectos recientemente aprobados por la Legislatura que introducen varios cambios al funcionamiento de la rama judicial.

La nueva Ley 120 de 2017 permite a los nueve jueces del Tribunal Supremo participar del proceso de evaluación de candidatos a la judicatura que recomienda el gobernador de Puerto Rico, así como también en la asignación de jueces en el Tribunal Apelativo, casos electorales y otros recursos extraordinarios.

Actualmente, estas facultades son ejercidas por la jueza presidente del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, quien mantiene el poder exclusivo de nombrar a los jueces administradores.

La jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz, y el gobernador Ricardo Rosselló. (Suministrada/Archivo)

“La Asamblea Legislativa recomienda que dichos procesos de asignación de jueces se hagan con criterios objetivos o con mecanismos aleatorios que aseguren la transparencia e imparcialidad”, lee la ley. Asimismo, la pieza faculta al pleno del Tribunal Supremo a “modificar tales asignaciones, según surja la necesidad para ello”.

La Ley 120 también da nuevamente jurisdicción al Tribunal Supremo para atender recursos de certificación procedentes de tribunales inferiores. Entretanto, la nueva Ley 121 de 2017, otrora Proyecto del Senado 728, extiende de 12 años a 16 años el término de los jueces superiores. Esta extensión no aplica a los jueces existentes.

La firma de las dos leyes que reforman la rama judicial se da en medio de críticas por parte de la jueza presidente del Tribunal Supremo y miembros del Partido Popular Democrático (PPD).

En un comunicado reciente, Oronoz Rodríguez dijo que el Proyecto del Senado 775, de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz y ahora la ley 220, “no es bueno para Puerto Rico” y “resultará en mayores dilaciones, más burocracia, y principalmente, trastocará la operación de la rama judicial”. Añadió que esta última debe “quedar por encima de los vaivenes de la política”.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, aseguró hoy que las nuevas leyes respetan “la independencia judicial y hacen del proceso de la asignación de jueces uno objetivo, imparcial y transparente”. Según él, contrario a lo que se ha ventilado públicamente en los pasados días, la ley solo sugiere “mecanismos aleatorios y al azar” en la asignación de jueces.

“¿Quién se puede oponer a que un caso lo vea un juez asignado mediante un mecanismo al azar e imparcial? ¿Qué motivo puede tener una persona para querer asignar los jueces que verán determinados casos de alto interés público? Estos proyectos dan transparencia a la rama judicial e incentivan la confianza del sector privado en nuestros procesos judiciales”, dijo Rosario.

Actualmente, seis de los nueve jueces del Supremo fueron nombrados por el exgobernador Luis Fortuño, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Tres corresponden al PPD, incluyendo el nombramiento de la jueza presidenta durante la pasada administración de Alejandro García Padilla.

 

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